AMLO quiere que sus prestaciones extra no se consideren parte de su salario

Que nadie en el servicio público gane más que el Presidente de la República, así lo dice en pocas palabras el artículo 127 de la Constitución desde el 2009. Pero en la práctica esto no se ha materializado del todo y Andrés Manuel López Obrador, como titular del Ejecutivo, convirtió este tema en una cruzada personal que ahora va por un nuevo round legislativo, el quinto.

En lo que va del sexenio, han sido cuatro los intentos fallidos del gobierno de introducir candados legales que permitan materializar este precepto y todavía hay una serie de funcionarios, entre ellos ministros, jueces, magistrados, titulares de órganos autónomos, más de 2,550 personas de acuerdo a las cuentas de Palacio Nacional, que siguen ganando más que el Primer Mandatario. Esto le cuesta al erario 2,264 millones de pesos anuales.

Parte del argumento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), cuando declaró inconstitucional este tema dentro de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos en julio de 2019, es que la remuneración del Presidente de la República no se integra sólo por el sueldo contemplado en el Presupuesto de Egresos, que este año equivale a 129,432 pesos mensuales netos, sino también por los recursos públicos asignados a sus gastos de vida, de los cuáles no hay rendición de cuentas.

La remuneración total, se argumenta en el proyecto elaborado por el ministro Alberto Pérez Dayán y aprobado por el pleno de la Corte, se integra también por “todas las prestaciones en especie propias del cargo, entre otras, alimentación, transporte, habitación, menaje de casa, seguridad, servicios de salud, ente otros”.

Para tratar de zanjar estas diferencias de opinión, dentro del paquete de 20 reformas constitucionales que presentó esta semana el presidente López Obrador se incluyó un proyecto para modificar los artículos 94, 116, 122 y 127 de la Carta Magna que incluye nuevos candados para que se respete el tope salarial que se introdujo en 2009.

En esta materia en específico se incluyen dos grandes cambios en el artículo 127 constitucional. El primero establece lo siguiente:

“La remuneración integral del Presidente de la República incluirá todas las percepciones en efectivo o en especie y no podrá exceder el equivalente a 73.04 veces el valor anual de la Unidad de Medida y Actualización”.

¿De dónde viene ese tope? ¿Por qué 73.04 y no 75.06 UMAs? ¿Cómo se define si el resultado de dicha operación es un salario apropiado para la persona titular del Ejecutivo Federal? AMLO no lo explica en la iniciativa, pero para efectos prácticos implica, por ejemplo, que el sueldo bruto que tendrá en 2025 quien asuma la Presidencia de la República este año no podrá ser mayor a 241,071 pesos mensuales, esto incluye, además del salario, prestaciones e impuestos.

Hasta ahora, el texto constitucional vigente especifica que se considera remuneración a “toda percepción en efectivo o en especie, incluyendo dietas, aguinaldos, gratificaciones, premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones, compensaciones y cualquier otra, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación que sean propios del desarrollo del trabajo y los gastos de viaje en actividades oficiales”.

Pues bien, para evitar las diferentes interpretaciones sobre lo que realmente gana el Presidente, López Obrador plantea que todos esos recursos presupuestales que sí le son asignados a su cargo, como todo lo relacionado con su vivienda en Palacio Nacional o su transporte o su alimentación, por ejemplo, simplemente no se consideren parte de la remuneración total y sólo se contemple como tope el salario definido anualmente en el Paquete Económico.

De esta manera, el nuevo texto constitucional establecería lo siguiente:

“No forman parte de la remuneración los gastos sujetos a comprobación, los gastos de viaje en actividades oficiales, servicios de seguridad y, en general, aquéllos que sean propios del desarrollo del cargo y se realicen en el cumplimiento de funciones oficiales reglamentadas y autorizadas, incluyendo los inherentes al funcionamiento de residencias, sedes, oficinas e instalaciones asignadas para el desempeño del cargo, transportes, así como uniformes oficiales, alimentación, protección civil, equipamientos y demás enseres necesarios, con excepción de los gastos prohibidos por la ley en la materia”.

Es decir, en lugar de transparentar cuánto dinero público le es asignado al titular del Ejecutivo para poder armar un paquete más realista y completo de su remuneración, el proyecto define arbitrariamente una fórmula para calcular el salario anual y omite por decreto constitucional todos los demás gastos para que ya no haya interpretaciones diversas.

“Se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República”, expresó el presidente López Obrador al anunciar este proyecto, el número 19 de la lista.

El problema es que en este caso, claridad y contundencia no equivalen a transparencia, cómo sí lo hace él mismo al incluir en la iniciativa una lista amplia de todos los recursos adicionales que son asignados cada año para gastos de los ministros de la Corte. De esta manera, la pregunta seguirá siendo la misma: ¿Cuánto gana realmente el Presidente?