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Sector Financiero

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Crédito bancario a los estados asciende a $308,000 millones

No existen datos públicos que precisen cuánto adeuda cada estado o municipio a los diferentes bancos.

A febrero del 2015, la cartera de crédito total de la banca comercial que opera en el país ascendía a 3.3 billones de pesos. De éstos, 515,500 millones estaban destinados a entidades gubernamentales, y al interior de éstos últimos, 308,388 millones eran para estados y municipios. Esta cifra es superior a los 285,348 millones de febrero del 2014.

Los más de 308,000 millones de pesos que los estados y municipios tienen contratados con los bancos equivalen casi a los 306,000 millones de pesos que en el 2015 la Federación destinó a la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Pese a estas cifras, no hay al día de hoy datos públicos que precisen cuánto adeuda cada estado o municipio del país a los diferentes bancos que les prestan dinero, y en qué condiciones han sido contratados los financiamientos.

Hace unos días el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) ordenó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) hacer una versión pública de los contratos de crédito que los estados, municipios y otros entes gubernamentales tienen con el banco Interacciones, uno de los principales prestamistas del gobierno.

En sus argumentos, el comisionado del IFAI, Joel Salas Suárez, expuso que en el 2014 la deuda subnacional en México alcanzó un máximo histórico al pasar de 18,278 millones de pesos en 1993 a 509,690 millones en el 2014. Un documento de la organización Fundar refiere que más de 60% de la deuda de estados y municipios se tiene con la banca comercial.

El comisionado agregó que las entidades más endeudadas respecto de su Producto Interno Bruto estatal son Chihuahua (9.18%), Quintana Roo (8.56%), Chiapas (6.58 %), Coahuila (6.53%) y Nayarit (5.9 por ciento). Los estados que han contratado deuda a mayor plazo son Nayarit, a 20.3 años en promedio; Colima a 14.4 años; Chihuahua a 18.5 años; Michoacán a 18.3 y Chiapas a 18.22 años .

En sus alegatos, el comisionado destacó que la información (solicitada por un particular) se refiere a deuda pública; es decir, a créditos otorgados que se pagan y garantizan con recursos públicos que provienen en su mayoría de fondos federales, y que por lo tanto debe ser de carácter público y constituye una obligación de transparencia a cargo de la Federación y de las entidades federativas para rendir cuentas de manera efectiva a la sociedad.

No existe información pública confiable respecto de las características de dichos financiamientos que permitan conocer datos como la tasa de interés a la que se está adquiriendo dicha deuda. ¿Cómo pueden los sujetos obligados demostrar a la ciudadanía que adquirieron un crédito realmente competitivo? Si esta información fuera pública podrían presentarse oposiciones a la contratación de deuda pública que se hiciese en condiciones inadecuadas , agregó.

Lo secundó el comisionado Oscar Guerra Ford, quien argumentó que se está hablando de instituciones públicas en las cuales la forma de contratación se vuelve fundamental, porque es una deuda que están adquiriendo todos los mexicanos.

El no conocer cuánto se solicita en este caso es a una institución financiera privada, pero eso no excluye que finalmente el banco le presta a un proyecto, etcétera... Puede haber algún dato ahí confidencial, pero primero habría que analizarlo , advirtió.

Añadió: No hay motivo ni razón para poder reservar esta información con el pretexto de que es un asunto privado, que es un contrato con un grupo privado y que por eso no se puede revelar esta información. Y estas famosas cosas que cada vez existen más entre los contratos y entre las cláusulas de confidencialidad contravienen a la propia ley en ese sentido .

Banorte, Bancomer e Interacciones, los que más crédito otorgan

De acuerdo con cifras de la CNBV, el banco que más presta a estados y municipios es Banorte. A febrero pasado, su cartera en este rubro ascendía a 81,301 millones de pesos, seguido de BBVA Bancomer con 70,566 millones e Interacciones con 51,447 millones.

Después aparecen: Multiva con 22,086 millones de pesos; Inbursa 18,923 millones; Banamex 18,016 millones; Santander 13,537 millones; HSBC 11,368 millones, y Banco del Bajío 10,294 millones.

Otros bancos que prestan a estados y municipios pero en menor proporción son: Scotiabank, Afirme, Banregio, Mifel, Ve por Más, Bansí y ABC Capital, según información de la CNBV.

La morosidad en el financiamiento a estados y municipios es cercana a cero por ciento. A febrero era de 0.02 por ciento. Debido a que las garantías de pago de la deuda local son muy amplias al comprometer las participaciones federales o los fondos de aportaciones al pago de la misma, y considerando que el marco jurídico financiero cuenta ya con un sistema de alertas tempranas y de intervención para atender problemas de estabilidad en cualquier institución de banca autorizada, resulta mucho más preocupante la estabilidad económica de los gobiernos subnacionales con altos índices de endeudamiento que la afectación que dichos créditos puedan causar al sistema bancario , indica Fundar.

La Asociación de Bancos de México (ABM) ha resaltado que en los últimos años el crédito al gobierno ha disminuido de forma importante, y hoy está más diversificado en otros sectores como las familias, las empresas y las viviendas. Cifras recientes de este organismo refieren que mientras en el 2000 el crédito al gobierno representaba 53% de la cartera, en el 2014 fue de apenas 16 por ciento.

Nueva ley, estancada en congresos locales

En febrero, el Congreso de la Unión aprobó modificaciones a la ley, con el fin de poner más control en el endeudamiento de estados y municipios.

Entre otras cosas, se obliga a un endeudamiento responsable y transparente; se crea un sistema de alertas sobre el manejo de la deuda pública y se prohíbe la contratación de deuda para cubrir el gasto corriente. La deuda que se contrate sólo podrá destinarse a inversiones públicas productivas.

Sin embargo, hasta el viernes pasado sólo nueve congresos locales habían avalado la ley, lo que ha impedido su puesta en marcha.

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