Jornaleras mexicanas, detrás del llamado de atención a EU por derechos laborales

Los señalamientos del gobierno mexicano al de Estados Unidos respecto a violaciones de derechos laborales a migrantes son, en parte, en seguimiento a la primera queja laboral interpuesta por mujeres mexicanas en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

El 23 marzo, las jornaleras mexicanas Adareli Ponce Hernández y Maritza Pérez Ovando, acompañadas por diversas organizaciones sociales, detonaron dicho proceso y sus demandas fueron incluidas en la carta diplomática enviada al secretario del Trabajo estadounidense Martin J. Walsh hace unos días.

“Lo que pedimos está muy en línea” con las omisiones que el gobierno de México señaló en esa carta, dice en entrevista Rachel Micah-Jones, fundadora y directora ejecutiva del Centro de los Derechos del Migrante (CDM). “Consideramos que es parte del procedimiento que se da en atención a nuestra queja y lo vemos como un paso muy importante”.

El CDM es una de las organizaciones que en marzo pasado pidió a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciar una queja laboral contra el gobierno de Estados Unidos. El motivo: “Su incapacidad para aplicar efectivamente las leyes laborales y promover la eliminación de la discriminación” en el programa de empleo temporal H-2.

Una semana después de esa solicitud, el 31 de marzo, la STPS respondió favorablemente y aceptó la demanda de Adareli Ponce, Maritza Pérez, el CDM y otras organizaciones, confirma Rachel Micah-Jones a El Economista. “Nos dio mucho gusto, principalmente porque tardaron poco tiempo para responder”, comenta. Y la carta diplomática, “en la que piden cooperación y diálogo, es un paso más en este proceso”.

Las violaciones laborales señaladas

La misiva diplomática ha sido parte de un cruce de señalamientos de violaciones a los derechos laborales de parte de ambos países. El lunes 10 y el martes 11 de mayo, desde sindicatos de Estados Unidos, y luego desde la Casa Blanca, apuntaron a las empresas estadounidenses Tridonex y General Motors de obstaculizar la libertad sindical de su personal en México.

El miércoles 12, el gobierno de México indicó nueve “omisiones” que las industrias agrícola y de procesamiento y empacado de proteínas de Estados Unidos comenten contra personas trabajadoras migrantes. Este lunes y martes, autoridades de ambos países se reunirán de forma virtual en la Comisión de Libre Comercio del T-MEC y el tema laboral será uno de los más importante en su agenda.

“El Gobierno de México propuso un espacio de cooperación en el marco del T-MEC”, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) en un comunicado. Sin dar a conocer la carta, agregó que este llamado no implica la renuncia “a los mecanismos de solución de controversias laborales previstos” en el tratado.

“Los temas que México quiere tratar con Estados Unidos están relacionados con lo que pedimos, pero además los amplió”, observa Rachel Micah-Jones. No sólo exige derechos para las mujeres, sino también para los hombres; y no sólo para las personas contratadas, sino también para las indocumentadas, explica. Algunas de las omisiones señaladas son:

• Falta de pago de salario y horas extras
• Impedimento para organizarse y negociar colectivamente
• Falta de regulación federal respecto al estrés por calor en la industria agrícola
• Disparidad salarial en la industria empacadora y la de procesamiento de proteína
• Acceso limitado a estaciones de lavado de manos y sanitarios
• Incumplimiento de las medidas de prevención contra la covid-19
• Las personas indocumentadas no tienen acceso a recursos legales para la reinstalación o el pago de salarios caídos
• No se han atenido los casos de violencia y acoso sexual.

El diálogo, una esperanza

En la petición de queja, las mexicanas señalan que el gobierno de Estados Unidos permite que las industrias agrícola y de empacado de alimentos discriminen a las mujeres, por lo que “incumple los compromisos del Capítulo 23 del T-MEC”.

Esta exclusión la cometen de tres maneras, explican. La primera, como “práctica común”, es que muchas son rechazadas para obtener las visas H-2 y entrar al programa de trabajo temporal que mantiene el gobierno norteamericano.

Una segunda forma se da con “el número limitado” de quienes son admitidas y que son canalizadas al programa H-2B, aunque ellas hayan pedido estar en el esquema H-2A, es decir, en el campo. Las visas H-2B es para trabajo no agrícola, por ejemplo, el empacado de alimentos, y ofrece puestos con menor salario y prestaciones, como la vivienda.

En tercer lugar, una vez en el programa de visas H-2B, “son relegadas por los empleadores” a los trabajos a los que se les paga menos. Y a los hombres les asignan las funciones con mejor remuneración, “a pesar de contar con las mismas calificaciones”.

La discriminación contra las mujeres está “en cada paso del proceso de contratación y reclutamiento”, señalan puntualmente. Pero también el acoso sexual. Maritza Pérez pudo relatar que su empleador y el supervisor de la empresa “demandaron sexo a cambio de una mejor remuneración y trabajos físicamente menos demandantes”. Ellas los rechazó y por ello la castigaron, asignándole labores físicamente más demandantes.

En estos momentos el gobierno de México ha iniciado la etapa de consultas, y de llamado a la cooperación, antes de llegar a la formación de un panel, dice la abogada y activista Rachel Micah-Jones. En su lectura, México ha optado por intentar resolver estos casos mediante el diálogo, lo cual es una buena decisión, considera.

Por el lado estadounidense, “esperamos que las autoridades van a responder, antes de que haya medidas” punitivas. El gobierno de Joe Biden ha mostrado “apertura a los cambios políticos necesarios” en el tema migratorio y refrendado el apoyo a los derechos laborales.

Pero volviendo a lo que ocurre en México, donde se inició la queja, comenta: “Me da esperanza el hecho de que analizaron la petición tan rápido, que pusieron atención a ello y que han estado haciendo su propia investigación sobre los casos” mediante la red consular. “Creo que todo eso me esperanza de que por fin se atenderá la situación de las personas trabajadoras migrantes en Estados Unidos”.