Un retroceso, la propuesta de ley sobre ciencia: académicos

El viernes 8 de febrero la senadora Ana Lilia Rivera, licenciada en Derecho, que dicho sea de paso no pertenece a la Comisión de Ciencia y Tecnología y nunca ha estado vinculada con ninguna institución educativa o de investigación, presentó una iniciativa de Ley de Humanidades, Ciencias y Tecnología, además de otras disposiciones de la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, que pretende reemplazar a la Ley de Ciencia y Tecnología vigente, expedida en 2002, y que ha sido modificada en varias ocasiones, la última de ellas en 2015

Cabe mencionar que el 6 de abril, el entonces presidente Enrique Peña Nieto envió al Senado de la República una iniciativa de reforma a la Ley de Ciencia y Tecnología. La propuesta denominada Visión de Largo plazo (20-30) entre sus líneas pretendía diseñar estrategias transexenales con objetivos como fortalecer el diseño institucional del sistema nacional de ciencia y tecnología, fortalecer al Conacyt y al Foro Consultivo Científico y Tecnológico (FCCyT), crear el consejo de asesores científicos y tecnológicos de la Presidencia, mejorar el diseño de los instrumentos de financiamiento a la ciencia, tecnología e innovación (CTI), ampliar la estrategia de Ciencia Abierta y fortalecer a los Centros Públicos de Investigación.

Se desecha lo ganado

Hoy parece que ninguno de esos puntos son rescatables e incluso estorban para la llamada Cuarta Transformación, ya que “el nuevo Conacyt”, promotor y participante en la elaboración de esta iniciativa (para algunos, exprés), está apostando, entre otras cosas, por la concentración de funciones y el poder absoluto del destino del presupuesto para ciencia y tecnología, lo que parece grave e inquietante para la libre investigación.

Hoy, la comunidad científica así lo manifiesta a través de un pronunciamiento sobre esta iniciativa de ley. El documento emitido desde el FCCyT explica que la propuesta es un retroceso en materia de CTI, por lo que proponen analizar y discutir ampliamente por la comunidad los considerandos a través de las instancias de participación existentes, en particular del FCCyT.

Consideran además que la ley vigente tiene un sentido mucho más completo que el que se plantea y que, aunque es perfectible, responde a la necesidad de crear mecanismos que aseguren una participación incluyente del sector de CTI en el diseño de la política pública.

En el documento firmado por la mesa directiva, la cual incluye 16 instituciones e investigadores del SNI, denuncian una centralización de funciones en el aun no aprobado Consejo de las Humanidades, Ciencias y Tecnologías (CONAHCyT), también la desaparición de organismos existentes para la definición de política y consultas  en materia de generación de conocimiento, así como la asignación de atribuciones únicas para el CONAHCyT y falta de consulta con la comunidad de ciencia, tecnología e innovación.

En voz de los científicos e investigadores

“La propuesta de modificación a la Ley es muy desafortunada en el sentido de que la sugerencia es prácticamente centralizar el Conacyt y que todas las decisiones sobre programas y proyectos de desarrollo científico en México queden supeditadas a una sola instancia”, asegura José Luis Morán, presidente de la Academia Mexicana de Ciencias (AMC) en entrevista.

Ante ello, recordó que los órganos colegiados buscan la opinión de todos los actores “y pensamos que esto es lo correcto y debe prevalecer. Tanto el Foro, como la AMC, instituciones de educación superior, entre otros, somos parte de esto”.

“Cuando nos enteramos de la propuesta de la Senadora, nos preocupamos, porque además los planes de desarrollo a nivel nacional se ven lesionados, pues parte del grupo que participa en este momento de las decisiones es la Rednacecyt y ellos también son excluidos en la propuesta”, sentenció José Luis Moran

Una preocupación más que nos compartió el Dr. Morán, se encuentra en pretender ser el regulador de la investigación y aplicaciones de organismos genéticamente modificados, “cuando en realidad aquí tienen que participar incluso otras secretarías” pues la evaluación de estos temas es muy delicado y multidisciplinario.

No hemos sido consultados: Julia Tagüeña

Por su parte, la doctora Julia Tagüeña Parga, coordinadora del FCCyT, dijo a El Economista que no han sido consultados ni por las autoridades del Conacyt, ni por el Congreso respecto a la propuesta de ley, “no sabíamos nada, nos enteramos cuando la senadora Rivera hizo la presentación, no conocíamos del texto y no hemos participado en la discusión”.

Dijo que los únicos acercamientos con la doctora Elena Álvarez Buylla han sido para explicarle cómo el Foro puede crear los espacios de discusión del Plan Nacional de Desarrollo (PND) y del Programa Especial de Ciencia, Tecnología e Innovación (PECiTI), lo cual, incluso está mandatado por la Ley, “ella ha mostrado interés en que hubiera un foro donde se tomara esta discusión, pero respecto a la Ley, nada. Yo esperaría que se dé el acercamiento”.

Agregó que desde su experiencia, el Congreso sí hace consulta cuando se presenta una iniciativa de esta naturaleza y recordó que la Ley de CyT  vigente ya ha tenido reformas y en ellas siempre ha habido un diálogo amplio. Por ejemplo para reformar la Ley y solicitar que se incluyera el acceso abierto, hubo una consulta general, con foros y discusiones con la comunidad, además de una página donde la comunidad emitía su opinión y que terminó concretándose en una mejora importante de la Ley.

Anunció que desde el Foro se convocará a toda la comunidad para una discusión abierta, por lo que se creará una plataforma en línea. “Es muy importante que la comunidad se manifieste y que externe sus opiniones al respecto, finalmente la Ley representa a una comunidad”.

Un derecho a defender

Julia Tagüeña concluyó diciendo que uno de los peligros de la Ley es la injerencia en la libertad de investigación, “que es un derecho de la humanidad...Cuando se hace la declaración de derechos humanos aparece el rubro del derecho al conocimiento científico y ser beneficiado por los logros de éste. Después hay toda una serie de documentos que así lo confirman explícitamente, hoy es un derecho que hay que defender”.

nelly.toche@eleconomista.mx