Ven padres de los 43 normalistas avances mínimos

Se cumplieron ayer, 26 de septiembre, siete años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, Guerrero, sin que a la fecha se conozca el paradero. El actual gobierno federal desconoció hace dos años la llamada “verdad histórica” y lanzó una nueva investigación que a la fecha lleva múltiples búsquedas en campo, sin aún poder lograr el cierre del caso.  

La señora Hilda Legideño, madre del normalista Jorge Antonio Tizapa Legideño, y el señor Mario César Contreras, padre de César Manuel González Hernández, comentaron a El Economista que han solicitado al presidente Andrés Manuel López Obrador que se agilicen las indagatorias.

“Lo que le pedimos al señor presidente es que se agilicen las líneas de investigación; afortunadamente tiene la mejor disponibilidad el señor presidente y nos da apertura total para la búsqueda de nuestros muchachos”, comentó Contreras González.

La señora Legideño demandó, por su parte, que la FGR investigue y sancione, de encontrar responsabilidades por manipulación de pruebas, al exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomas Zerón.

“Nosotros tenemos la fe y esperanza de que nuestros hijos están vivos y vamos a exigirle al gobierno mexicano que nos los devuelva”, dijo.

El presidente López Obrador recibió el viernes que pasó, en Palacio Nacional, a los padres y familiares de los normalistas desaparecidos.

Vidulfo Rosales, abogado de las víctimas, reconoció la labor de búsqueda que han hecho autoridades federales. Sin embargo, resaltó que en todo ese tiempo, y a tres años del actual gobierno federal, no hay avances que concluyan sobre el paradero de los estudiantes.

Añadió que los padres le hicieron ver al presidente López Obrador, “que no está caminando (la nueva investigación). Que, como él mismo lo ha dicho, es un elefante blanco que no camina. Eso le dijimos”.

Afirmó que para los padres hay un estancamiento en la Fiscalía General de la República a cargo de Alejandro Gertz Manero, porque “no se han ejecutado órdenes de aprehensión desde hace 6 meses, 40 órdenes sin poder ser ejecutadas, (y) no se ha traído a Tomás Zerón, no se ha podido traer aquí para su procesamiento”.

Papel del Ejército

Vidulfo Rosales indicó que, a su juicio, sigue pendiente investigar la posible participación de elementos del Ejército los días 26 y 27 de septiembre del 2014 en Iguala.

“El Ejército estuvo siguiendo a los estudiantes, los estuvieron monitoreando a través del C4, hay un testigo en términos judiciales que dice que fueron ingresados por lo menos 25 estudiantes al batallón de infantería (...) Se le dijo (al Presidente) que los avances, desde la visión de los padres, son mínimos, y él dice que entiende esa parte pero que considera que tenemos algunos avances; nosotros al menos no lo compartimos”.

Hasta ahora se han identificado los restos de tres de los normalistas desaparecidos: Christian Rodríguez, Alexander Mora y Jhosivani Guerrero. 

Ayer, en el marco de la conmemoración de los hechos, los padres y familiares de los estudiantes marcharon al zócalo capitalino desde donde reiteraron su llamado para que se haga justicia en el caso.

ONU y CIDH pidenagilizar indagatoria

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideraron fundamental continuar priorizando la búsqueda de los estudiantes, así como avanzar con la investigación del caso y el esclarecimiento de los hechos de manera pronta y efectiva.

A través de un posicionamiento conjunto, destacaron que se han logrado avances como la identificación de dos estudiantes; se investigan actos de tortura y malos tratos cometidos durante la toma de las primeras declaraciones a los supuestos responsables; se ha tenido acceso a información de inteligencia que no había sido aportada en la primera fase de la investigación; y se tiene mayor claridad de la responsabilidad de actores no estatales y de funcionarios de todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, señalaron que “el transcurso de siete años en una investigación por graves violaciones a los derechos humanos tiene un efecto negativo respecto de la conformación de la prueba y las expectativas de los familiares que en algunos casos fallecieron sin haber obtenido justicia y reparación.

“Razón por la cual es necesario que se redoblen los esfuerzos en la recuperación de pruebas y nuevos testimonios relevantes, y se aceleren las entregas de información de las instituciones de seguridad e inteligencia aún pendientes”, indicaron.

Ambos organismos internacionales reconocieron la lucha de las familias y personas defensoras de derechos humanos que las acompañan.

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