Reforma laboral en México, un cambio de 728 millones de dólares... hasta ahora

La reforma laboral en México representa hasta ahora una inversión aproximada de 14,560 millones de pesos (728 millones de dólares aproximadamente), esto incluye lo autorizado por el Congreso de la Unión entre 2020 y 2021, lo programado inicialmente por el gobierno federal para el próximo año, el presupuesto adicional para el Poder Judicial y las aportaciones de Estados Unidos.

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, informó esta semana que su país invertirá 130 millones de dólares para la implementación de la reforma laboral en México, recursos adicionales al presupuesto de 180 millones de dólares aprobado por el Congreso estadounidense para la entrada en vigor del T-MEC.

Entre 2020 y 2021, el gobierno de México ha destinado 3,884.4 millones de pesos (194 millones de dólares) para la reforma laboral, con estos recursos se ha solventado la creación y operación de los nuevos órganos encargados de la justicia laboral y la vigilancia de las nuevas reglas de negociación colectiva y democracia sindical, como el voto libre, personal, directo y secreto para elegir dirigentes o revisar contratos.

Para 2022, entre el presupuesto preliminar definido por la Secretaría del Trabajo y el gasto que coordina el Poder Judicial para los tribunales laborales en operación y la creación de los nuevos en 11 entidades, se estima que la bolsa para la aplicación de la reforma laboral ascenderá a cerca de 4,470 millones de pesos (224 millones de dólares)

Tan sólo en este año, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) contempló 2,482 millones de pesos para la operación de las nuevas autoridades laborales y un subsidio para las entidades que implementarán el nuevo modelo de justicia. Este recurso equivale a 1.6 veces el presupuesto de las tandas para el bienestar, 6 veces los destinado al apoyo para refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, 44 veces el programa de apoyo al empleo y 96 veces el dinero asignado al programa de atención a personas con discapacidad.

Parteaguas en las reglas del juego

La reforma laboral promulgada en 2019 representó el cambio de paradigma para la negociación colectiva y la solución de conflictos entre trabajadores y patrones. Las modificaciones a la legislación abrieron paso a un nuevo mecanismo de justicia con una apuesta importante en la conciliación y, por otra parte, impulsaron la democracia sindical fundada en la participación de la fuerza laboral, sólo por mencionar algunos de los cambios más representativos.

Sin embargo, este avance hacia un nuevo modelo laboral no fue sólo resultado del interés por cubrir una deuda histórica con las personas trabajadoras del país, los cambios legales fueron compromisos asumidos por México en las negociaciones del T-MEC, un acuerdo comercial con un capítulo laboral cargado e influido en buena medida por el Partido Demócrata de Estados Unidos, el mismo que recuperó la presidencia de la mano de Joe Biden.

Este contexto evidencia la importancia que ha tenido la reforma laboral en el presupuesto federal y en la agenda bilateral con Estados Unidos. En el país vecino consideran que el deterioro de las condiciones de trabajo en México ha desencadenado una competencia desleal para la inversión, eso explica el interés por una implementación adecuada de la reforma.

Los 130 millones de dólares adicionales que aportará la Casa Blanca son para “la asistencia técnica y cooperación durante los próximos tres años para trabajar con México en la implementación de la legislación laboral y para financiar programas que apoyarán a los trabajadores, mejorarán las condiciones laborales y abordarán el trabajo infantil y forzado”, informó el Departamento de Estado de los Estados Unidos.

Estas aportaciones no son otorgadas directamente a las autoridades mexicanas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo puede sugerir en qué rubro es mejor aplicarlo, pero no puede ejercer el recurso. Este fondo es administrado directamente por el Departamento del Trabajo de Estados Unidos, el cual licita los proyectos a los que pueden postular organismos y asociaciones civiles, por ejemplo, para programas de capacitación o el desarrollo de plataformas de transparencia para los sindicatos.

Aunque el destino de los recursos aún es incierto, fuentes de la STPS confirmaron a este medio que la dependencia ha sugerido reforzar las acciones para la implementación de la reforma en los estados, pues a nivel local es donde se avanza más lento. Por ejemplo, mientras el 96% de sindicatos con registro federal ya modificó sus estatutos para adecuarlos a las nuevas reglas de democracia sindical, sólo 29% de los que tienen registro local ha realizado este proceso.

Reforma laboral, el interés de EU

“Esto refleja el interés tanto del gobierno como de los sindicatos de Estados Unidos por una nueva justicia laboral en México”, opinó Alfonso Bouzas, coordinador del Observatorio Ciudadano de la Reforma Laboral (OCRL). Para el académico, el apoyo que otorgará la Casa Blanca es positivo, necesario y útil.

La reforma laboral es parte de la agenda del gobierno estadounidense y de los propios sindicatos de ese país, que no quieren una competencia desleal en México al mantener sindicatos que no cumplen con los nuevos principios de democracia sindical y de negociación colectiva, expuso el especialista.

Desde la perspectiva del abogado laboralista Arturo Alcalde Justiniani, también integrante del OCRL, el recurso que destinará Estados Unidos es un aval a los esfuerzos que está realizando México por mejorar las condiciones laborales y, al mismo tiempo, refrenda el compromiso de nuestro país por implementar de manera efectiva la reforma.

“Si se notara que no estamos avanzando, no se verían estos apoyos. El apoyo lleva consigo un mensaje no sólo monetario, sino político, sobre el sustento que realizan las instituciones que colaboran con la implementación”, subrayó el especialista, uno de los asistentes a la reunión de la vicepresidenta Kamala Harris con representantes del mundo laboral mexicano el martes pasado.

La otra cara de la moneda, agregó, es que el apoyo es el reconocimiento a que los desafíos de la implementación de la reforma se deben enfrentar juntos, porque hay un interés compartido de que los cambios en la legislación laboral alcancen sus objetivos.

Alcalde Justiniani opinó que la rama local es una de las áreas de oportunidad que tiene el nuevo modelo laboral y es ahí donde podría focalizarse el apoyo.

Por su parte, la legisladora Anita Sánchez Castro (Morena), secretaria de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, aseguró que el recurso adicional que otorgará Estados Unidos sí coadyuva para una implementación efectiva, pero también representa un apoyo a determinados sectores económicos, como la industria automotriz.

“La reforma laboral es importante porque significa un avance hacia temas que se veían lejanos en el mercado de trabajo”, afirmó la legisladora michoacana.

Sánchez Castro consideró que el nuevo modelo laboral avanza bien y los retrasos que se han presentado han estado más vinculados a la pandemia que a la falta de recursos o a la voluntad de los actores.

La reforma de 2019 contempló un esquema transitorio de implementación gradual que concluye en 2023. Este contempla plazos diferenciados para que los sindicatos adecúen sus estatutos a los nuevos principios de democracia y para que legitimen sus contratos colectivos de trabajo, así como tres fases para que inicie la operación de las nuevas autoridades laborales federales y locales en los estados.