Segob: no se busca reprimir a las ONG

Ante la polémica sobre el recorte presupuestal a organizaciones y programas sociales por parte del gobierno federal, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Olga Sánchez Cordero, defendió que la nueva administración no busca debilitar a las organizaciones sociales ni reprimir alguno de sus derechos.

Durante el evento Expo Tu Gobierno realizado en la sede de Gobernación, Cordero afirmó que por décadas la dependencia fue sinónimo de espionaje y represión política, sin embargo, aseveró, hay una convicción de conciliación.

“Ya no hay vallas metálicas. Esta Secretaría de Gobernación tiene que ser distinta con una gobernabilidad distinta. Una secretaría abierta”, manifestó.

Sánchez Cordero agregó que “no buscamos debilitar a las organizaciones sociales, al contrario queremos que sean escuchadas. El derecho a la libre organización y manifestación sigue presente. El gobierno de México no reprimirá nunca ninguno de sus derechos, siempre habrá diálogo y más diálogo”.

Destacó la nueva relación que el gobierno pretende tener con las organizaciones sociales. “El presidente de la República ha sido muy claro en cuanto a la nueva estrategia del gobierno federal... sobre todo a los programas sociales”.

Reiteró que bajo los principios que rigen a la nueva administración, todo apoyo deberá entregarse directo a los beneficiarios, se cuidará el dinero de las y los mexicanos.

Las organizaciones sociales han sido un modelo de asociación política por décadas en el país, pues antes que el gobierno tuviera los medios para llegar a cada rincón de México, éstas ya agrupaban millones de personas, y han logrado que sus necesidades se oigan y se atiendan, enfatizó Sánchez Cordero.

Sin embargo, a lo largo de los años, fueron muchos los que abusaron de su liderazgo y utilizaron su poder para beneficiarse, añadió la funcionaria.

Por su parte, el subsecretario de esta dependencia, Zoé Robledo, apuntó que el nuevo plan de trabajo y operaciones tendrá una dinámica de relación y comunicación entre la Secretaría de Gobernación y organizaciones sociales, a fin de atender sus demandas.