Desarrollo de habilidades digitales, alternativa desigual entre los jóvenes

En la actualidad hay una fuerte expectativa en que las competencias digitales ayuden a resolver el problema del desempleo juvenil, dice la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Pero hay un gran “desencuentro entre la oferta formativa” y “los jóvenes en situación de vulnerabilidad”.

Es decir, las personas jóvenes más pobres desarrollan muy pocas habilidades digitales. Según la OIT, ése es el principal hallazgo del estudio Juventudes vulnerables, competencias digitales y formación profesional en América Latina.

Por ejemplo, el 18% la juventud en situación de pobreza no tiene acceso a internet ni en su hogar ni en el ámbito educativo. Además, 24% no tiene una computadora en ninguno de esos dos ámbitos. “Esto se profundiza cuando se analiza la penetración de internet en las zonas rurales”.

Cada 12 de agosto se conmemora el Día Internacional de la Juventud, fecha declarada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, lo que abre la oportunidad para hablar sobre los desafíos que enfrenta este grupo de la población; el acceso a la formación en habilidades digitales es uno de ellos.

El reporte constata en específico brechas de carácter socioeconómico en el acceso a internet. Las personas del quintil de ingreso más rico tienen hasta tres veces más acceso que las del quintil más pobre, de manera que el 42% de las personas menores de 25 años no tiene conexión.

¿Cómo se ve el México joven?

En México, 12.7 millones de personas de entre 20 y 29 años de edad tienen trabajo o una actividad que les genera ingresos económicos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del primer trimestre del año.

La mayoría, el 63%, se dedica a las actividades terciarias, como el comercio o el turismo. Es decir, lo que abarca a más de 8 millones de personas.

Apenas el 22% de las personas jóvenes trabajan en actividades secundarias. Sin embargo, los 3.6 millones de mujeres y hombres jóvenes sí son mayoría en ese sector, el cual se compone de la industria de la minería, manufacturas, construcción y electricidad.

El 73% de las personas jóvenes con un empleo gana hasta dos salarios mínimos. De hecho, una tercera parte de este grupo percibe menos de un salario mínimo. Sólo el 0.7% de la población ocupada en este rango de edad gana más de 5 salarios mínimos.

Luego de la crisis económica y social por la pandemia de covid-19, “los y las jóvenes regresaron al empleo de manera más rápida que las personas adultas”, dice el informe de la OIT.

Pero volvieron a un mercado laboral que conservó los déficits estructurales y existe un “riesgo latente de que la tasa de desocupación registre incrementos en el futuro cercano”.

Por ejemplo, las personas jóvenes de la región presentan “consistentemente desde hace décadas mayores tasas de informalidad y menores tasas de ocupación y participación, acentuadas por las persistentes desigualdades de género, socioeconómicas, territoriales y étnico-raciales”.

La tasa de informalidad para la población adulta en la región es de 48%, para la joven, de 63 por ciento. En tanto, mientras el 61% de la gente mayor tiene empleo, el 41% de la más joven está ocupada.

Desafíos para la formación de habilidades

La brecha de formación en competencias digitales en las personas jóvenes pobres o en otra situación de vulnerabilidad tiene que ver, principalmente, con la desigualdad social en América Latina y el Caribe, señala el reporte.

Sin embargo, la OIT identificó otras dos fallas en los sistemas de formación profesional que profundizan el problema. La primera se debe a la focalización en la población de jóvenes vulnerables; la segunda, a las características de las instituciones de formación profesional, las cuales no están permitiendo la entrada de jóvenes.

“Los desafíos de focalización en la población más vulnerable están relacionados con problemas de cobertura”, dice el informe. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el 75% de las personas en México usamos el Internet, pero eso no quiere decir que tengamos acceso a él o no de manera fácil y constante. 

En América Latina y el Caribe, el 67% de sus habitantes son usuarios de Internet. Sin embargo, cuando se mide entre zonas rurales, el 77% de la población no tiene conexión.

Si los programas de capacitación para jóvenes se enfocan en lugares donde la conexión y los dispositivos no escasean, sólo se estará ampliando la desigualdad digital.

En este escenario, la OIT reconoce que “las instituciones no tienen incentivos” para captar a los y las estudiantes que se encuentran más lejos del sistema”. Esto ocasiona barreras al ingreso.

En tanto, las personas en situación de vulnerabilidad socioeconómica se ven apremiadas por un sentido de urgencia generada por “la promesa futura, no inmediata, de una mejor inserción laboral”.

Para ello recomienda priorizar zonas geográficas donde se concentran los mayores indicadores de vulnerabilidad. Asimismo, “generar alianzas con actores locales de la sociedad civil organizada o de servicios estatales que permitan el anclaje territorial de la institución”.

Recomendaciones para cerrar las brechas

Sobre las fallas en las instituciones educativas que podrían ofertar esta capacitación, la OIT señala varios puntos, uno de ellos es la formación docente. “En el estudio, se constató la existencia de desafíos” en la actualización digital de maestras y maestros. 

Es por esta brecha que también han proliferado los bootcamps, que son programas cortos e intensivos de formación, generalmente en tecnologías digitales.

Ante ese obstáculo, el organismo recomienda “trascender la docencia limitada al aula”. Pero también incorporar “en los mandatos institucionales” a los y las jóvenes vulnerables como población objetivo. Es decir, que desde los estatutos universitarios se tenga como prioridad el ingreso de jóvenes en condiciones desfavorables.

Además, es necesario que las instituciones educativas generen una oferta formativa adaptada al desarrollo futuro del mercado de trabajo, apunta la OIT.

Y propone aplicar el modelo tripartito más asociado a instituciones laborales. Esto implica que el diseño de la formación profesional se realice en diálogo social, con la participación de gobiernos, estudiantes y personas empleadoras.