Lectura 2:00 min
Mantienen las prohibiciones a la siembra de cannabis
Al no alcanzarse la votación requerida de ocho votos, las disposiciones legales correspondientes mantienen su vigencia.

En el Pleno de la SCJN no se alcanzó la votación requerida, las disposiciones legales mantienen su vigencia. Foto: Especial
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desestimó la declaración general de inconstitucionalidad de preceptos de la Ley de Salud y del Código Penal Federal que prohíben la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para fines industriales.
Al no alcanzarse la votación requerida de ocho votos, las disposiciones legales correspondientes mantienen su vigencia.
La declaratoria de inconstitucionalidad de las hipótesis contenidas en artículos de las referidas leyes secundarias, propuesta en el proyecto de sentencia bajo la ponencia de Jorge Pardo, fue aprobada por Norma Piña, presidenta de la Corte, Alfredo Gutierrez, Juan Luis González Alcántara Carrancá, Margarita Ríos Farjat y Javier Laynez, y rechazada por Yasmín, Esquivel, Loretta Ortiz y Lenia Batres.
El 1° de diciembre de 2021, la Primera Sala de la Corte, al resolver el amparo en revisión 355/2020, determinó que los artículos 235 Bis, 235, párrafo último, 245, fracciones II, IV y V, párrafo segundo, 247, párrafo último, de la Ley General de Salud, así como el artículo 198, párrafo último del Código Penal Federal establecen restricciones innecesarias al derecho a la libertad de comercio, particularmente en relación con la siembra, cultivo y cosecha de cannabis para elaborar productos con concentraciones iguales o menores al 1% de THC (tetrahidrocannabinol), para fines distintos a los médicos y científicos.
De acuerdo con la Primera Sala, existen medidas alternativas menos restrictivas que podrían alcanzar los mismos objetivos de protección de la salud pública, sin imponer una prohibición absoluta.
Loretta Ortiz dijo que la declaratoria general entraría en conflicto con políticas públicas de seguridad y salud, y llamó a actuar con prudencia y dejar el tema a las regulaciones que en su momento emita el Congreso de la Unión y la Secretaría de Salud.