Denuncian trato preferencial a Francisco Garduño, respecto del que otorgan a migrantes, víctimas del incendio en Ciudad Juárez

Los procesos judiciales abiertos por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua (ocurrido el 27 de marzo de 2023, en el que fallecieron 40 migrantes y 27 más resultaron heridos), no dan el mismo trato al ahora excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), Francisco Garduño Yáñez y otros funcionarios involucrados en el caso, que el que dan a los dos migrantes acusados de tener responsabilidad en los hechos.

Marcos Zavala, abogado de nueve familiares de migrantes que fallecieron en el incendio y de nueve que resultaron lesionados, explicó que mientras al excomisionado Francisco Garduño Yáñez y al exdirector general de Control y Verificación Migratoria (el tercero en el escalafón del instituto en el momento de que ocurrió el incendio), Antonio M. D. (quien se dio a la fuga), se les vinculó a proceso únicamente por ejercicio ilícito del servicio público, a los dos migrantes identificados como Jeison D.C.R y Carlos Eduardo C.R. se les acusa de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Esa situación les da a los exfuncionarios la posibilidad de obtener beneficios relevantes en el proceso que a los migrantes no.

A un año y cuatro meses del incendio, se han iniciado cinco juicios, dos más están pendientes, Formalmente hoy están sujetos a proceso once personas de los cuales ocho son funcionarios o ex funcionarios del INM, dos migrantes y un empleado de la empresa de seguridad privada que le daba servicio a la estación migratoria.

Falta por procesarse a un empleado de la empresa de seguridad en cuestión, así como a su administrador o apoderado legal.

La fundación para la Justicia y el Estado de Derecho, de la cual forma parte el abogado Marcos Zavala representa a los familiares de nueve migrantes que fallecieron en el incendio y a nueve migrantes que resultaron heridos.

Procesos judiciales iniciados:

1.- En la causa penal 237/2023 está vinculado a proceso el excomisionado del INM, Francisco Garduño Sánchez por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, cuya penalidad es considerada menor, lo cual le ha permitido solicitar la figura de suspensión condicional de procedimiento, que consiste en un juicio abreviado y anticipado, para evitar llevar el proceso hasta sus últimas consecuencias. Lo relevante del asunto es que ese juicio puede hacerse antes del juicio oral.

El excomisionado solicitó desde 2023 su primera audiencia de suspensión, pero el juez se la negó, porque no quería reparar el daño ocasionado a las víctimas, con el argumento de que bastaba con solo reparar el inmueble.

El abogado destacó que era obligación del comisionado asegurarse que todas las personas que trabajaban en las estaciones migratorias a su cargo cumplieran correctamente con sus funciones, así como de la seguridad de las personas detenidas en esos lugares. “Por ello el juez le negó su petición”.

Garduño Yáñez intentó una vez más conseguir ese beneficio en agosto de 2024, porque tenía la intensión de salirse del problema judicial, a sabiendas de que pronto dejaría el cargo. Sin embargo, se le volvió a negar.

Según el abogado, se sabe que ya hay una audiencia programada para el 6 de marzo de 2025, donde el excomisionado volverá a intentar no ir al juicio oral.

En ese tenor, explicó que Garduño Yáñez, aprovechándose del desorden en el sistema judicial debido a las manifestaciones de los trabajadores del poder Judicial en contra de la reforma en la materia aprobada recientemente, intentó que se le aprobara el juicio abreviado, pero el juez le indicó que solamente se revisaría la medida cautelar que se le había impuesto anteriormente.

Fue cuando, sin la presencia de la defensa, el juez le otorgó el cambio del lugar a donde se tiene que presentar a firmar cada 15 días. Ahora, en lugar de ir a Ciudad Juárez, lo hace a los juzgados ubicados en las inmediaciones del reclusorio Sur de la Ciudad de México.

Sin embargo, la mencionada audiencia programada para el 6 de marzo de 2025 se realizará en Ciudad Juárez.

Se espera que en esa oportunidad la defensa exponga la reparación del daño ocasionado a las víctimas y exigir se le niegue la abreviación del proceso al exfuncionario.

