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Política

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Urgen a reformar la justicia militar

La organización Human Rights Watch (HRW) urgió a la Suprema Corte de Justicia a reformar el sistema de justicia militar y eliminar una de las mayores causas por las cuales quedan impunes graves violaciones de derechos humanos.

La organización Human Rights Watch (HRW) urgió a la Suprema Corte de Justicia a reformar el sistema de justicia militar y eliminar una de las mayores causas por las cuales quedan impunes graves violaciones de derechos humanos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, expresó que la Corte tiene la posibilidad de asegurar que se ponga fin al uso de un sistema opaco y sin imparcialidad, que ha protegido a militares por sobre sus víctimas .

La Corte analiza 28 casos que cuestionan el uso de la jurisdicción militar para investigar y juzgar abusos cometidos contra civiles.

En julio del 2011, el Tribunal dispuso que el Poder Judicial cumpla con sentencias internacionales que prohíben investigar y juzgar violaciones de derechos humanos en el fuero militar.

De acuerdo con el informe Ni Seguridad Ni Derechos, Human Rights Watch , de noviembre del 2011, se documentaron violaciones generalizadas de derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas de México en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada.

Según el documento, una de las causas por las cuales se repiten los abusos es que son investigados y juzgados en el sistema militar, sin independencia ni imparcialidad para juzgar a sus miembros. La Procuraduría General de Justicia Militar inició casi 5,000 investigaciones de violación de derechos humanos cometidas por soldados entre el 2007 y abril del 2012.

En este periodo, esta organización contabilizó, con cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional, que sólo se condenaron 38 militares en el fuero militar. Sin embargo, los registros aportados no permiten identificar claramente qué proporción de estas personas estaban prófugas y fueron condenadas en ausencia, ni cuántas fueron exoneradas por apelación. A 11 de los 38 condenados se les impuso una pena por delitos cometidos antes del 2007.

ana.langner@eleconomista.mx

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