Agresiones contra periodistas en México suben 14%

Durante el 2024, se registró un total de 639 agresiones en contra de la prensa en México, lo que representó un aumento de 14% con respecto a las 561 registradas un año antes, informó Artículo 19.

La organización presentó su informe titulado “Barreras informativas: desafíos para la libertad de expresión y el acceso a la información” en el que denuncia un retroceso institucional sin precedentes en materia de transparencia, derechos humanos y libertad de prensa en México.

El documento advirtió que la violencia no sólo persiste, sino que se agrava: en el último año del sexenio de Andrés Manuel López Obrador y los primeros dos meses del actual gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum, cinco periodistas fueron asesinados, entre ellos Mauricio Cruz Solís, el primero bajo la nueva administración.

Además del riesgo físico, el informe alertó sobre el uso del aparato judicial como herramienta de censura, al documentar 21 casos de acoso judicial contra periodistas en 2024, incluyendo demandas por daño moral y acusaciones de violencia política de género. Este tipo de litigios, advirtió Artículo 19, se emplean para frenar investigaciones periodísticas que afectan a actores políticos poderosos.

Durante la presentación, el director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, Leopoldo Maldonado, advirtió que “la democracia se tambalea cuando la verdad es una moneda de cambio en el juego del poder”.

Recordó que cada 14 horas se agrede a la prensa en México y que el año pasado fueron asesinados cinco periodistas. "Nuestros colegas asesinados no son números. Son biografías truncas por decir la verdad", lamentó.

Por otro lado, se informó que la Ciudad de México (170) encabeza la lista de entidades más peligrosas para ejercer el periodismo, seguida por Guerrero (51), Veracruz (42), Puebla (33) y Guanajuato (32). En conjunto, estos cinco estados concentraron 51% de las agresiones documentadas durante 2024.

El informe también identificó a funcionarios públicos como los principales agresores, responsables de casi 45% de los ataques. Sin embargo, advierte que las fronteras entre autoridades y crimen organizado se diluyen, debido a los vínculos entre alcaldes, policías, jueces y grupos delictivos, lo que perpetúa la impunidad.

Apagón de la transparencia

El director regional, también, denunció que México enfrenta una de las etapas más críticas en estas materias, producto de decisiones que han debilitado los contrapesos democráticos y han puesto en riesgo la garantía de derechos básicos para la ciudadanía.

“El Inai nació por exigencia ciudadana y su desaparición representa no sólo la pérdida de un órgano garantizado, sino también de la confianza ciudadana en el acceso a la información pública”, sostuvo.

En el informe se detalló que, aunque se creó la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno como su presunta sucesora, el nuevo modelo está fragmentado, carece de autonomía y pone en riesgo millones de documentos antes resguardados en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

Escrutinio público limitado

Leopoldo Maldonado explicó que la nueva legislación, además, ya no obliga a las autoridades a documentar todos sus actos, lo cual abre la puerta a la opacidad y limita el escrutinio público.

También denunció el avance de un “Estado digital” que, lejos de fortalecer derechos, ha utilizado la tecnología para el control social.

Alertó, además, sobre la adquisición de herramientas de espionaje por parte del Instituto Nacional de Migración y la Fiscalía General de la República, sin procesos de licitación ni supervisión: “El rostro del Estado moderno, peligrosamente, puede ser el rostro de la vigilancia”.