Prevén dificultades para cumplir reglas de ley antilavado

Las reformas que se proponen a la ley Federal para la Prevención e Identificación de Recursos de Procedencia Ilícita, también conocida como ley antilavado, significarán una carga administrativa para las empresas que realizan actividades vulnerables e incluso algunas podrían cerrar por dificultades en el cumplimiento de dichas reglas, coincidieron especialistas en el tema.

Hace algunos días, el grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) presentó, en el Senado, una iniciativa con proyecto de decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones de la ley antilavado, con la cual, en caso de aprobarse, las organizaciones que realizan algunas de las actividades vulnerables (compraventa de joyería, comercialización de vehículos o las dedicadas al desarrollo inmobiliario, entre otras) estarían obligadas a tener mecanismos para adoptar un enfoque basado en riesgo para cada uno de sus clientes.

Dicha iniciativa prevé que las organizaciones tengan los mecanismos no sólo para prevenir e identificar recursos de procedencia ilícita sino también aquellos relacionados con el financiamiento al terrorismo, además de que deberán hacer una debida diligencia de personas políticamente expuestas, es decir, funcionarios gubernamentales que entren en dicha clasificación.

En este contexto, especialistas en la materia coincidieron en que muchas de las medidas de dicha iniciativa ya se aplican en el sistema financiero, como por ejemplo el enfoque basado en riesgos, por lo que las organizaciones que realizan alguna actividad vulnerable y que tienen una naturaleza distinta a las entidades financieras tendrán dificultades en su cumplimiento, lo que desalentaría la inversión privada.

“Esta reforma va a obligar a estas industrias y a las empresas dedicadas a las actividades vulnerables (...) a una serie de obligaciones sobre la necesidad de llevar un control exhaustivo, detallado, sobre los clientes, entre otras cosas, que son obligaciones que son propias y que están establecidas a partir de la ley antilavado a la banca”, explicó Moisés Alcalde Virgen, presidente de la comisión de Revista del Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP).

“Esto —añadió— generará una carga económica y laboral (para las empresas), pues tendrán que pagar a alguien, tener un sistema, elevar una serie de controles que implican dinero, esfuerzo y que las alejan al final del día de su objeto de negocio (...) Me parece que puede ser una noticia que desaliente la inversión privada”.

Para Salvador Mejía, socio director de la consultoría en temas de prevención de lavado Asimetrics, si bien es necesario atacar algunas lagunas jurídicas de la ley antilavado, dicha iniciativa no se elaboró con base en la realidad de muchas de las organizaciones del país, por lo que, en caso de aprobarse, muchas podrían cerrar.

“Veo (en la iniciativa) un supuesto esfuerzo para arreglar estas lagunas jurídicas, pero lo único que va a lograr es un impacto negativo en todas aquellas empresas y profesionistas que se clasifiquen como actividad vulnerable (...) Se tenía que hacer algo para arreglar los errores de la ley antilavado, pero no a este costo, lo hicieron a la carrera en vez de evaluar lo que necesitaban las empresas del país”, comentó Mejía.

El socio de Asimetrics recordó que la supervisión en materia antilavado de las actividades vulnerables está a cargo del Servicio de Administración Tributaria (SAT); sin embargo, desde que se facultó a este órgano fiscalizador para ejercer dicha labor, no se han tenido los resultados esperados.

“A diferencia del sistema financiero, las actividades vulnerables no tuvieron realmente ningún tipo de supervisión activa por parte del SAT para el cumplimiento de la ley, ha habido muy pocas visitas de inspección, no ha habido la retroalimentación deseada y dicha supervisión es para un medio que no está acostumbrado a este tipo de obligaciones”, acotó Mejía.

El consultor añadió que, en caso de aprobarse, el SAT comenzaría una campaña de visitas de inspección y con ello se prevén más multas onerosas a las empresas que no cumplan, por lo que habría un riesgo de cierre de muchas de éstas.