“Si las lenguas se ven como un elemento más del folclor, estamos fritos”: Yásnaya Aguilar

Las lenguas indígenas se ven como un elemento más de la cultura, del folclor. No todo el tiempo estamos danzando ni estamos haciendo música. Pero la lengua sí, la lengua te atraviesa, cuando duermes sueñas en una lengua. Por eso implica un cambio fuerte, pero si no tienen esa dimensión y lo ven como un elemento más del folclor del que debe ocuparse la Secretaría de Cultura, estamos fritos”. 

Yásnaya Elena Aguilar,  lingüista y escritora Ayuuk.

El año que corre marca el inicio del tan anunciado Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas del Mundo 2022-2023, impulsado por la UNESCO y que fue lanzado por las autoridades de México puesto que fue aquí donde se firmó la Declaración de Los Pinos (Chapoltepek) después del evento de alto nivel en 2019 titulado “Construyendo un Decenio de Acciones para las Lenguas Indígenas”.

De acuerdo con esta declaratoria, los Estados miembros de la UNESCO debieron atravesar en 2020-21 por un periodo de Transición enfocado, dicta el documento, en la consolidación de recursos necesarios y de un mecanismo de coordinación para la preservación, revitalización y promoción de las lenguas indígenas. El periodo que corre, del 2022 al 2025, se llama de Ampliación. En él, según este calendario, se aterrizará un plan de acción mundial con un mecanismo financiero en favor de la preservación, revitalización y promoción de las mismas y el empoderamiento de sus hablantes.

Sin embargo, en nuestro país pocos o nulos pasos transversales parecen haberse dado con el ritmo que marca la Declaración de Los Pinos.

De acuerdo con el paquete económico 2023, entregado el jueves pasado a la Cámara de Diputados, la dependencia que debió abanderar este ambicioso cometido, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali), recibirá un presupuesto de 74.8 millones de pesos. En contraste, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), una entidad no sectorizada a la que el gobierno federal ha expresado su intención de incorporar el Inali, recibirá 4,102 millones.

En agosto pasado, el director del INPI, Adelfo Regino Montes, anunció que la Universidad de las Lenguas Indígenas, uno de sus proyectos estrella con sede en Milpa Alta —ubicación por la que ha sido señalada como otro proyecto centralista—, iniciará operaciones en marzo de 2023.

“No veo interés genuino”

En entrevista con El Economista, la lingüista y escritora ayuuk Yásnaya Elena Aguilar, estima que una universidad en el centro del país “no es hacer política lingüística ni planificación lingüística. El Estado pone el dinero donde tiene puesto el interés y lamentablemente no veo ningún interés genuino. La universidad va a tener cuatro carreras, pero sin planificación. La planificación lingüística es una cosa seria: hay que hacer análisis de estatus, de corpus y de adquisiciones si realmente se quiere hacer algo. Es un asunto muy puntual y hay quienes saben cómo hacerlo, pero no se está haciendo. Se siguen muriendo las lenguas, los números no mienten, ahí están y son alarmantes”.

De acuerdo con una comparativa entre los Censos de Población y Vivienda 2010 y 2020, en una década la población hablante de lenguas indígenas en el país de tres años o más se redujo de 6.5% a 6.1% dentro del total de la demografía nacional.

“Su gran apuesta, esa universidad, no hará que haya más hablantes de lenguas indígenas; si acaso debería ser parte de un plan mucho más grande. No hay un cambio sustantivo, no se está garantizando la educación en lenguas ni la impartición de justicia con intérpretes, ni hay intérpretes en los hospitales”, señala la autora de Aa: manifiestos sobre la diversidad lingüística (Almadía y Bookmate, 2020).

Amplía que por estas razones, entre otras, “el Estado es el principal violentador de los derechos lingüísticos. Es como si yo te estuviera ahorcando y te pregunto en qué te puedo ayudar. Tú me pedirías que primero te deje de ahorcar. No le puedes pedir ayuda a quien te está ahorcando, porque desconfías. Entonces, lo primero que se debe de hacer es eliminar la violencia lingüística que el Estado mismo ejerce en el sistema educativo, en el sistema de salud y de impartición de justicia, porque no han cesado y su eliminación no parece ser prioritaria para el sexenio en absoluto. No se ve ningún interés real más allá del discurso”.

La atención de las lenguas indígenas, expresa, debe ser un asunto transversal, que permee todos los estratos de administración y sociales. “La lengua no es exclusiva de la Secretaría de Cultura y del INPI. ¿A poco en Hacienda no usan la lengua o el presidente no usa una lengua? La lengua está en todos lados y por lo tanto la planificación debe estar en todos lados”.

Finalmente, la lingüista y escritora señala que la presente administración no ha podido (o querido) desmarcarse de décadas precedentes de una “política lingüicida”, donde había un proyecto estatal con presupuesto destinado para la desaparición de las lenguas. “Ahora lo que hacen es que cambian el discurso, hacen como que hacen para que todo siga igual. Es la llamada política del gatopardo. Es una falta de interés y es perversa en el sentido en que está en la lógica consciente del Estado, que es homogeneizar”.

¿Qué dijo Frausto sobre el INPI e Inali?

Durante la presentación del programa de Mondiacult, en agosto pasado, la secretaria de Cultura federal, Alejandra Frausto Guerrero, fue consultada sobre si persiste la idea de incorporar el Inali al INPI. La funcionaria respondió: “nosotros propusimos ante la UNESCO la posibilidad de transformar el Año de las Lenguas Indígenas en el Decenio, para hacer realmente una política de preservación de las lenguas y que no exista ni una menos. El Inali es parte de todo este esfuerzo y el INPI también. No es reducirlo a una oficina, es convertirlo en una política permanente desde el gobierno transversal. Nosotros, como Cultura, no nos vamos a alejar del tema porque es parte fundamental de la expresión de los pueblos”.

ricardo.quiroga@eleconomista.mx