Buscar
Últimas Noticias

Lectura 2:00 min

Listo, dictamen sobre la ley antisecuestro

El Senado tiene listo el dictamen de la ley general de combate al secuestro, que prohibirá el uso de mediadores y negociadores para el rescate de víctimas, creará un fondo para atender a las víctimas de ese delito y un mecanismo de reparación del daño.

El Senado tiene listo el dictamen de la ley general de combate al secuestro, que prohibirá el uso de mediadores y negociadores para el rescate de víctimas, creará un fondo para atender a las víctimas de ese delito y un mecanismo de reparación del daño.

De acuerdo con senadores, el dictamen, que será presentado la próxima semana en la Comisión de Justicia, descarta la aplicación de la prisión vitalicia para secuestradores, lo cual fue propuesto por el presidente Felipe Calderón, así como la pena de muerte que impulsaba el PVEM. Sin embargo, crea tipos penales y agravantes que, si el delincuente los acumula,­ le garantizarían una prisión perpetua.

La nueva ley prevé la creación de cuerpos policiacos especializados en prevención y rescate de secuestradores, prohíbe la negociación de particulares para liberar a víctimas, pero atenúa la pena jurídica para los delincuentes que ­cooperen con la autoridad con el fin de lograr el rescate de la víctima.

En tanto, senadores del PRI, PAN y PRD discutieron nuevamente el dictamen, previsto para presentarse ayer ante el pleno, pero pospuesto para la próxima semana, que pone candados para que el Estado de emergencia por afectaciones a la seguridad del país no vulneren la totalidad de los derechos humanos.

El dictamen, que eleva a rango constitucional los derechos humanos, fue modificado para abrir plenamente la figura de asilo en nuestro país y garantiza que los extranjeros puedan impugnar ante jueces mexicanos cuando la autoridad niegue la estancia en nuestro país.

Los senadores ratificaron la reformas para que en caso de que el Presidente de la República -con el aval del Congreso y bajo vigilancia de la Suprema Corte- emita un decreto de Estado de emergencia en casos de invasión, perturbación grave a la paz pública o cualquier conflicto que ponga a la sociedad en peligro, con el fin de que ello no implique la suspensión total de los derechos humanos.

jmonroy@eleconomista.com.mx

Únete infórmate descubre

Suscríbete a nuestros
Newsletters

Ve a nuestros Newslettersregístrate aquí

Noticias Recomendadas

Suscríbete