Transparencia cierra espacio a opacidad: EPN

La ciudadanía tiene el derecho a saber cómo y en que se gastan los recursos por lo que el gobierno de la República está decidido a realizar una gestión pública abierta y cercana a la gente, dijo el presidente Enrique Peña Nieto.

Al promulgar en Palacio Nacional la Reforma Constitucional en materia de Transparencia, el Ejecutivo Federal aseveró que representa un cambio cualitativo, al articular todo un sistema nacional de transparencia, que cerrará espacios de opacidad y discrecionalidad en el ejercicio de la actividad pública.

En el patio de honor de Palacio Nacional, el titular del Poder Ejecutivo federal llamó a cambiar la percepción que prevalece sobre la transparencia en el país, siendo autocríticos pero también voceros de los avances que se tienen en la materia.

Expuso que la pluralidad no es obstáculo para construir acuerdos en favor de la República y ahora el desafío es lograr que las leyes secundarias mantengan el espíritu audaz y de vanguardia que ya empieza a distinguirnos en el mundo.

Pareciera inconsistente que México teniendo un ordenamiento legal de mayor avanzada que tienen otros países con mayor transparencia, no se tenga la misma percepción entre la ciudadanía, señaló.

Frente a los presidentes de la Mesa Directiva de las Cámaras de Diputados y Senadores, Ricardo Anaya Cortés y Raúl Cervantes Andrade, respectivamente, aseguró que la transparencia y la rendición de cuentas son esenciales para la democracia, pues la población tiene derecho a saber cómo y en qué se gastan los recursos de los mexicanos.

Celebró que hoy se haya promulgado esta reforma constitucional, con la cual México renueva los mecanismos de acceso a la información pública y la protección de datos personales.

El presidente de México mencionó que como se prevé en el nuevo ordenamiento constitucional, todos los organismos e instituciones que reciban fondos públicos o que realizan algún acto de autoridad serán sujetos obligados a transparentar el ejercicio de esos recursos.

Con información y cuentas claras la ciudadanía podrá evaluar de mejor forma a sus gobernantes y a sus representantes. Además de que la transparencia fomentará que las autoridades se desempeñen con honestidad, responsabilidad y eficacia, dijo.

Esta ley también permitirá la creación de instituciones sólidas de transparencia y resaltó la creación de un nuevo órgano garante de la transparencia y de acceso a la información pública con autonomía constitucional para hacer que prevalezca el interés general de los mexicanos por encima de presiones, influencias o consideraciones particulares.

Indicó que sus determinaciones serán definitivas e inatacables, salvo en casos que pongan en riesgo la seguridad nacional.

Las reformas sientan las bases para crear organismos locales autónomos, garantes del derecho a la información pública y la protección de datos personales en las 32 entidades federativas, agregó.

Asimismo, señaló, se establecen nuevas facultades para el organismo garante nacional como interponer acciones de inconstitucionalidad contra leyes mexicanas o tratados internacionales que vulneren el derecho a la información pública y la protección de datos personales, entre otras.

Sin embargo, indicó, corresponde al Senado proponer e iniciar el proceso de selección de los comisionados del nuevo organismo garante y al Congreso de la Unión expedir las leyes generales reglamentarias que permitan consolidar esta nueva etapa de rendición de cuentas en México.

Además se tendrán que armonizar las leyes locales a partir de la normatividad que aprueben senadores y diputados, indicó.

Peña Nieto ofreció que su gobierno realizará una sesión pública, abierta y cercana a la gente, pues está comprometido a hacer una administración eficaz y transparente que actúe con base en resultados.

LEYES SECUNDARIAS

La reforma constitucional ha generado elogios, aunque también ha recibido algunas críticas al incorporar un candado que favorecería al Ejecutivo de un país que históricamente ha visto claroscuros en los gobiernos en términos de transparencia, al darle la posibilidad de impugnar requerimientos de información cuando considere que se pone en riesgo la seguridad nacional.

Para que la reforma entre completamente en operación aún es necesario que se reformen algunas leyes secundarias para poner detalles de cómo funcionará. Expertos han dicho que en esas normas deberá cuidarse que el candado no genere retrocesos en transparencia.

Hasta ahora sólo oficinas gubernamentales estaban obligadas a dar información a quien lo solicitara, pero con la reforma se amplía a cualquier grupo u organización que reciba fondos públicos, como partidos políticos, sindicatos y particulares.

También establece que son definitivos e inatacables los fallos del organismo encargado de garantizar que las autoridades cumplan con su obligación de informar, salvo en los casos en que el Ejecutivo considere posibles daños a la seguridad nacional.

Gerardo Laveaga, presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información (el organismo que supervisa se cumpla la entrega de datos), aseguró que la rendición de cuentas beneficia tanto a la sociedad como a las autoridades, porque éstas pueden fortalecer su legitimidad.

"Cualquier cualquiera de nosotros puede actuar sin restricción... el abuso es casi natural", dijo.

La obligación de las autoridades a rendir cuentas se remonta a 2003, cuando entró en vigor una ley que por primera vez permitió a los mexicanos solicitar cualquier tipo de información en poder del gobierno federal y dejó atrás la total discrecionalidad que históricamente tenían las autoridades para dar o negar información pública.

apr/ Con información de Notimex y AP