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SCJN, en "aprietos" por falta de integración
Debido a la falta de uno de sus miembros, los ministros debieron posponer la votación sobre una controversia constitucional relacionada con áreas naturales protegidas en Quintana Roo.
La falta de integración de su tribunal pleno puso en problemas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al tratar de resolver un juicio relacionado con áreas naturales y zonas arqueológicas protegidas en Quintana Roo, debido a que los ministros empataron la votación.
El número de votos provocó una discusión sobre el efecto que tendría la decisión, si de rechazar la controversia constitucional que promovió el Poder Ejecutivo o si se tenía que elaborar otro proyecto para analizar el caso de nueva cuenta, lo que al final ocurrió a petición de varios integrantes del alto tribunal.
Esta situación provocó tal incertidumbre sobre los efectos de la votación, que el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia incluso propuso que el asunto se pospusiera hasta tener la integración completa de la Suprema Corte, y de esta forma evitar este tipo de empates, que obligan al pleno a enlistar el asunto hasta tres veces.
Para emitir una decisión en controversia constitucional se necesita una mayoría de ocho votos, de lo contrario el recurso se desestima, es decir, no se emite pronunciamiento al respecto y queda archivado, pero en esta ocasión el pleno consideró que el asunto es relevante y tenía que analizarse a fondo.
Ante esta problemática, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza, emitió voto de calidad en contra de la propuesta para efecto de que Sergio Valls elabore otro proyecto que será puesto a consideración del pleno en un futuro, a fin de que el asunto no quedara sin analizarse, aunque esto también provocó discusión entre los ministros.
El máximo tribunal del país inició la revisión de un juicio entre el Gobierno Federal y los municipios de Tulum y Solidaridad, Quintana Roo, sobre la protección de un área protegida en la Zona Arqueológica de Tulum-Tankah.
En este tema, Valls Hernández, propuso declarar inválido un acuerdo del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum 2006-2030, mediante el cual se permite la construcción de inmuebles y desarrollos turísticos en una zona que de acuerdo al Ejecutivo, está dentro de la jurisdicción federal.
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