Con los autores, no confundamos seguridad social con beneficencia

El jueves pasado, el Senado de la República aprobó el proyecto de ley que crea el fideicomiso que administrará el Fondo de Apoyo para el Acceso de Artistas, Creadores y Gestores Culturales a la Seguridad Social. Una iniciativa impulsada por la senadora María Rojo que, de aprobarse por la Cámara de Diputados, los denominados trabajadores de la cultura contarán con garantías durante su retiro o en caso de enfermedad.

Considero que más allá de las buenas intenciones que dicha iniciativa muestra por encima, no deja de ser un mecanismo asistencialista, impulsado por la miopía legislativa que ha terminado por confundir la justicia social con la beneficencia pública. El proyecto carece de una visión de Estado.

Todos estamos de acuerdo en que los artistas deben dejar de comerse sus regalías paleando enfermedades, pero ¿por qué plantear una iniciativa de ley que tanto en la exposición de motivos como en el cuerpo de la misma, al indicar la necesidad de dar acceso a los trabajadores culturales a la seguridad social reconoce que la Ley del Seguro Social es una puerta abierta a la incorporación de los no asalariados a los beneficios de la seguridad social? Esto a través del régimen de incorporación voluntaria.

Podría entender que el motivo es hacer menos onerosa la cuota del ingreso voluntario anual para quien asegura, así como tener la posibilidad de recibir ingresos de distintas entidades.

Es verdad, Senadora, que el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a la protección de los intereses morales y materiales por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora, pero existen, desde el Poder Legislativo al que usted pertenece, otros mecanismos tales como el control de la piratería, por citar un ejemplo. ¿Por qué no idear mecanismos para impulsar y proteger la creación y no sólo la vejez de los creadores y gestores culturales?

Por otro lado, ¿qué pasará, de aprobarse esta iniciativa con los agremiados en sociedades de gestión colectiva tales como la Sogem, la Somap, la ANDA etcétera?

¿Por qué adoptar el artículo 12 de la Ley Federal del Derecho de Autor para definir Autor sólo como la persona física que ha creado una obra literaria y artística ?

En ese sentido, me pregunto quiénes son los gestores culturales, los que estudien la licenciatura o la maestría en gestión cultural (por cierto, ambas de reciente creación), o quienes llevan en esto una antigüedad de por lo menos 30 años.

Me pregunto también si se exploraron posibilidades como la de establecer un registro de obras por creador en instituciones como el Indautor, o bien, el establecimiento de una tarifa preferencial en la seguridad social para estos agentes, incluso la creación del fondo en el mismo Sistema Nacional de Creadores; me pregunto si se valoró el ingreso de los creadores y gestores culturales al Seguro Popular, o que las sociedades de gestión colectiva pudieran transferir recursos de sus socios para la seguridad social.

Sé que para la mayoría de legisladores es mejor tratar de arreglar todo a golpe de leyes, pero hay que recordar que legislar es hacer práctico el derecho, sin confundir la justicia social con la beneficencia pública.

Espero que la Cámara de Diputados, como cámara revisora, se haga estas preguntas porque como usted seguramente sabe, tanto su reglamento interno, como el reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, prevén ciertos candados en materia de impacto presupuestal. Y a juzgar por lo establecido en la iniciativa, el fideicomiso impactaría el presupuesto aunque sea sólo para el arranque del pretendido fondo.

El autor es maestro en Comunicación con especialidad en Difusión de la Ciencia y la Cultura, autor de los libros El patrimonio cultural en México, un recurso estratégico para el desarrollo y Los anteojos de Baskerville e integrante del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura.