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Política

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Proceso legislativo en reforma al PJF genera divisiones

El politólogo Fernando Dworak consideró que mientras se siga el proceso legislativo establecido es muy difícil que haya una controversia constitucional con respecto al proceso.

Para el constitucionalista Alberto del Castillo del Valle, la Cámara de Diputados violentó el proceso legislativo al discutir y votar la reforma del Poder Judicial; el politólogo Fernando Dworak opinó que no fue así.

“Sí hay una violación porque no se determinó previamente la posibilidad de hacer cambio de sede; eso de cambiar de sede e irse a un deportivo definitivamente no es lo correcto (...) sino nada más el ánimo de sacar adelante un proyecto con una venganza de por medio y no con base en un interés nacional”, dijo Del Castillo del Valle, especialista en Derecho Constitucional.

Dworak, experto en materia de Congreso, explicó que “se violenta el proceso legislativo, como vimos en la Legislatura pasada, cuando hay aprobaciones de urgente y obvia resolución (...) varias leyes se tiraron por ese criterio, pero en estos momentos no hemos visto eso”.

El Reglamento de la Cámara Baja prevé en el artículo 292 que en caso de que exista algún impedimento para que los diputados “se reúnan o sesionen en el recinto legislativo, los órganos de gobierno habilitarán sedes alternas para desahogar el trabajo legislativo de manera semipresencial, con la finalidad de salvaguardar la seguridad” de los empleados y funcionarios públicos “y asegurar el ejercicio de las funciones constitucionales, legales y reglamentarias”.

No es la primera vez que alguna de las cámaras del Congreso de la Unión habilita sede alterna para sesionar ante la imposibilidad de hacerlo en el recinto legislativo.

Durante el sexenio anterior, la Cámara de Diputados aprobó la reforma constitucional en materia educativa fuera del palacio legislativo de San Lázaro.

Mismo destino

Del Castillo vislumbra que la reforma del Poder Judicial, que prevé la elección por voto popular de ministros, jueces y magistrados, correrá el mismo destino que otras reformas que la Corte ha echado abajo, si es impugnada por la minoría parlamentaria.

A la fecha,  la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha echado abajo distintas reformas legales por violaciones al proceso legislativo.

En mayo del año pasado, por ejemplo, el pleno de la Corte declaró la invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, cuyos cambios integran la primera parte del llamado “plan B” en materia electoral, por considerar que el Congreso de la Unión incurrió durante su aprobación en graves violaciones al proceso legislativo establecido.

Dworak consideró que si bien “hasta el momento no se ha violentado el proceso legislativo” al someter a votación la reforma del Poder Judicial, si se combate o no ante la Corte “dependerá mucho de qué tácticas siga la oposición”.

“Mientras se siga el proceso legislativo establecido es muy difícil que haya una controversia constitucional con respecto al proceso’’.

Puede haber controversias, dijo, si se violentan los artículos 71 y 72 de la Constitución y no hay un ambiente de discusión libre o cierran algunos pasos del proceso legislativo, lo que no ha sucedido.

rolando.ramos@eleconomista.mx

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