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Sector Financiero

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Libertad, el gran dilema del presidente de la CNBV

El asunto ha escalado al grado de generar roces entre la comisión con la Procuraduría Fiscal; Hacienda se mantiene al margen.

Foto EE: Gilberto Marquina

Foto EE: Gilberto Marquina

Era un día como cualquiera en Palacio Nacional, las actividades transcurrían de manera normal; sin embargo, en una de las oficinas del recinto se discutía uno de los temas más trascendentales del sistema financiero en la actualidad: cómo actuar ante la situación de la sociedad financiera popular  Libertad Servicios Financieros y otras entidades del sector.

En la oficina se encontraban Jesús de la Fuente Rodríguez, presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV); Jorge Pellicer Ugalde, vicepresidente de Supervisión de Grupos e Intermediarios A de la misma comisión; Alfredo Navarrete, titular de la Unidad de Banca Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda; Félix Arturo Medina Padilla, procurador Fiscal de la Federación y cuatro de sus subprocuradores.

En la reunión, que duró varias horas–cuentan fuentes enteradas– De la Fuente Rodríguez preguntó al procurador fiscal, y a su equipo, cómo actuar, por lo cual Medina Padilla inmediatamente reviró: "Perdón, pero eso le toca a la CNBV".

El tema no es sencillo. Libertad Servicios Financieros, la sofipo más grande del país, atravesó, al menos en el último año, por problemas de capitalización importantes y fue hasta el último mes del 2021 que registró una recuperación, con la intención de regresar a la categoría 1 del nivel de alertas tempranas, lo que significa que cumpliría con el porcentaje de capital requerido para este tipo de entidades, que es superior a 130 por ciento.

En los registros de la CNBV, se detalla que desde diciembre del 2020, la sofipo disminuyó su nivel de capitalización a 87%, lo que la ubicó en la categoría número 3 del esquema de alertas tempranas, es decir, a sólo un paso de estar en un escenario de revocación y con la urgencia de adoptar medidas inmediatas para sanear su situación.

Sin embargo, los registros de FINE, la federación que supervisa de manera auxiliar a esta sofipo y que presenta información más puntual al respecto, detallan que desde marzo del 2020 esta entidad comenzó con problemas en materia de capitalización, al presentar, en ese mes, un nivel de capitalización de 121 por ciento, cuando en febrero previo dicho porcentaje fue de 134 por ciento.

A partir de marzo del 2020, la CNBV comenzó a enviar oficios a FINE con información sobre Libertad Servicios Financieros para que se considerara en el cálculo de su nivel de capital; hasta enero pasado, la sofipo no había logrado llegar a la categoría número 1 del esquema de alertas tempranas, pese a los esfuerzos realizados.

Contexto Juan Collado

Al margen de la situación del nivel de capitalización de la sofipo, su principal accionista, Juan Collado, abogado de la clase política, ha vivido, desde el 2019, su proceso desde el Reclusorio Norte acusado de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En este contexto, han surgido señalamientos de todo tipo, desde un intento de extorsión a Collado para que venda la sofipo a cambio de su libertad hasta acusaciones a funcionarios de la CNBV señalados de obstaculizar el proceso de saneamiento de la entidad financiera.

La administración de la sofipo, encabezada por Silvia Lavalle, tuvo que salir a decir que Libertad Servicios Financieros no se vende y además, los accionistas actuales han decidido inyectar más de 170 millones de pesos a la entidad para cubrir requerimientos de capital e invertir en nuevos proyectos. 

"Libertad no ha estado ni está a la venta, por el contrario, vivimos un proceso de evolución, generando alianzas estratégicas, trayendo nuevos inversionistas que fortalezcan nuestro capital", se puede leer en un comunicado de la entidad fechado el pasado 4 de marzo.

En diciembre del 2021, gracias a la inyección de capital mencionada, la situación de la sofipo, en materia de capitalización, mejoró; sin embargo, no le ha alcanzado todavía para cumplir en su totalidad con los requerimientos exigidos, pues, ya en enero de este 2022, su índice de capital fue de 103%, lo que la mantiene en la categoría número 2. La promesa es que al menos para abril, cumpla con lo exigido por la ley.

