Se llevan más que un criminal

Hasta en la Procuraduría General de la República (PGR) existen divergencias sobre la conveniencia de extraditar a capos o jefes emergentes del narcotráfico a Estados Unidos, un asunto que determinan el Jefe del Ejecutivo y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), lo que no es satisfactorio para la propia abogada de la nación, Marisela Morales Ibáñez, debido a que la justicia de Estados Unidos aprovecha la información que recolecta y no México .

Para la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales, a cargo del militar de carrera y abogado, Alejandro Ramos Flores, las extradiciones son convenientes porque refuerzan la colaboración binacional y nos quitamos de problemas .

Para Arturo Argente, director del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey, Campus Estado de México, las extradiciones no son un problema de legislación, sino de sentido común, porque hacen parecer que en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado el problema es de México y no de Estados Unidos, que es un país consumidor. Además, hay que recordar que la información es poder’’.

AVARICIA ANTES QUE COOPERACIÓN

La finalidad de la extradición es identificar cuántos bienes y recursos económicos se pueden congelar en Estados Unidos, así como detectar dónde está lavando el dinero de las organizaciones criminales mexicanas, pero para quedárselo ellos , enfatizó el Director del Departamento de Derecho del Tec de Monterrey.

Esto no es nuevo, afirma. Recuerden la época del actor-presidente, Ronald Reagan; así ha sido siempre, primero amenazando con la Certificación, ahora con no dotar de recursos de la Iniciativa Mérida si no son extraditados los capos mexicanos". Es otro aspecto incorrecto de la estrategia de combate al narcotráfico operada por el presidente Felipe Calderón, opina el especialista.

Argente destacó que los recursos que manejan los cárteles de la droga son estratosféricos y recordó que el reciente informe del Global Financial Integrity reportó que México perdió 872,000 millones de dólares por el crimen organizado y evasión fiscal entre 1970 y el 2010.

Según el organismo con sede en Estados Unidos, los flujos financieros ilícitos representaron en promedio 5.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y se incrementaron significativamente en el periodo de 41 años, pasando de 1,000 millones de dólares en 1970 a 68,500 millones de dólares en el 2010".

Según el especialista, estamos hablando de escenarios diferentes, en México aparecen los muertos, en Estados Unidos, los consumidores, pero allá no hemos visto la captura de un capo o líder que distribuye la droga, parece ser que todo nace de México bajo una ilógica visión que sólo hace ver que el mal está todo en México’’.

Sobre la hipótesis de Marisela Morales, en el sentido de que toda la información sobre las organizaciones criminales que proveen los extraditados se queda allá, Arturo Argente afirmó: Deben coordinarse en un sentido de intercambio de información para resolver los problemas comunes, pero eso no ocurre’’.

Hay que ser claros, es un problema de coordinación, porque la información es poder y todo lo que suelten los detenidos se aprovecha allá y no lo comparten , concluyó.

TESTIGOS PROTEGIDOS

INFORMACIÓN ES PODER

Los analistas destacan que las extradiciones responden a presiones de Estados Unidos, primero con la Certificación y ahora con la Iniciativa Mérida, bajo la premisa de condicionar recursos para el combate a la delincuencia si los acusados no son enviados a enfrentar la justicia en sus cortes.

De acuerdo con fuentes de la PGR, Marisela Morales se ha reunido con representantes de los poderes Judicial y Legislativo para impulsar una enmienda a la Constitución y a la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, para que los delincuentes mexicanos no sean extraditados a Estados Unidos y se les pueda ofrecer garantías como testigos protegidos’’.

La propuesta fue vista con agrado, pero es difícil que se concrete en este periodo de sesiones.

Respecto de la postura de Alejandro Ramos Flores, quien recién regresó a la PGR a ocupar el mismo cargo que desempeñó en la administración del general Rafael Macedo de la Concha, aseguran que es una posición personal.

Sobre los conceptos encontrados de Marisela Morales y Ramos Flores, Argente firmó: La extradición es una sanción para los delincuentes. Es muy diferente sufrir una pena en Estados Unidos que aquí en México’’.

El sistema penitenciario en ambas naciones es totalmente diferente. Nada que ver uno del otro. Se ha dado información de que hay agentes antidrogas estadounidenses infiltrados en cárteles mexicanos, es que ellos no comparten la información , aseguró el especialista.

SOBRE EXTRADICIÓN

Los delitos que pueden dar lugar a la extradición pueden ser delitos dolosos y culposos.

Si son delitos dolosos, la extradición procede si el Estado solicitante y la ley mexicana tienen penas con prisión cuyo término medio aritmético sea de por lo menos un año.

Tratándose de delitos culposos, que en ambas naciones haya pena de prisión.

El Estado requerido no puede analizar el fondo del proceso que da origen a la orden o sentencia que motiva la extradición.

No procede la extradición si el sujeto reclamado fue objeto de absolución, indulto o amnistía o cuando hubiere cumplido la condena relativa al delito que motive la solicitud.

Haya prescrito la acción o la pena, conforme a la ley mexicana o del Estado solicitante.

En ningún caso se concederá la extradición de personas que puedan padecer persecución política.

Ningún mexicano podrá ser entregado a un Estado extranjero sino a juicio del Ejecutivo.

ALGUNOS CASOS

El primer enviado a las cortes estadounidenses fue Juan García Ábrego, el 14 de enero de 1996. Ya en los gobiernos surgidos del PAN, se han extraditado más de 350 personas, algunos en cadena. Sobresalen los ocurridos el 19 de enero del 2009 cuando extraditaron a 10 jerarcas, entre ellos Osiel Cárdenas Guillén, del Cártel del Golfo y Héctor El Güero Palma, del Cártel de Sinaloa. Siguieron, el 18 de febrero del 2009, Miguel Ángel Caro Quintero, Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo (18 de febrero del 2010); Benjamín Arellano Félix (9 de marzo del 2010), el exgobernador priísta de Quintana Roo, Mario Ernesto Villanueva Madrid (8 de mayo del 2010).

Osiel Cárdenas Guillén hizo un pacto con autoridades estadounidenses. A cambio de información sobre operaciones de Los Zetas, ciudades que controlan, negocios que fundaron con recursos ilícitos, el narcotraficante pasará 20 años en una prisión de mediana seguridad. La Corte de EU también le decomisó 50 millones de dólares, 30 de los cuales fueron repartidos a 12 corporaciones de seguridad en Texas, por órdenes del gobierno.

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