Presidencia pide a la SCJN posponer debate de la primera parte de la reforma electoral

La Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal solicitó, de manera formal, a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, que el alto tribunal proceda a resolver la constitucionalidad del decreto que expidió la Ley General de Comunicación Social, el 11 de mayo de 2018, antes de analizar la validez del llamado "plan B" de la reforma electoral.

Según la mencionada Consejería, la solicitud tiene el objetivo de evitar que se emitan sentencias contradictorias que violenten los principios de certeza y seguridad jurídica en perjuicio del pueblo de México.

A través de un comunicado, la Presidencia recordó que la mencionada ley fue aprobada antes del inicio del proceso electoral 2017-2018 por las mayorías parlamentarias del Partido Acción Nacional (PAN) y del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y señalaron que esto fue cuestionado por la entonces minoría en la Cámara de Diputados, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el partido Movimiento Ciudadano.

Esto debido a que consideraban que existieron vicios en el procedimiento legislativo y que algunas de las disposiciones no eran acordes con la Constitución Política.

“Al dar trámite a la acción de inconstitucionalidad 52/2018 y sus acumuladas 53/2018 y 55/2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) consideró que la Ley General de Comunicación Social impugnada no tenía carácter electoral ni concedió la suspensión solicitada por estimar que era una norma general y abstracta; contrario a lo que ahora se resolvió en la diversa acción de inconstitucionalidad 29/2023 y sus acumuladas, relativa al decreto por el que se reforman las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas, aprobadas en diciembre de 2022 (plan B)”, denunció la Presidencia.

Por otro lado, la Consejería comentó que –a la fecha– la SCJN no ha dictado sentencia definitiva a la mencionada Ley General de Comunicación Social, a pesar de que han transcurrido casi cinco años desde que fue impugnada en 2018.

kg