Programas de posgrado están a punto del colapso en universidades públicas

El Conahcyt presentó cambios al Sistema Nacional de Posgrado. La amenaza ahora es: “Si las instituciones no firmamos un acuerdo de gratuidad, donde se eliminen las cuotas, entonces no hay becas para estudiantes, pero sin cuotas estamos destinados a colapsar, porque no tenemos el ingreso que nos permite operar”, asegura la rectora de la Universidad Autónoma de Querétaro, Teresa García Gasca, al dar a conocer que presentarán un amparo institucional en contra la Ley de HCTI

Instituciones de Educación Superior públicas y privadas han recibido con preocupación el nuevo Reglamento del Sistema Nacional de Posgrado dado a conocer por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt). Este presenta un cambio importante, pues además de dividirlo en cuatro categorías, se da una clasificación que divide a los programas en “investigación” y “profesionalizantes”, con ello se establecen distinciones entre quienes recibirán una beca o no.

Hasta el 11 de agosto de 2023, se enlistan 2,942 programas, 80.9% de los cuales se clasifican como "profesionalizantes" (2,272 programas en las instituciones públicas y 107 en las privadas), es decir, con menor prioridad o nula. Así pues, sólo uno de cada cinco de los programas del padrón de instituciones públicas ha quedado clasificado como de "investigación", es decir bajo ese criterio, el Conahcyt sólo aseguraría que aproximadamente el 20% de los estudiantes tendrán beca por parte del Estado.

De acuerdo con el Conahcyt, la diferencia entre los posgrados enfocados a la investigación y los de profesionalización radica en que los primeros “aportan a la generación de nuevo conocimiento”, mientras que en el segundo caso los considera como programas para “la formación de personas dedicadas a aplicar el conocimiento humanístico, científico y tecnológico para el desempeño de su profesión”.

En un comunicado, la Coordinación de la Red ProcienciaMx expresa su preocupación, ya que a esta fecha hay casi una cuarta parte de programas que se identifican en un estatus “en revisión”, sin que se aclare si la revisión saldrá a tiempo para el inicio del semestre, poniendo a miles de estudiantes de primer ingreso en la incertidumbre. Asimismo, denuncian que “hay una discriminación contra las universidades privadas”, ya que muy pocos de sus programas fueron calificados como de investigación (16.4%), de los cuales, a la fecha, 66.7% de ellos está aún en revisión. El resto de los programas fueron clasificados como profesionalizantes y “no elegibles” para beca.

La UAQ presentará un amparo institucional

Tras este primer acto de ejecución de la nueva Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) por parte del Conahcyt, la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) interpondrá un amparo institucional, el primero ya de manera general por considerar que estas políticas “discrecionales” afectan a los estudiantes, a los programas de posgrado que van a colapsar, y a los docentes que se quedan sin su carga horaria y sin la posibilidad de participar en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y sus estímulos.

Al respecto, la rectora de la UAQ, doctora Teresa García Gasca, declaró a El Economista: “El gobierno no comprende la importancia de la ciencia y la tecnología, los posgrados van de la mano del desarrollo del conocimiento en todas las áreas y no se ve como parte clave para el desarrollo del país. El gobierno percibe que las universidades públicas hacemos mal uso del recurso en automático, pero los procedimientos de fiscalización han mejorado. Me parece que hay una cerrazón grave donde se ve a la educación superior como una carga y no una inversión”.

Ella explica que el punto coyuntural de donde parten estas decisiones nos llevan al 2019, cuando se reformó la Ley General de Educación Superior y se establecieron varios puntos, entre ellos el de la gratuidad, abordado particularmente en los artículos 48, 66 y 119 de la Ley; en estos artículos se establece que la gratuidad es obligación del Estado, es decir, que las autoridades federales, estatales y municipales, serán quienes en concordancia aporten los recursos suficientes para que las instituciones de educación superior públicas puedan operar de manera adecuada.

Dentro de las especificaciones se decía que esto se haría sin merma de las finanzas propias de la institución, con un programa gradual, empezando con licenciatura y hasta posgrado, además de que las instituciones que gozaban de autonomía tendrían la posibilidad de proponer la transición.

