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Política

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Transferencias económicas deben beneficiar a todo tipo de trabajadores: Marcelo Delajara

En una situación como la que estamos viviendo, destruir empleos, ingresos y consumo genera un efecto multiplicativo perverso, señala el director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias.

Las intervenciones gubernamentales para atender las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19 en México, deben contemplar ayudas económicas para todos los tipos de población económicamente activa y de empresas, señaló Marcelo Delajara.

En entrevista, el director del Programa de Crecimiento Económico y Mercado Laboral del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que de lo que se trata es que, tanto las empresas, como todos los trabajadores, puedan tener algún tipo de asistencia.

Explicó que las acciones de política fiscal deben sustentarse en tres pilares: transferencias monetarias a personas mayores de 18 años, condonaciones de cuotas obrero-patronales, así como incrementar considerablemente el gasto en salud, por lo menos hasta recuperar los niveles que se tenían en 2015.

Transferencias económicas y seguro de desempleo

Explicó que las transferencias monetarias deben de ser de un salario mínimo, durante tres meses por cada trabajador afiliado al IMSS por empresa.

Además, es necesario implementar un seguro de desempleo, con el fin de que el gobierno le pague dos salarios mínimos durante tres meses a quienes sean despedidos.

Con ello se logrará dar liquidez a las empresas, que están muy necesitadas de ello, dado el bajón en la actividad económica y da un incentivo para preservar el empleo.

En este sentido comentó que la propuesta de Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), de “Salario Solidario” consiste en que el gobierno les haga una transferencia, pero que se incrementa en función del salario del trabajador, lo cual generaría problemas de implementación.

En su opinión, en estos momentos lo más eficiente es ofrecer lo que se denomina un “subsidio plano”, es decir, una cantidad fija de dinero (un salario mínimo es su propuesta), independientemente del salario del trabajador.

Eso tiene como ventaja que cubre a más de la mitad de los trabajadores que son los que ganan menos de dos salarios mínimos y se evita el proceso engorroso de identificar cuantos salarios mínimos gana cada trabajador, para, en función de ello, darle cierta cantidad, añadió. El economista recordó que en México hay alrededor de un millón de patrones registrados en el IMSS.

Por otra parte, expuso que el esquema propuesto por Coparmex es más caro pues implica una inversión de alrededor de 290,000 millones de pesos, mientras que el planteado por el CEEY es de 239,000 millones de pesos, aproximadamente.

“Necesitamos estas ayudas y tienen que tratar de contemplar todas las situaciones posibles de las personas: un trabajador formal; a quien lo despidieron (y sería beneficiado con el seguro de desempleo); el trabajador informal que vio su actividad mermada o el trabajador informal desde el punto de vista del IMSS pero que paga impuestos”.

Para éstos últimos, consideró necesario que el gobierno conceda el reembolso del Impuesto Sobre la Renta para las personas físicas con actividad empresarial o profesional.

Dijo que con esas transferencias se cubrirían a todas las personas que están en toda la gama de población económicamente activa y que están emproblemadas en estos momentos.

Destruir empleos, ingresos y el consumo genera efectos perversos

Por otra parte, el también profesor visitante en la División de Economía del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), subrayó que en una situación como la que estamos viviendo destruir empleos, ingresos y consumo genera un efecto multiplicativo perverso.

Por ello, reiteró, es muy importante hacer intervenciones que tengan como objetivo mantener el empleo, así como para apoyar a las personas que perdieron su trabajo.

“Es sumamente importante mantener los empleos y el consumo porque esta crisis es más grande en cuanto más grande es el número de personas que dejan de tener ingresos, lo cual, a su vez afecta a terceras personas”, dijo Dejara.

También mencionó que tenemos que confiar que la actividad económica eventualmente va a recuperar cierta normalidad, por lo cual no será necesario implementar un programa de ingreso mínimo universal permanentemente. “Hay que apostar más a la recuperación económica, a la recuperación de los empleos que en pensar que vamos a tener para siempre la necesidad de un ingreso mínimo universal”.

El gobierno reacciona lento

Afirmó que, sin contar los esfuerzos hechos por el Banco de México para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, la reacción del gobierno ha sido lenta.

Explicó que básicamente ha implementado dos acciones para el sector formal de la economía: una son los créditos de 25,000 pesos para empresas, independientemente de su tamaño a una tasa de interés relativamente baja, pero que será alta para algunas empresas y la posibilidad de postergar los pagos laborales. “Lo que se ha hecho desde el gobierno federal es poco, en general y no necesariamente suficientemente accesible para muchas empresas, pues postergar pagos patronales pero que te cobren una tasa interés de entre 16 y 24% anual es muy caro”, agregó Delajara.

La otra son los programas prioritarios del presidente Andrés Manuel López Obrador para atender las consecuencias económicas de la pandemia del Covid-19 y se han concentrado en atender a personas que no están en el ámbito laboral, como las pensiones para adultos mayores y las becas Benito Juárez o para personas con alguna discapacidad.

diego.badillo@eleconomista.mx

Periodista mexicano, originario de Amealco, Hidalgo. Editor del suplemento Los Políticos de El Economista. Estudié Sociología Política en la Universidad Autónoma Metropolitana. En tres ocasiones he ganado el Premio Nacional de Periodismo La Pluma de Plata que entrega el gobierno federal. También fui reconocido con el Premio Canadá a Voces que otorga la Comisión Canadiense de Turismo, así como otros que otorgan los gobiernos de Estados Unidos y Perú.

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