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Lo verdadero, lo falso y las opiniones de la reforma a la propiedad privada en la CDMX
La intención del gobierno capitalino fue homologar términos respecto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
En las últimas semanas se ha generado un debate público sobre la reciente reforma a la Constitución de la Ciudad de México (CDMX) relacionada con la propiedad privada, por lo que es necesario puntualizar lo verdadero, lo falso y las opiniones que han surgido sobre el tema.
El pasado 2 de septiembre, el jefe de gobierno capitalino, Martí Batres Guadarrama, informó que había sido publicada en la Gaceta Oficial, la reforma al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México, con el fin de homologar el término de "propiedad privada" en los términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Consideramos muy importante, muy pertinente, dejar claro de cualquier manera, de forma inequívoca, que el precepto que nos guía en la Ciudad de México en materia de propiedad es el que señala el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos", declaró Batres Guadarrama al informar sobre la reforma.
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¿Qué cambió?
Al alinear la constitución capitalina a la Carta Magna de los Estados Unidos Mexicanos, los cambios de redacción fueron los siguientes:
Antes:
"La Ciudad de México asume como principios...el respeto a la propiedad privada".
Ahora:
"La Ciudad de México asume como principios...el respeto a la propiedad en los mismos términos del artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos".
¿Hay motivo de alarma?
De acuerdo con un análisis del despacho E&M Business Lawyers, si bien hubo un cambio de redacción en la constitución capitalina, para homologarla en términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto no debe de ser motivo de alarma para los habitantes de la Ciudad de México que cuentan con un patrimonio, como puede ser un bien inmueble.
Según el análisis, lo que la reforma establece es que la propiedad debe ser respetada en los mismos términos que señala el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual "protege y garantiza el derecho a la propiedad privada".
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"La reforma no afecta este derecho fundamental, sino que lo reafirma bajo las disposiciones constitucionales vigentes. En ese sentido, si el derecho está reconocido en la Constitución federal, no puede eliminarse de la normativa local", explica el despacho.
¿Pero hay riesgo de expropiación?
Otra de las versiones que han surgido ante el debate, es sobre si con este cambio, el Gobierno de la Ciudad de México amplió su capacidad para expropiar bienes.
Al respecto, el despacho refiere que tanto el Gobierno Federal como los gobiernos estatales y el de la Ciudad de México siempre han tenido facultades para expropiar bienes, lo cual erróneamente se interpreta como quitar propiedades.
Ante ello, puntualiza que una expropiación significa reclamar un bien para fines de utilidad pública, siempre y cuando exista un proceso de negociación y se ofrezca una indemnización justa al propietario.
"Este procedimiento está regulado por la Ley de Expropiación, que establece las normas a seguir para garantizar un proceso legal y equitativo, con base en los principios que establece el propio artículo 27 constitucional".
Así, apunta el análisis, la propiedad privada se mantiene intacta a pesar de la reforma al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México y para que se comience un proceso de expropiación, es necesario que éste cumpla con los principios, derechos y cauce de la normativa correspondiente.
"La reforma tampoco elimina ninguna 'garantía a la propiedad privada' ya que mantiene intactos los instrumentos jurídicos y administrativos que protegen a quienes compran, venden o heredan propiedades", resalta el informe.
Opiniones
Si bien, este cambio es más de forma que de fondo, algunas voces han manifestado su preocupación al respecto. Por ejemplo, José Antonio Manzanero, notario público y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano, indicó que pese a que no ser un cambio que impacte en la propiedad privada, genera nerviosismo al inversionista, especialmente el inmobiliario, este tipo de movimientos.
"Hoy no se ha modificado absolutamente nada, no va a pasar, ni ha pasado nada... pero hoy tenemos un Congreso Federal que puede modificar cualquier ley a la Constitución e imaginen que, a los legisladores, se les ocurra modificar el artículo 27 constitucional, ese es el gran temor de muchos inversionistas", declaró José Antonio Manzanero, notario público y expresidente del Colegio Nacional del Notariado Mexicano.
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Para el presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI), Emilio Rojas Cobián, es importante no generar incertidumbre ni desconfianza en el sector de bienes raíces, especialmente ante la tendencia positiva de la llegada de inversión al país por el tema de la relocalización de empresas.
"Somos los principales promotores de las buenas prácticas, porque la principal característica que un inmueble debe tener es la certeza jurídica. Por ciertos intereses, se está desvirtuando y generando una incertidumbre en la inversión inmobiliaria, esa es la parte que nos preocupa y ocupa. Queremos manifestar que no hay ninguna agresión a la propiedad privada con la reforma", detalló Cobián en entrevista a este medio.