Sin embargo, hasta ahora no se ha recibido el apoyo para tal fin, y lejos de ello, ahora la gratuidad se utiliza como herramienta de coerción. Este es el punto de quiebre, porque hoy el Sistema Nacional de Posgrados además de clasificar los programas en investigación y profesionalizantes, usa como criterio de elegibilidad que la institución firme un acuerdo de gratuidad progresiva o paulatina y se dejen de cobrar las cuotas a los estudiantes. “Esto se convierte en un verdadero problema porque si ya de por sí las universidades públicas están recibiendo menos recursos por parte de la Federación, que hoy son menores a la inflación, y que los fondos concursables están prácticamente eliminados, los apoyos económicos serán insuficientes”.

Explica que instituciones como la UAQ siguen dependiendo en cierta medida de las cuotas que se cobran para hacer operativa la universidad y sus programas educativos, pues ni con los dos subsidios juntos (estatal y federal) se cubre la nómina de la universidad.

La amenaza ahora es: “Si las instituciones no firmamos el acuerdo de gratuidad, donde se eliminen las cuotas, entonces no hay becas para estudiantes, pero sin cuotas estamos destinados a colapsar, porque no tenemos el ingreso que nos permite operar, tampoco hay forma de pagar las becas de los investigadores con recursos propios”, asegura García Gasca.

Instituciones completas en peligro

Diego Micher, estudiante de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales del CIDE, hizo una revisión de datos con base en el Portal de Consultas del Sistema Nacional de Posgrado del Conahcyt para saber el grado de afectación a las instituciones.

Revela que las instituciones más perjudicadas por los nuevos criterios del Conahcyt son: La Universidad Autónoma de Coahuila (97%), la Universidad Autónoma de Chihuahua (96%), la Universidad Autónoma de Tamaulipas (95%), Universidad de Querétaro (94%), Universidad Autónoma de Nayarit (93%), el Colegio de Postgraduados (93%), la Universidad Autónoma de Chapingo (92%), el Centro de Investigación y Docencia Económicas (89%), la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (87%) y la Universidad Autónoma de Yucatán (86%).

Algunas instituciones de educación superior que están 100% consideradas como “no elegibles” para becas son: Universidad Politécnica de Victoria (Tamaulipas), Universidad Politécnica de Querétaro, Universidad Politécnica de Aguascalientes, Universidad Intercultural del Estado de Puebla, Universidad Intercultural del Estado de México, Universidad Estatal de Sonora, Universidad de La Ciénega del Estado de Michoacán de Ocampo, Instituto Tecnológico Superior del Oriente del Estado de Hidalgo, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, entre otros.

Por otro lado, las universidades autónomas con más posgrados considerados prioritarios para obtener una beca son: la UNAM (con 57 prioritarios de 143 posgrados); Universidad de Guadalajara (36 de 215); Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN (33 de 66); UAM (32 de 107) y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (30 de 88).

"Capacitación ideológica capitalista"

El viernes pasado, la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, y Luis Carlos Hinojosa Gallardo, director de Investigación y Posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, dieron a conocer que más del 90% de becas Conahcyt destinadas a temas de investigación fueron retiradas, “se le redujeron las becas por parte del Conahcyt. Las becas para jóvenes con un argumento de que la educación que se da a través de estas becas es capacitación ideológica capitalista”, dijo Campos.

Por su parte, la rectora de la UAQ expresó que de 66 maestrías y doctorados solamente cuatro entran en el criterio de investigación para Conahcyt, las demás como la maestría en ciencias biológicas, o la maestría y doctorado en ciencias de los alimentos (programas de competencia internacional), hoy no entran en su catálogo de investigación sino de profesionalizantes.

“Hoy tenemos 15 programas no elegibles hasta el miércoles de la semana pasada, porque esto cambia todos los días, incluso hoy si uno entra a la página del Conahcyt, los datos de la semana pasada no están ahí. Esto quiere decir que ya no se puede optar por becas para estos programas, además hay otros 20 programas que están en revisión y con peligro de ser eliminados de las listas del Consejo”.

La rectora contempla que más universidades estarían en posibilidades de tomar la vía del amparo, además de apurar la vía de la inconstitucionalidad por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpuesta por legisladores en contra de la Nueva ley de HCTI y sus múltiples faltas al proceso. “Ahora las universidades nos estamos comunicando entre nosotras y tenemos que enterar muy bien a la comunidad de lo que está pasando y las implicaciones. Que sepan por qué tomaremos estas decisiones”, concluye la rectora García Gasca.

nelly.toche@eleconomista.mx