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Rechaza AMLO propuesta para que Inegi mida la riqueza
López Obrador rechazó la propuesta del dirigente nacional de Morena, para que el INEGI revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria.
El presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó la propuesta del dirigente nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, para que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) revise el patrimonio inmobiliario y financiero de los mexicanos, y tenga acceso a su información fiscal mediante el Servicio de Administración Tributaria.
“No creo que sea correcto, se debe mantener en privado lo que significan patrimonios de empresarios y de todos los mexicanos”, expresó el mandatario.
Reiteró que la obligación de dar a conocer los bienes patrimoniales es exclusivamente para los servidores públicos.
También añadió que para que no haya tanta desigualdad en el país, “lo mejor es que el gobierno ayude a que la mayoría de los mexicanos vaya escalando, ascendiendo en la escala social y que no se profundice la desigualdad, que no se permitan negocios ilícitos”, dijo.
Además de considerar que la corrupción es la principal causa que produce la desigualdad, y si ésta no existe, no habrá acumulación cuantiosa de recursos en pocas manos, pero ello, dijo, no cambiará dando a conocer o exigiendo que las personas den a conocer cuánto tienen, “eso no lo veo adecuado”, insistió.
Cabe señalar que en días pasados, el Comité Ejecutivo Nacional de Morena, planteo cinco cambios Constitucionales, como “las bases” para la discusión de una agenda completa de transformaciones estructurales.
Entre ellas, que el Inegi tenga la facultad constitucional de medir la concentración de la riqueza en nuestro país a través de una revisión al patrimonio inmobiliario y financiero de todas las personas.
Cofece puntualiza
Morena también planteó dotar a la Cofece de la facultad de interponer acciones de inconstitucionalidad, a lo cual la Comisión recordó que ellos no tienen la facultad de frenar disposiciones legales injustificadas y contrarias a la competencia económica emitidas por autoridades administrativas y congresos locales, por lo cual planteó la necesidad de conducir al análisis, y en su caso, la invalidación, por parte de la Suprema Corte, de restricciones regulatorias anticompetitivas, particularmente graves.
“Lo anterior lo expusimos en nuestro documento Plataforma para el crecimiento económico 2018-2024”, recordó.