"Plan B" de la reforma electoral de AMLO plantea debilitar la autonomía presupuestaria del INE: Carlos Ugalde

El "Plan B" de la reforma electoral aprobado por la Cámara de Diputados disminuye la capacidad operativa del Instituto Nacional Electoral (INE), además de que debilita la figura del consejero presidente.

La minuta aprobada por una mayoría de diputados de Morena y aliados proponen disminuir las oficinas centrales del INE, al fusionar 17 áreas en 12, como la Dirección Jurídica con la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral y la Dirección de Administración con la del Servicio Profesional Electoral.

Compacta también las 32 juntas locales, al desaparecer al vocal secretario y al vocal de organización, y desaparece las 300 juntas distritales, que son la base territorial para organizar elecciones, y las sustituye por una vocalía operativa.

En los hechos, esa reducción implica desconfigurar el Servicio Profesional Electoral del INE e implicaría despedir al 85% de 2,500 miembros.

Asimismo, la minuta -enviada al Senado de la República para su análisis- merma la figura del consejero presidente, pues desaparece la Junta General Ejecutiva, brazo operativo del INE y a través de la cual se garantiza la ejecución del mandato del Consejo General.

En su lugar se crea una comisión de administración, integrada por cinco consejeros (uno de ellos el consejero presidente), los directores ejecutivos, así como representantes de los partidos políticos.  

Se plantea una reforma al artículo 47 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para crear las comisión de administración del Consejo General, a la que también asiste el titular del órgano interno de control sólo con derecho a voz.

La comisión de administración se reuniría por lo menos una vez al mes, siendo sus atribuciones: proponer al Consejo General, a propuesta de las direcciones ejecutivas correspondientes dentro del ámbito de sus competencias, las políticas y los programas generales del Instituto, así como establecer los procedimientos administrativos, previa propuesta de las direcciones ejecutivas, conforme a las políticas y programas generales del INE, además de aprobar la evaluación al desempeño del Servicio Profesional Electoral Nacional, que realice la dirección ejecutiva de Administración y del Servicio Profesional Electoral Nacional.

A decir del exconsejero presidente del INE, Luis Carlos Ugalde Ramírez, esta reforma “politizará la implementación de los acuerdos del Consejo General y les dará a los consejeros electorales un papel ejecutivo deformando su papel de supervisión”.

El experto en derecho electoral, Erick Guerrero Luna, opinó que se trata de una reforma para debilitar al INE, ya que reduce de manera unilateral recursos sin un análisis sobre el impacto negativo que tendrá en su operación.  Destacó que la reforma no merma a los partidos e incluso contiene beneficios para ellos.

La reforma denominada Plan B, obedece al rencor que el Presidente le guarda al INE, pues más que fortalecer nuestra democracia, sistema de partidos, la fiscalización electoral, entre otras, realiza una cirugía de último momento a la autoridad electoral, ataca directamente al Servicio Profesional Electoral, reduce la estructura orgánica fusionando direcciones y unidades técnicas del Instituto sin hacer un análisis de impacto presupuestal que todo dictamen de reforma debe tener, dicho impacto lo encarga al propio INE en sus artículos transitorios”, dijo el exconsejero.

Luis Carlos Ugalde dijo que la reforma propuesta por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador también plantea debilitar la autonomía presupuestaria del INE, pues “propone que todos los recursos del Instituto estén expresamente etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación, con lo cual se pierde capacidad operativa e independencia frente al Congreso. Asimismo, se mandata que se liquiden y reintegren los fondos provenientes de dos fideicomisos constituidos para pagar las pensiones de sus jubilados, así como para el mantenimiento y actualización de los módulos de atención ciudadana”.

Ugalde consideró como "positivo" de la reforma que incluya acelerar el proceso para que las personas privadas de la libertad puedan votar, ya hay una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) al respecto, así como incluir a grupos vulnerables (adultos mayores, personas con discapacidad e indígenas) a través de acciones afirmativas. También que se facilite el voto de mexicanos en el extranjero, mediante el uso del internet con pasaporte o matrícula consular.

kg