El problema

 La CNBV ha seguido muy de cerca el tema de esta sofipo. En diversas juntas de gobierno de este organismo se ha tratado el asunto, junto con los números rojos de otras financieras populares; sin embargo, todavía no se sabe qué hacer.

Si bien, hay intención de la administración de la entidad de corregir por completo su situación, también hay muchas dudas por parte de la autoridad sobre el capital que ha llegado a la entidad. Versiones afirman que el dinero viene de Estados Unidos, otras que viene directamente desde Andorra y bajo estos dos escenarios, la CNBV quiere verificar peso por peso. 

Esta autoridad sabe que un paso en falso podría ser fatal. Libertad atiende actualmente a más de 2.2 millones de clientes en 146 sucursales, y canales digitales, además de que cuenta con activos por más de 11,000 millones de pesos.

Su cartera de crédito ronda los 6,000 millones de pesos; sin embargo, su morosidad se elevó de forma importante de enero a noviembre del 2021 al pasar de 15.3%  a 21.1%, una de las más altas del sector. Mientras su morosidad continúe a la alza, la sofipo tiene que destinar más capital a las reservas.

Efecto dominó

A noviembre pasado, Libertad registró una captación de ahorros cercana a los 9,500 millones de pesos, de los cuales la mayoría, eran depósitos a plazo. La CNBV sabe que cualquier alarma a sus ahorradores, se podría ocasionar un daño mayor que complicaría las cosas, pero no actuar a tiempo con acciones pertinentes también sería en deterioro de la firma de Juan Collado.

El regulador vive el dilema de qué hacer. Intervenir a la entidad, si no se arregla la situación, es casi imposible, pues el Fondo de Protección de las Sofipos (Prosofipo), que administra el seguro de depósito al que los ahorradores de las financieras populares tienen derecho, equivalente hasta por 25,000 Udis (cerca de 170,000 pesos) por persona, no cuenta con recursos para hacer un desembolso.

La última revocación de una sofipo fue en noviembre del 2020, cuando Operadora Reforma fue revocada por incumplir con los niveles de capitalización requeridos; sin embargo, los casi 134,000 ahorradores de esta entidad han recibido sólo 62% de lo que les corresponde por concepto de su seguro de depósito.

"El pago del seguro estaba programado inicialmente para hacerse en un periodo de seis meses posterior a la revocación... Estamos a la espera de que el Prosofipo responda con la cantidad restante, pues las afectaciones ya son muchas, ya que mucha gente se quedó sin ahorros (con la revocación) y estábamos esperando el pago del seguro para afrontar la situación, principalmente por los efectos de la pandemia", dijo a este medio un afectado por Operadora Reforma, quien pidió su anonimato.

Hace algunos meses, el Prosofipo indicó a este medio que se espera una aportación de al menos 150 millones de pesos por parte de Hacienda para cumplir con la obligación del pago del seguro de depósito a los ahorradores de Operadora Reforma y hasta el momento, esa inyección no ha llegado.

El Prosofipo prácticamente se quedó sin recursos desde que pagó a los más de 6,800 ahorradores de Ficrea el monto de su seguro de depósito, lo cual sucedió gracias a una inyección, en el 2014, de la Secretaría de Hacienda de más de 600 millones de pesos.

Tanto el Prosofipo y la CNBV viven una encrucijada, pues existen otras sofipos que muestran bajos niveles de capitalización y que revocarlas significaría pagar a sus ahorradores el seguro de depósito, pero no hay fondos ni para eso.

En esta situación se encuentra Caja Sierra Gorda, entidad con cerca de 10,000 clientes y que a enero pasado se ubicó en la categoría 4 del esquema de alertas tempranas, al registrar un índice de capitalización de -247 por ciento.

Si bien en enero, otras sofipos que, habían presentado números rojos, pudieron mejorar su situación, como es el caso de Financiera Auxi e Ictineo, la CNBV y las federaciones que las supervisan, están en el proceso de revisión de las aportaciones de capital para poder hacer el cálculo correcto de su nivel de capitalización, por lo que todavía no pueden cantar victoria al respecto.

¿Esperar a que los números mejoren o actuar de forma inmediata? Esa es la cuestión y la pregunta que ataca todos los días a la cabeza de la CNBV.

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Fernando Gutiérrez es editor de EconoHábitat

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