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Ratifican la ley de delitos electorales
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó por 384 votos a favor la minuta para expedir la Ley General de Delitos Electorales.
En sesión extraordinaria, el pleno de la Cámara de Diputados ratificó la minuta que expide la Ley General en Materia de Delitos Electorales, por la que se establecen los tipos penales, sanciones, distribución de competencias y formas de coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.
La nueva ley, cuyo decreto se turnó al Ejecutivo federal para su eventual promulgación y entrada en vigor, clarifica la estructura a considerar en los ordenamientos jurídicos, así como los nuevos tipos penales e hipótesis delictivas con base en las experiencias de los últimos procesos electorales federales y estatales.
De acuerdo con el dictamen aprobado en los mismos términos en que fue avalado por la Cámara de Senadores -no se le cambió ni una coma-, se impondrán de mil a cinco mil días de multa y de cinco a quince años de prisión a quien de manera directa, o a través de terceras personas, realice, destine, utilice o reciba aportaciones de dinero o en especie a favor de algún precandidato, candidato, partido político, coalición o agrupación política cuando exista prohibición legal expresa, y los fondos o bienes tengan un origen ilícito o cuyos montos rebasen los permitidos por ley.
Dicha pena se aumentará hasta en una mitad más, es decir, hasta 22 años y medio de prisión, si las conductas tipificadas se realizan en apoyo de precampañas o campañas electorales.
Se sancionará también con multas de cincuenta a cien días de salario mínimo y prisión de seis meses a tres años el condicionamiento de los programas gubernamentales con fines electorales; las penas pueden alcanzar hasta doce años de cárcel si el condicionamiento tiene relación con los programas de naturaleza social.
Las procuradurías y fiscalías de las entidades federativas del país deberán tener fiscalías especializadas en delitos electorales, además de que los programas y acciones para la prevención de los delitos electorales se realizarán en términos del convenio de colaboración que suscriban la PGR y el INE.
