Sanción efectiva a corrupción, el reto

La alta percepción de corrupción que existe en el país incide para que los mexicanos no confíen en que el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) será eficaz, revela un estudio del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República.

A través de la investigación La corrupción en México , elaborada por Itzkuauhtli Zamora Saenz, doctor en Ciencias Sociales, el IBD da cuenta de que en el 2016, México obtuvo la puntuación más baja (30 puntos) del Índice de Percepción sobre Corrupción de Transparencia Internacional desde el 2012.

Ello, refiere el IBD, coloca a México dentro de los países del continente americano peor evaluados y es altamente probable que datos similares expliquen, hasta cierto punto, el escepticismo que hay sobre la eficacia que tendrá el SNA para combatir el problema.

En mayo del 2015 se publicó la reforma constitucional para implementar el SNA, integrado por el Comité Coordinador, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Rector del Sistema Nacional de Fiscalización y los Sistemas locales, pero aún está pendiente la designación del fiscal anticorrupción, elemento clave del Comité Coordinador.

Para el investigador, es posible señalar que no existe un sistema político exento de servidores públicos que cometan actos de corrupción; la gran diferencia, sostiene, consiste en que algunos Estados han logrado establecer mecanismos para limitarla de manera más eficaz que otros.

Destaca que en México es necesaria una arquitectura institucional, en la que existan organizaciones capaces de sancionar efectivamente cualquier delito y éste será uno de los retos importantes para quien ocupe la Fiscalía Anticorrupción y del SNA en su conjunto.

Los resultados de PGR

La subprocuradora de Derechos Humanos, Sara Irene Herrerías, dio cuenta que la PGR ha logrado judicializar 808 investigaciones por hechos de corrupción del 2012 al 2017.

Ante integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pormenorizó que del 2012 al 2015 inició 135 expedientes, de los cuales sólo 16 llegaron a que se diera vista penal o administrativa.

Bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal, del 2016 a febrero del 2017 se iniciaron 250 carpetas por corrupción y se judicializaron 78 casos de este tipo, expuso la funcionaria.

Tendremos ley vs desaparición

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Roberto Campa Cifrián, se comprometió en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a que el Congreso de la Unión aprobará la ley general de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares, en cuanto arranque el próximo periodo de sesiones, lo que ocurrirá en septiembre.

En audiencia pública durante el 63 Periodo Extraordinario de la CIDH, Campa prometió la aprobación y decreto de esta ley, la cual fue aprobada el 27 de abril por la Cámara de Senadores y enviada al Palacio Legislativo de San Lázaro, como parte de la estrategia nacional para abatir los niveles de impunidad.

Esta ley contempla sanciones de 90 años de prisión a funcionarios y policías involucrados en este delito. Establece, también, que la desaparición forzada, cometida por funcionarios públicos, será castigada con 40 a 60 años de prisión y multa de 754,990 a 1 millón 509,800 pesos.

El funcionario federal expuso en la CIDH que, en relación con esta norma que fue elaborada de la mano con la sociedad civil organizada: Yo quiero garantizar que tendremos ley de desaparición arrancando el periodo , afirmó.

En pronunciamiento aparte, la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de la República, Angélica de la Peña, y la presidenta de la Comisión de Justicia del Senado, Pilar Ortega Martínez, expusieron que pese a que México ha firmado y ratificado diversos instrumentos internacionales relativos a la atención y erradicación del fenómeno de desaparición de personas, las autoridades se han visto rebasadas y no han dado la debida atención que esta problemática requiere.

Es de mencionar que la ley aprobada en la Cámara Alta ha recibido observaciones, como las hechas por la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF).

Su titular, Perla Gómez, ha dicho que no se ha contemplado un registro específico de personas que han sufrido desaparición forzada, generando un manejo concentrado de datos de víctimas de desaparición forzada y personas desaparecidas por otras razones, minimizando el impacto.