Gobierno federal prevé 9.5% menos recursos para combate a la corrupción en 2025

Según el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal 2025, al Anexo 30 “Prevención, Detección, Investigación y Sanción de Hechos de Corrupción” se le prevén destinar 8,328 millones 129,087.64 pesos.

Esta cantidad significaría una reducción de 9.5%, en términos reales, con respecto a los 9,198 millones 941,451.11 pesos reales que se destinaron a este fin durante el ejercicio fiscal de 2024. Cabe mencionar que este anexo agrupa los recursos en la materia que destinarían los tres Poderes de la Unión.

Al revisar los datos del documento entregado el pasado viernes 15 de noviembre en la Cámara de Diputados, se puede observar que la unidad responsable con más reducción, en términos reales, fue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con una baja en el ramo de 58.1%, al pasar de 1,470.8 a 615.5 millones de pesos.

En el PPEF se precisa que, de estos más de 600 millones; 184 millones 157,898 serían destinados a la Unidad de Inteligencia Financiera; 51 millones 879 a la Unidad de Política y Control Presupuestario; 72 millones 661,460 pesos a la Unidad de Contabilidad Gubernamental; el Servicio de Administración Tributaria (SAT) recibiría 1,046 millones 13,213 pesos y 92 millones 683,651 irían a la Subprocuraduría Fiscal Federal de Investigaciones.

La segunda institución que registraría la mayor reducción, en términos reales, en el Anexo 30 del PPEF 2025 fue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al pasar de 75.2 millones para el año en curso a 36.4 millones de pesos, lo que significó 51.5% menos.

La Secretaría del Bienestar tendría una reducción del 13.6% entre el presupuesto de 2024 y el de 2025, pues para el año actual erogó 9.5 millones, mientras que para el periodo de enero a diciembre del próximo año, la cantidad prevista es de 8.2 millones de pesos.

Las entidades no sectorizadas recibirían 131.6 millones de pesos (128 millones 832,441 la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción; el Archivo General de la Nación, 226,044 pesos, y 2 millones 546,200 pesos el Instituto Nacional de las Mujeres), lo que equivale un 9.9% menos que los 146.1 millones de pesos que se destinaron en el PEF 2024.

Otras dependencias con reducción en este anexo transversal, en términos reales, fueron la Secretaría de la Función Pública, -9.4%; la Secretaría de Educación Pública, -6.4%; y con -4.1% el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

La Comisión Federal de Competencia Económica y la Secretaría de Relaciones Exteriores tendría 4.1 menos respectivamente; la Secretaría de Economía destinaría 4% menos, mientras que el Poder Judicial y la Fiscalía General de la República sufrieron disminuciones del 2.6% y del 2.2% respectivamente.

Únicamente el Poder Legislativo tuvo un aumento presupuestal para 2025 en el rubro, al pasar de 2,944.0 millones en el PEF 2024 a 3,239.2 millones de pesos, es decir, un 10% más.

Mensaje de desinterés

Expertos consultados por El Economista advirtieron que los recortes al presupuesto envían un mensaje de desinterés por parte de las autoridades federales para fortalecer la lucha contra la corrupción.

Gerardo Laveaga, expresidente del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai), consideró que “la corrupción no se combate con más dinero, sino con acciones concretas. Mientras no exista un verdadero compromiso, duplicar o triplicar el presupuesto no hará ninguna diferencia”.

Según su opinión, un verdadero combate a esta problemática requiere de medidas como la protección de testigos colaboradores, la identificación de beneficiarios finales y el cierre de empresas fantasmas, áreas en las que aseguró no se ha avanzado.

“La corrupción se combate con medidas bien pequeñas, muy chiquitas, que nadie instrumenta, y al revés, se hacen grandes cosas que son mera simulación”, expresó el expresidente del Ifai.

Por otro lado, relató que, desde su experiencia al frente del instituto predecesor del Inai, “sin voluntad política y sin sanciones, no importa cuánto presupuesto se asigne a estas instituciones; el problema seguirá sin resolverse”.

Bajo perfil

Issa Luna Pla, experta en temas anticorrupción y exacadémica de la UNAM, indicó que la reducción presupuestal significa una estrategia deliberada para bajar el perfil a las instituciones que deben prevenir y fiscalizar la corrupción.

Agregó que instituciones como la Fiscalía Anticorrupción ya operan con recursos limitados, lo que les impide realizar investigaciones de gran alcance.

“Con esta nueva reducción, estas instituciones quedarían completamente desarmadas y sólo podrían dedicarse a casos menores, sin representar una amenaza para las grandes redes de corrupción que operan en México”, alertó.

Y agregó que “reducir salarios y personal ha sido la norma, y ahora pensar en ajustarse aún más el cinturón es un error. Lo único que se logrará es estrangular más a las instituciones, reduciendo su eficacia y forzando a los funcionarios a buscar otras vías para financiarse”.

Además, detalló que la nueva estructura propuesta para la Función Pública, que pasará a ser la Secretaría Anticorrupción, podría afectar aún más su capacidad para coordinar investigaciones amplias, dejando vacíos importantes en el control de actos corruptos.

"Estas reducciones no permitirán al SAT ni siquiera intercambiar información con otros organismos para investigar redes de corrupción”, lamentó.