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Plantean que servidores puedan trabajar en la IP antes de 10 años
La ministra Norma Lucía Piña es la encargada de presentar el proyecto de resolución a la acción de inconstitucionalidad 139/2019.
Este lunes, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá si es constitucional o no la Ley de Austeridad Republicana promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador y aprobada en 2019 en el Congreso de la Unión por legisladores de Morena y aliados legislativos.
Uno de los rubros importantes que contiene esta ley impugnada es la prohibición para que los exfuncionarios de mando superior no puedan emplearse en la Iniciativa Privada (IP) hasta 10 años después de haber concluido el encargo.
“Los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior (…) no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años”, determina la ley en su artículo 24, segundo párrafo.
En febrero de este año, el juez Segundo del Centro Auxiliar de la Primera Región, Abel Méndez Corona declaró que es inconstitucional, “injusto y excesivo”, imponer a los exempleados públicos una restricción de 10 años, porque va en contra del derecho a la libertad al trabajo protegido por la Constitución mexicana. Incluso, resolvió que el Congreso de la Unión no tenía facultades para emitir la Ley Federal de Austeridad Republicana.
Reclamo parcialmente fundado
La ministra Norma Lucía Piña Hernández presentará este lunes al pleno de la Suprema Corte un proyecto de resolución sobre la acción de inconstitucionalidad 139/2019, promovida por los senadores Miguel Ángel Osorio Chong, Dante Alfonso Delgado, Miguel Ángel Mancera y Emilio Álvarez Icaza, en el cual propone declarar parcialmente fundado el reclamo de los congresistas de oposición.
En el proyecto de resolución difundido por la SCJN la ministra plantea que se invalide “el artículo 24, segundo párrafo, de la Ley Federal de Austeridad Republicana”, que propone la prohibición por 10 años a los servidores públicos.
El proyecto también propone declarar como inconstitucional una parte del segundo párrafo, del artículo 61 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que se reformó para indicar que el titular del Ejecutivo destinará los ahorros obtenidos de la aplicación de la ley en los programas previstos en el Plan Nacional de Desarrollo “o al destino que por decreto determine el titular (del Ejecutivo federal)”; ésta última parte del decreto es la que se eliminaría, según el documento difundido.
Artículos que se validarían
En contraparte, la ministra Piña Hernández propone que se declare “la validez de los artículos 1, párrafo segundo”. Aquí se indica que la ley debe ser acatada, además del Ejecutivo, por el Legislativo y Judicial, lo que fue impugnado por la oposición.
También prevé declarar válido el artículo 4, fracciones I y II, que definen qué es austeridad y que estipula la creación de un comité interinstitucional que analiza medidas de austeridad.
Sería validado igual el artículo 7 y su párrafo segundo, en donde se precisa la obligación de las instituciones de generar informes sobre austeridad que son entregados a la Cámara baja.
Otro artículo que quedaría validado sería el 16 que indica medidas de austeridad “de manera enunciativa y no limitativa”.
Además de los artículos 26 y 27 que indican que son las secretaría de Hacienda y de Función Pública la facultadas para emitir lineamientos en materia de austeridad.
Y por último se propone declarar constitucionales los artículos transitorios séptimo y octavo; éste último propone que “el resultado correspondiente a cada fideicomiso deberá ser tomado en cuenta por el Poder Ejecutivo Federal para la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación correspondiente”. (Con información de Jorge Monroy)
