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Economía

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En 2019, se tendrá el mayor recorte en servicios personales de burocracia 

El próximo año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizará el mayor recorte en los recursos que se destinan al rubro de servicios personales, que se refiere al gasto que se destina a sueldos, salarios y prestaciones sociales de servidores públicos.

Foto: NotimexNotimex

El próximo año, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador realizará el mayor recorte en los recursos que se destinan al rubro de servicios personales, que se refiere al gasto que se destina a sueldos, salarios y prestaciones sociales de servidores públicos como doctores, enfermeras, maestros, policías y legisladores.  

En un mensaje sobre el Paquete Económico del 2019, el presidente electo anunció que el presupuesto en este rubro sería por 1 billón 252,000 millones de pesos. 

Dicha cifra significaría una reducción del 9.2%, en términos reales, considerando una inflación del 3% -como se prevé en los Pre-Criterios Generales de Política Económica- y respecto del presupuesto que se aprobó en 2018 por 1.3 billones de pesos. 

Es la reducción más alta que se haya percibido desde 1990, año hasta donde tiene registro la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). En 2017 se registró la segunda reducción más alta de 2.6% y la tercera en 2004 por 2.3 por ciento. 

Leticia Armenta economista del Tecnológico de Monterrey indica que este recorte tiene dos caras, pues por un lado está bien que se reduzcan las onerosas prestaciones y salarios que percibían algunos funcionarios, pero por otro lado se puede presentar una fuga de talentos ante los bajos salarios que se ofrezcan. 

“Es un rubro del que se ha abusado porque si vemos las nóminas por secretarías, hay algunas que no reflejan el personal que realmente está empleado, es decir, son nominas que están abultadas. También se ha abusado de ciertos servicios que no tendrían que estar a cargo del erario como los seguros de gastos médicos u otros gastos personales”. 

En contraparte, al disminuir los salarios de los servidores públicos, lo que se provoca es que las personas más calificadas van a dejar el servicio público,  lo que también podría deteriorar el funcionamiento de algunas dependencias, explicó la especialista en finanzas públicas.

“Esa es la parte que tal vez no se ha visto por el siguiente gobierno, no tendría por qué tasarse a todos por igual, pues hay personas que por su especialidad o experiencia de ciertos temas y aéreas, bien merecen una remuneración importante”, acotó.  

Nadie puede ganar más que el presidente 

El pasado 13 de septiembre, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos para regular los salarios y prohibir que cualquiera secretario de estado, senador, diputado o funcionario público gane más que el presidente de la República. 

Federico Rubli, economista del Instituto Tecnológico Autónomo de México comentó que los recortes salariales no debieron hacerse a rajatabla y sin criterios, y que más que recortar salarios, los legisladores se debieron enfocar en reducir puestos de trabajo que son ineficientes. 

“Estos recortes de reducir a todos los niveles altos de la burocracia es contraproducente porque ponen en riesgo la operación eficiente del sector público. Van a batallar bastante en retener y atraer gente capacitada y especializada para desempeñar labores cotidianas del gobierno”.

Ejemplificó el caso de la SHCP, que durante años se ocupó de capacitar y prepara gente para ocupar puestos superiores como jefes de unidad en áreas técnicas, “quizá muchos de ellos no quieran quedarse con la reducción de salarios y se irán a buscar un mejor empleo en el sector privado; sus puestos serán ocupados por gente que, sólo por quedarse ahí van a hacerse cargo de un puesto que requiere de muchas responsabilidades en el manejo de dinero”.

Rubli mencionó que los bonos de productividad no se debieron eliminar, sino que se debieron establecer criterios más estrictos y selectivos para darlos. “En los últimos años, el bono lo recibían hasta el 80%, lo cual no tiene sentido, pues se supone que es un reconocimiento por la productividad. Debería estar limitado a un 10% de la plantilla”.

Armenta consideró que si bien es un buen paso, el siguiente gobierno debería analizar las funciones de los trabajadores, ya que hay áreas que requieren una especialización, por lo que no se puede tratar igual a un oficinista que puede hacer su trabajo en cualquier dependencia del gobierno a otro que requiere de especialización y experiencia.

“Dentro del área de Recursos Humanos hay técnicas para que exista un equilibrio en las tareas que realizan y un diseño congruente de incentivos para cada puesto. Si eso no se armoniza, podemos estar generando una mala ejecución del servicio público”. 

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