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Ven retroceso en el combate a corrupción
El reporte “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022”, de la barra de abogados de Nueva York, indicó que falta independencia de autoridades que investigan casos de cohecho en el país.
En el último año, México presentó retrocesos importantes en sus esfuerzos para prevenir y sancionar la corrupción, los cuales, además de ser insuficientes, han sido utilizados para fines políticos, advierte la “Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022” del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, de la barra de abogados de Nueva York.
El estudio coloca a México en el lugar 9 de 17 países evaluados, con una calificación general de 5.64 puntos, en una escala del cero a 10. Nuestro país está por debajo de Perú (6.06) y arriba de Bolivia (5.50).
Cabe señalar que este informe se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia de abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos despachos de abogados, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, entre otros.
Sobre México, el análisis de los expertos advierte que pese a que es el país con la mejor calificación a nivel regional en el rubro de legislación (9.30), se coloca como el sexto peor en materia de autoridades y en número 10 al hablar de la implementación de las leyes anticorrupción.
Por ello, el reporte sostiene que “México es uno de los ejemplos a nivel regional de cómo una buena legislación no es suficiente, si no hay instituciones independientes y con capacidad para implementar ese marco jurídico”.
Uso político del tema
El informe destaca que es preocupante el debilitamiento de las capacidades de algunas autoridades y el uso político de la agenda anticorrupción, ya que no se brinda el apoyo necesario al Sistema Nacional Anticorrupción y otras entidades, al contrario, se les ataca desde el poder Ejecutivo. Además, existe mucho interés por perseguir casos de corrupción de administraciones pasadas, pero no casos actuales, incluyendo el reciente caso de posible corrupción para beneficiar a uno de los hijos del presidente.
Mientras que las autoridades anticorrupción no tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar la corrupción efectivamente, como es el caso de la Secretaría de la Función Pública.
El estudio concluye que el principal desafío de México es aplicabilidad del marco jurídico debido a una “insuficiente voluntad política para su ejecución”.
Aunado a que preocupa a la comunidad jurídica los ataques de los más altos niveles del gobierno a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que denuncian casos de corrupción de la administración actual, ello al señalar que en países como México existen barreras, formales o informales, para la participación de la sociedad civil, así como límites o acciones de represión como mecanismo de desincentivo para investigar, descubrir o denunciar actos de corrupción.
