Piden pacto para poner en marcha nuevo plan

Al tiempo que se presentó el escenario adverso que enfrenta el país en el rubro de justicia cotidiana , expertos plantearon la necesidad de que se actúe políticamente para poner en marcha las nuevas propuestas, e incluso de que se firme un pacto entre gobierno federal y estados.

Ana Laura Magaloni, investigadora del CIDE, indicó que la demanda de justicia insatisfecha es una realidad y por ello una reforma sobre justicia cotidiana ya es impostergable.

Explicó que el desafío mayor es que el responsable central de esa justicia es el tribunal más olvidado del sistema, el Juzgado de Primera Instancia local, donde los ciudadanos deben acudir para resolver la mayoría de sus conflictos, detalló.

(El) 80% de los casos que se resuelven en esos juzgados no llegan a segunda instancia, ni mucho menos al amparo , puntualizó Magaloni.

Consideró que debe ser a través de un acuerdo político como se mejoraría de manera uniforme en todos los estados de la República la accesibilidad y la calidad de los juzgados de Primera Instancia, así como las carencias e inercias de la base de la pirámide judicial .

Un Pacto por la Justicia, que involucre la determinación del gobierno federal y de todos los poderes estatales para entender cabalmente la marginalidad jurídica en la que se encuentran muchos (...) mexicanos , propuso Magaloni.

La investigadora indicó que la marginalidad jurídica es uno de los lastres más importantes del crecimiento económico y la paz social. Advirtió que no hay forma de prosperar económicamente si se vive fuera de la protección de la ley.

En tanto, Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, refirió que las propuestas no son originales porque no se inventa el hilo negro , pero destacó que lo importante es que todas en su conjunto son necesarias y realizables , algunas de ellas -enfatizó- esperando por años una decisión política que las ponga en vigencia.

El director del CIDE, Sergio López Ayllón, indicó que las propuestas son más un programa de acción de largo plazo, el cual puede ser la base para una Política Pública Nacional de Acceso a la Justicia.

Explicó cuatro temas prioritarios: la creación de centros de asistencia jurídica temprana; regular el ejercicio y la responsabilidad profesional de los abogados; revisar la operación de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, y un nuevo modelo de justicia familiar.

El presidente Enrique Peña indicó que será la Consejería Jurídica la que coordine las acciones y reconoció que la justicia cotidiana suele ser excluyente, lenta, compleja y costosa, porque provoca que la mayoría de los mexicanos no acceda a ésta.