2.- En la causa penal 236/2023 está sujeto a proceso el exdirector general de Control y Verificación Migratoria (el tercero en el escalafón del instituto) del INM, Antonio M. D., quien se dio a la fuga. Solo se presentó a la audiencia inicial.

Esta persona está relacionada, con otras causas penales por sus vínculos con el ex secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.

Se le vinculó a proceso el 21 y 25 de abril de 2023. Aunque se ha pedido apoyo a Interpol, Migración y al gobierno de Estados Unidos, no se ha podido dar con su paradero.

3.- En la causa penal, la 216/2023 está vinculado a proceso Daniel G. Y, quién era el representante local Noreste del Instituto Nacional de Migración con funciones de subdirector, por lo tanto, el encargado de la estancia.

El juez le concedió el cambio de medida cautelar, por lo que actualmente está en libertad, pues depositó una garantía económica y solo tiene que ir a firmar al juzgado.

Además, está la agente del Instituto Nacional de Migración, Gloria Liliana R.G., que es la persona que aparece en los videos en donde se aprecia que no les abre aun cuando había iniciado el incendio en la estación.

También está Rodolfo C. de la T., que es otro agente del INM, y que tampoco prestó auxilio.

De la empresa de seguridad privada, Grupo CAMSA, está sujeto a proceso Alan Omar P.V y así como el migrante Jeison Daniel C.R. A esas personas se les vinculó por los delitos de homicidio y lesiones.

4.-En la causa penal 235/2023 está acusado de homicidio, lesiones y ejercicio ilícito del servicio público el jefe de la Oficina de Representación del INM en Chihuahua, Salvador G. G. que es el contra almirante, encargado de la zona norte del INM, a la que corresponde la estancia de Ciudad Juárez, Chihuahua.

En esa misma causa penal están sujetos a proceso el Jefe de Recursos Materiales y Servicios Generales, Eduardo A. M. y el coordinador de Grupo de Protección a Migrantes Beta del INM en Ciudad Juárez, quien integraba la Unidad Interna de Protección Civil de la estación. Juan Carlos . M.C.

5.- En la causa penal 355/2023, es donde se les inició proceso por homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena a los migrantes Jeison D.C.R y Carlos Eduardo C.R.

Están pendientes de iniciar los procesos de la causa penal 593/2023 porque la semana pasada se difirió una audiencia programada y la 592/2023, en contra del administrador y apoderado del Grupo de Seguridad Privada (CAMSA), S.A de C.V., quien se encuentra en calidad de fugado y, por lo tanto, el proceso no ha avanzado.

La siguiente audiencia en este caso está programada para febrero, pero es probable que no se lleve a cabo porque no ha podido ser notificado.

Francisco Garduño no ha indemnizado a nadie

Por otra parte, el abogado Marcos Zavala destacó que, en cualquier proceso penal, las personas tienen que enfrentar los juicios de manera individualizada para no escudarse en el puesto público que ostenten o hayan ostentado, pues la reparación material del daño en materia penal la tiene que pagar el imputado, no la institución de la que forme o formara parte, pues, si es así lo haría a través de presupuesto proveniente de los impuestos.

En ese sentido, enfatizó que Garduño Yáñez no ha aportado ni un centavo para reparación del daño a nadie.

La indemnización que se dio fue en atención a la recomendación 111UBG/2023 expedida en mayo de 2023 por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por graves violaciones a derechos humanos en contra de la Secretaría de Gobernación, el Instituto Nacional de Migración y la Secretaría de Relaciones Exteriores como autoridad colaboradora.

Recalcó que, de manera personal, el excomisionado Garduño Yáñez no ha pagado indemnización alguna. “Esto se hizo por el INM y por una recomendación de Derechos Humanos, pero él no ha pagado un solo peso; es mentira lo que está diciendo. Él no ha pagado nada de reparaciones a las víctimas”.

Dijo que ese grupo de abogados ha solicitado siete amparos porque la parte acusada y las autoridades querían hacer el juicio en ausencia de las víctimas, a lo cual se opusieron rotundamente.

También recalcó que E los defensores de la víctima no cobran ni cobrarán a las víctimas por representarlos y asesorarlos jurídicamente durante el proceso. Eso está establecido en un contrato por escrito.

diego.badillo@eleconomista.mx