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Florida restringe la compra de inmuebles a extranjeros; "es una iniciativa discriminatoria", dicen especialistas
La industria teme que la ley se aplique a más nacionalidades, cuando los inmigrantes representan entre 30 y 40% de los compradores de bienes raíces en el estado
Autoridades de Florida, Estados Unidos, promulgaron una nueva ley que establece limitaciones a la compra de bienes inmuebles por parte de personas procedentes de China, Cuba, Rusia, Venezuela, Irán, Corea del Norte y Siria.
La legislación fue firmada en mayo por el gobernador del estado, el republicano Ron DeSantis, con el objetivo de "combatir el terrorismo" mediante la restricción de la propiedad en un radio de 20 millas de instalaciones militares o infraestructuras clave.
Sin embargo, la iniciativa ha despertado inquietud entre jugadores de la industria inmobiliaria, potenciales compradores y organizaciones civiles.
Craig Studnicky, director general de la agencia de Real Estate ISG World, afirmó que, a corto plazo, no habrá un impacto debido a la ya limitada oferta de propiedades en Florida, aunque "no podemos ignorar las preocupaciones válidas en torno a los efectos a largo plazo y la discriminación potencial".
De acuerdo con el experto en bienes raíces, el mercado inmigrante tiene un valor significativo en el sector inmobiliario de Florida, especialmente, en el sur. Entre 30 y 40% de los compradores de esta región pertenecen a otros países.
A pesar de esto, las naciones implicadas en la ley no son los mayores inversionistas en la compraventa de propiedades del estado, por lo que no se prevé ninguna interrupción significativa en los sectores residencial o comercial.
"Pero limitar la adquisición de bienes en función de la nacionalidad es un acto discriminatorio. No podemos quedarnos en el punto de partida; tenemos que pensar en el panorama general y en las posibles consecuencias de tales limitaciones. ¿Dónde termina esto? Pues hay que considerar el alcance de estas prácticas", agregó.
Argentina y otros países sudamericanos, ¿los siguientes?
Los efectos sociales de esta ley entre la población inmigrante podrían ser importantes, según Studnicky. En principio, los más afectados son las comunidades de países como Venezuela y Cuba.
No obstante, la preocupación es que, si las restricciones se amplían, puede que no se detenga ahí:
"Argentina podría ser el siguiente país, y quién sabe dónde acabará. Estas incertidumbres han generado inquietud por la limitación de oportunidades para los sudamericanos. Es crucial tener en cuenta los posibles efectos dominó y asegurarse de que cualquier política que se aplique sea justa, inclusiva y consciente de las implicaciones que pueda tener", insistió el especialista.
Por su parte, la organización Alianza de Justicia Asiático-Americana de Florida expuso que la definición de quién puede y quién no puede comprar propiedades en virtud de estos proyectos de ley es vaga, inconstitucional y discriminatoria.
A través de un comunicado, la agrupación subrayó que la iniciativa viola la Constitución de los Estados Unidos, la Constitución del Estado de Florida, la Ley de Vivienda Justa, así como las regulaciones federales y estatales que protegen las libertades civiles y la igualdad de derechos para todos los inmigrantes.
"Estos proyectos de ley son desgarradores. Infringen nuestros derechos, libertades, y tendrán un impacto negativo en nuestras familias, comunidades y economía. Esperamos que puedan ser derogadas o enmendadas para que los chinos que viven aquí puedan volver a sentir que son parte de la nación y puedan perseguir su sueño americano", remarcó la Alianza.
Multas para agentes inmobiliarios
Si todo sale de acuerdo a lo planeado por el gobierno del estado, la ley podría entrar en vigor el 1 de julio de este 2023.
A partir de entonces, si algún propietario o agente inmobiliario vende terrenos o una residencia cerca de uno de estos lugares a extranjeros incluidos en la medida, se enfrentaría a multas de entre 500 y 15,000 dólares.
"Esta legislación ha suscitado preocupación entre muchos, incluido yo mismo, en cuanto a su constitucionalidad. Actualmente está siendo impugnada por varias partes y es posible que algunos aspectos de la ley sean anulados. Mantenerse informado es lo más importante, porque es muy probable que veamos algunos cambios o incluso revocaciones de esta ley", concluyó Studnicky.