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Capital Humano

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Visas de trabajo para Canadá y España, la opción de EU ante el fin del Título 42

Más de 11 millones de personas inmigrantes indocumentadas residen en Estados Unidos, de ellas, el 65% participa en el mercado laboral. Y a pesar de que dicho país tiene escasez de mano de obra, intentará disuadir a miles de migrantes a viajar a otros países para trabajar de forma temporal allí.

Después de tres años, dejó de estar vigente el Título 42, una medida sanitaria que Donald Trump usó para expulsar a inmigrantes a la frontera mexicana. El inminente fin ha atraído a personas que imaginan un cruce más fácil hacia Estados Unidos. Pero no es así.

El gobierno de Joe Biden desplegó a 550 efectivos militares que se suman a las 2,500 tropas asentadas en la frontera y pactó acuerdos con Canadá y España para gestionar la movilidad laboral hacia esos territorios.

Las visas de trabajo conforman una de las principales políticas para evitar la llegada masiva de migrantes sin documentos que el gobierno estadounidense, según el Instituto de Política Migratoria (MPI, por sus siglas en inglés).

El Título 42 es una sección de la Ley de Servicio Público de Salud de Estados Unidos, la cual autoriza al gobierno a utilizar medidas migratorias extraordinarias ante una emergencia epidemiológica, como la expulsión inmediata sin respetar el derecho de migrantes a solicitar asilo. Pero ante el fin de la pandemia de Covid-19, ya no hay justificación para mantenerla vigente.

La base de la estrategia es el establecimiento de Centros Regionales de Procesamiento, los cuales estarán ubicados en diferentes países de América Latina. Esas oficinas identificarán “a las personas con necesidades de protección” y las canalizarán hacia vías legales de entrada, señala el MPI.

El Departamento de Estado planea abrir alrededor de 100 de esos centros y en los próximos días lanzará una plataforma en línea para agendar citas, según ha informado esa dependencia estadounidense.

El personal examinará el caso de cada persona para determinar si es elegible para alguna de las “vías legales a los Estados Unidos, Canadá y España”, países que ofrecerán o ampliarán ofertas de trabajo temporal.

El martes, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador hablaron sobre “las fuertes medidas de cumplimiento en preparación para el regreso” del Título 8, “que tiene consecuencias más graves para las personas deportadas” que el Título 42, indica un comunicado de la Casa Blanca.

La fuerza laboral inmigrante en EU

En Estados Unidos residen 11 millones de personas inmigrantes no autorizadas, según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso (CRS, por sus siglas en inglés), publicado en agosto de 2022. La tasa de participación laboral de esa población es de 65%, puntualiza el documento.

Indica además que las personas inmigrantes no autorizadas trabajan principalmente en la agricultura, construcción, hotelería, servicios y la manufactura.

Una gran parte del aumento en los flujos migratorios está relacionada con la demanda de mano de obra en Estados Unidos y el crecimiento relativamente lento en algunos países de América por la crisis económica que desató la covid-19, dice el MPI.

Hay otras razones, como las situaciones políticas en Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití, países que, históricamente, han vivido una intervención de la política estadounidense.

La migración aumentará, pero no será en gran cantidad ni de manera duradera, prevé la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en inglés).

“Después de todo, el Título 42 difícilmente disuadió la migración” y la administración de Biden “está trabajando, con la colaboración del gobierno mexicano, para mantener el asilo fuera del alcance” de las personas migrantes, agrega.

¿Qué medidas tomarán EU, Canadá y España?

El Departamento del Estado dice que los centros regionales canalizarán a las personas a vías legales para migrar. Pero esas vías son “para adaptarse a la demanda de mano de obra de los Estados Unidos o al número de personas que probablemente intentarán mudarse al norte”, apunta el MPI.

De hecho, si contaran con ellas, podrían cambiar una buena parte “de la migración no autorizada a migración legal que brinde certeza a los empleadores, los migrantes y las autoridades públicas por igual”.

Los centros regionales brindarán información y procesarán los casos de migración hacia Estados Unidos, Canadá y España.

En días pasados, el Departamento de Seguridad de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) anunció un acuerdo trilateral para promover “una migración segura, ordenada, humana y regular”. Los tres países ampliarán “las oportunidades de migración laboral regular, incluso a través de la movilidad laboral ‘circular’ o temporal”, se informa en el comunicado.

Las autoridades estadounidenses se comprometieron a fortalecer el reclutamiento, “examinar y apoyar de manera justa y ética a los trabajadores elegibles” y aumentar la protección y la conciencia de los derechos laborales de migrantes.

La cooperación se basa en “el interés compartido en abordar la escasez de mano de obra en industrias clave en los países de destino participantes, el compromiso compartido con el empoderamiento de los trabajadores” y la necesidad de gestionar la migración irregular, sostiene.

En 2022, Canadá recibió a más de 50,000 trabajadores de México, Guatemala y el Caribe sólo en el sector agrícola, señala el DHS. Su gobierno “se compromete a aumentar la movilidad laboral de la región”, vinculando a empleadores canadienses con ministerios de trabajo nacionales.

En tanto, “España incrementará el número de personas provenientes de América Latina durante los próximos tres años a través de vías vinculadas a las necesidades del mercado laboral”.

Por su parte, Estados Unidos aumentará 25% de las visas H-2 de trabajo temporal para América Central. Con un presupuesto de 65 millones de dólares, iniciará un programa piloto de subvenciones “para empleadores agrícolas a fin de abordar la inestabilidad laboral y la escasez de mano de obra”, lo que permitirá mejorar las condiciones laborales del personal migrante, asegura el DHS.

“Queda por ver qué tan bien funcionará esto en la práctica, especialmente dada la naturaleza heterogénea de los diferentes programas, los variados mecanismos para aplicar y para qué nacionalidades diferentes son elegibles”, advierte el MPI.

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