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La adhesión de México a Unidroit, alternativa para recuperar piezas
Ante la serie de subastas de piezas arqueológicas en el extranjero, México se adhiere al Convenio Unidroit, un acuerdo internacional que podría facilitar la recuperación del patrimonio en otros países, ya que se basa en las leyes del país que lo solicita y no de aquel donde se han localizado los bienes.
El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit, por su acrónimo en francés) es una organización independiente e intergubernamental con sede en Roma
En pleno siglo XXI, el tráfico de bienes ha alcanzado un alto estatus en algunos centros metropolitanos como Londres, París o Nueva York. La adquisición irregular de estos bienes culturales alimenta el ego de coleccionistas, pero mutila el patrimonio de las naciones y con ello erosiona su identidad”.
Sen. Héctor Vasconcelos, presidente de la comisión de Relaciones Exteriores del Senado.
El pasado 18 de noviembre, el pleno del Senado de la República aprobó el proyecto de decreto por el que se aprueba la adhesión al Convenio UNIDROIT sobre los Bienes Culturales Robados y Exportados Ilícitamente, firmado en Roma, en junio de 1995, el cual establece normas jurídicas homologadas en materia de restitución y devolución del patrimonio cultural de los Estados contratantes del mismo, hasta ahora 49, incluyendo ahora a México.
La suscripción al convenio es parte de una serie de políticas públicas coordinadas, sobre todo entre las secretarías de Cultura y de Relaciones Exteriores, a manera de reacción ante los abundantes casos de comercio y especulación de piezas pertenecientes a diferentes culturas de los periodos prehispánicos que habitaron el ahora territorio mexicano.
En reiteradas oportunidades y a través de organismos como la UNESCO, el gobierno federal ha presentado solicitudes, quejas y llamados a distintas casas de subastas, entre ellas Christie’s, Sotheby’s y Millon, para la aclaración del origen de las piezas que se someten a puja y para dar marcha atrás a su comercio ilícito. Pero en su mayoría, las diligencias han sido infructuosas, lo cual ha abierto el debate sobre la eficacia de los mecanismos internacionales de protección del patrimonio cultural.
Ventajas de la adhesión
En países como Francia, donde se ha consumado gran parte de las transacciones sobre bienes patrimoniales vinculados con nuestro país, la ley local, según paráfrasis, dicta que quien posea un bien es legítimo dueño o titular del mismo, toda vez que el derecho francés admite la “buena fe” del particular en la posesión de un bien.
Gran parte de esas piezas fueron evidentemente sustraídas de yacimientos arqueológicos del país sin consentimiento, catalogación ni inventariado de los especialistas, por lo que en casi todos los casos no hubo manera de intervenir ante autoridades de naciones como Francia, puesto que no había manera de demostrar que dichos bienes fueron robados o exportados de manera ilícita.
Durante su intervención previa a la aprobación unánime del dictamen en el pleno, el senador Héctor Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, palomeó el trabajo que ha venido realizando México en la recuperación del patrimonio cultural atomizado en el mundo, en gran parte, apoyado en la Convención de la UNESCO de 1970, que prohíbe y previene la importación, exportación y transferencia de propiedad ilícita de bienes culturales. Sin embargo, lamentó, “la práctica ha demostrado que ese instrumento es insuficiente”.
En cambio, mencionó, la vía de Unidroit posee características jurídicas que pueden cubrir las deficiencias de la Convención de la UNESCO, dado que es autoejecutable, es decir que puede operar incluso con la ausencia de legislación local en la materia de aquellos países suscritos al mismo.
¿Qué parte del convenio favorece a México?
El Convenio Unidroit se compone de 21 artículos y cinco capítulos. La mayor fortaleza de este instrumento yace en que faculta a los Estados que requieran la restitución de un patrimonio a actuar con sustento en sus propias leyes y no supeditado a la legislación del país en el que una o varias piezas han sido localizadas.
El dictamen aprobado en el Senado explica que “la carga de la prueba corresponde al poseedor y no al Estado requiriente”. Lo anterior indica que no es el gobierno del país donde se localiza una pieza el que tiene que exigir al Estado requiriente una prueba de la procedencia de un bien, sino que el país requerido tiene que comprobar cómo llegó la pieza a las manos de quien la posee.
Ahora bien, toda vez que la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos en su artículo 27 precisa que “son propiedad de la Nación, inalienables e imprescriptibles, los monumentos arqueológicos muebles e inmuebles”, no es posible acreditar la legal adquisición de ningún bien arqueológico extraído del territorio mexicano.
La propiedad es imprescriptible
El titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, ha reconocido que muchas de las piezas arqueológicas de México que han aparecido en los catálogos de las casas de subastas pudieron haberse extraído del país en la primera mitad del siglo XX o antes de 1972, año en el que se aprobó la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, y gran parte estuvo en posesión de coleccionistas privados por décadas.
Sin embargo, en su artículo 10, el Convenio Unidroit especifica que muchas de sus disposiciones deberán ser aplicables solamente después de la entrada en vigor del documento para cada país. A manera de respuesta, el Senado formula una serie de declaraciones interpretativas al adherirse al Convenio, una de ellas dice: “la solicitud de restitución de un bien cultural robado que forme parte integral de un monumento o sitio arqueológico identificado o que pertenezca a la cultura mexicana, es imprescriptible de conformidad con la legislación mexicana”.
¿Qué es Unidroit?
El Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit, por su acrónimo en francés) es una organización independiente e intergubernamental con sede en Roma, Italia, cuyo propósito es la armonización del derecho internacional privado, de manera que se puedan gestar instrumentos jurídicos uniformes o convenios en distintas materias, una de ellas, la “propiedad cultural”. Actualmente tiene 63 Estados miembros, entre ellos, Francia, Italia, China, Rusia, Estados Unidos y México.