Programa de Cobertura Social muestra cambios en política de conectividad

El Programa de Cobertura Social, que busca incrementar la cobertura de redes para llevar internet sobre todo a localidades marginadas, exhibe cambios en la política de conectividad que mantuvo el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador incluso antes de asumir el cargo hace poco más de 10 meses. 

De acuerdo con especialistas consultados por El Economista, el Programa de Cobertura Social que presentó la Subsecretaría de Comunicaciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes cambia el método de medición de la cobertura de servicios de telecomunicaciones a una perspectiva poblacional desde la perspectiva territorial en la que ha persistido el presidente.

Salomón Padilla, abogado especializado en telecomunicaciones, cree que el Programa de Cobertura Social determina la cobertura de una manera diferente a como lo había hecho la Presidencia de la República en un principio. “Era cobertura territorial y ahora es poblacional, sobre todo en poblaciones en donde no existe 3G, 4G o algún otro servicio”, dijo.

Advirtió que, aunque las inversiones para cumplir el objetivo de este programa seguirán siendo mayúsculas, este cambio en la medición de la cobertura “quita presión al gobierno”. “No es lo mismo cubrir poblaciones no conectadas que cubrir donde hay población. Qué bueno que tomaron ese criterio técnico”, dijo Padilla.

El Programa de Cobertura Social se apega a las disposiciones en materia de conectividad del Plan Nacional de Desarrollo. Se trata del plan que seguirá la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en colaboración con otras dependencias del Estado, para llevar servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, que incluyen acceso a internet de banda ancha fija y móvil, a las poblaciones que no cuentan con acceso a ellos. 

Aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador ha repetido en distintas ocasiones que 85% del territorio nacional no cuenta con acceso a internet, el Programa de Cobertura Social dirige su atención sobre todo a 10,674 localidades en los 32 estados que carecen de servicios fijos y móviles y a las que se considera zonas de atención prioritaria.   

Dichas localidades fueron elegidas de acuerdo con seis criterios: 

1. Localidades con 500 habitantes o más en  condiciones sociales de alta y muy alta marginación; 
2. Localidades de más de 250 habitantes con presencia de 40% o más de población indígena;
3. Localidades con más de 500 habitantes que estén a más de 20 kilómetros de una localidad con conectividad.
4. Localidades de más de 500 habitantes identificadas como Zonas de Atención Prioritaria según el Plan Nacional de Desarrollo;
5. Ser cabecera municipal; 
6. Haber presentado solicitudes de conectividad. 

Cinco estados concentran 65% de las localidades que son consideradas como de atención prioritaria dentro del Programa de Cobertura Social: Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Puebla. En estas entidades se encuentran 7,032 de las 10,674 localidades a las que se les dará prioridad en materia de conectividad y en donde habita 11% de la población mexicana.   

Para Jorge Bravo, director general de Digital Policy & Law, la cobertura del actual programa es híbrida, ya que considera aspectos poblacionales y territoriales. De acuerdo con el analista y académico de la UNAM, es positivo que este programa incluya el establecimiento de estos criterios poblacionales, porque ponen en evidencia las zonas en la que hay que enfocarse para llevar conectividad. “En varios de los mapas que incluye el programa claramente se ve cómo el sureste mexicano es la zona primordial”, dijo.

Ambos analistas consideran que este programa es un paso positivo respecto del objetivo de conectividad de la actual administración, aunque también para ambos, hace falta que el gobierno responda a preguntas sobre cómo se llevaran los servicios de telecomunicaciones a estas 10,674 localidades y qué beneficios tendrá la tecnología en ellas, sobre todo por la cantidad de recursos que tendrán que destinarse al tendido de nuevas redes.  

Para Padilla, otro tema que no se toca en el programa es la inseguridad, algo que, según el abogado, sí se abordaba en el sexenio anterior. “Se habla de que no funciona una radiobase, por ejemplo, pero no se habla de cómo los narcotraficantes no dejan subir a los cerros a instalar torres o de que se roban los equipos”, dijo. 

El programa está diseñado para implementarse en tres fases. La primera fue la identificación de las zonas de atención prioritaria, que son los datos que se muestran en el documento presentado esta semana. La segunda fase se encuentra en implementación desde el 1 de octubre y terminará el 1 de diciembre; se trata de la validación de los datos del Programa de Cobertura Social, en la que a través de un mecanismo de valoración se verificará la cobertura y calidad de los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión en toda la República Mexicana. 

Según el documento, en la siguiente fase del programa, el gobierno procurará “diseñar mecanismos y proyectos de ampliación de la cobertura y de la conectividad en sitios públicos”. Será hasta esta fase, en la que deben tomarse las medidas consecuentes para llegar a las zonas prioritarias, cuando se podrán conocer los cómo y los para qué de la política de conectividad del gobierno federal.

rodrigo.riquelme@eleconomista.mx