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Argentina planea su licitación 5G para febrero de 2023, pero el decreto 690 resta el interés de Claro, Movistar y Personal

Argentina prepara su primera licitación de espectro para redes de quinta generación (5G) en febrero del 2023, que se sumaría a otros proyectos logrados en Chile y Brasil en meses recientes, en tanto que México planea el primer paso para la suya hacia el último trimestre del 2022.

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la primera subasta de frecuencias 5G para Argentina. Ilustración: Nayelly Tenorio.

Sergio Massa, el llamado súper secretario de Economía del gobierno del presidente Alberto Fernández, desveló que Argentina tendrá su primera licitación de frecuencias para comunicaciones 5G en febrero del 2023, y calificó al sector de telecomunicaciones como “un tractor” para la inversión y reactivación de la economía argentina, cuyo crecimiento rondaría el 3.6% en 2022 y 1.9% en ese otro año.

Las declaraciones de Massa se produjeron durante la argumentación y defensa del presupuesto fiscal del país planteado para el año 2023 ante el Parlamento argentino. Allí, el secretario declaró que “en febrero la Argentina licita el 5G y es una licitación que va a generar un volumen de inversiones en el sector de las telecomunicaciones (…) Esa es una licitación que funcionará como un tractor en términos de inversión”, dijo Sergio Massa.

La promesa del ministro para hacer realidad la primera subasta de frecuencias para comunicaciones 5G de Argentina pasa por despejar y reordenar también los trozos regionales en bloques nacionales del espectro de los 3.5 GHz allí, compuesto por hasta 300 Megahertz de frecuencias, y que se coloque en el mercado hasta en tres lotes de 100 MHz cada uno entre los tres grandes operadores del país: Movistar de Telefónica, Claro de América Móvil y Personal de Telecom, para la configuración de productos inalámbricos fijos y móviles, y para lo que primero también de ocurrir una habilitación de nuevo uso para esa banda, adicional a los enlaces punto a punto y multipunto, como ocurre actualmente.

También queda por conocer el destino de diversos lotes de frecuencias que quedaron disponibles tras la licitación de 4G del año 2014, entre los que se recuerda espectro “sobrante” en las bandas de los 700 MHz, en los 1.7/2.1 GHz (AWS) y en los 1900 MHz (PCS), que combinados todos en una misma bolsa sumarían hasta 150 MHz de señales radioeléctricas disponibles para 4G-LTE o 5G, a las que el ministerio de Sergio Massa y el regulador sectorial Enacom deberán darles definición dentro del plan nacional de espectro en el que Argentina trabaja, y que además también considera el uso futuro de bandas de los 6 GHz y de los 26 y 28 GHz para aplicaciones productividad y consumo masivo.

El gobierno argentino perfila que la licitación de frecuencias radioeléctricas para 5G dejaría al Estado un recaudo de 1,400 millones de dólares, una importante cantidad de dinero al comparársele con los 6,500 millones de dólares que toda Argentina atrajo en el año 2021 por inversión extranjera directa (IED), equivalente al 21.5% del dinero que entró al país por ese rubro en dicho año.

La última licitación para servicios de nueva generación en comunicaciones que Argentina organizó finalizó con un recaudo por alrededor de 2,000 millones de dólares, en el año 2014, y una anterior ocurrió para servicios 3G en 1998.

Pero a los planes 5G del secretario Massa los ensombrece la existencia del Decreto 690 que se publicó en fechas de la pandemia de Covid-19 y que estableció a los servicios de telecomunicaciones (telefonía fija, móvil, Internet y televisión de paga) como servicios públicos esenciales y por ello el Estado además se auto otorgó la facultad de poner topes a las tarifas de los servicios.

Este factor desanima a los operadores en el avance y mantenimiento de las redes celulares 4G-LTE, y en la compra de espectro radioeléctrico adicional para construir redes 5G, en un país cuya economía con 90% de inflación prevista para 2022 erosiona el poder adquisitivo de los hogares.

Las compañías celulares han presentado medidas cautelares contra el DN690, con el objetivo traducido de poder elevar las tarifas de servicios, que a su vez les permita hacer una generación de caja para reinvertir en el mantenimiento y despliegue de nuevas redes de comunicación.

Las telefónicas de mayor relevancia en el país, Claro, Movistar y Personal, dirigen alrededor de 400 millones de dólares por año en inversión a sus operaciones allí y en tanto Argentina les genere dividendos.

Claro de América Móvil levantó 1,193 millones de dólares en 2021 por sus operaciones argentinas, un 5% menos que en 2020. Telefónica Movistar, por su parte, reportó 2,019 millones de dólares por su negocio argentino en el mismo año. En tanto, la local Telecom, controladora de Personal, captó 2,882 millones de dólares en el año, pero esta cifra incluye las operaciones en los negocios de Uruguay y Paraguay, así como participaciones en otros negocios.

“¿Hay viento a favor para la licitación? Ahora mismo no. Otras licitaciones tuvieron algo de éxito porque el país tenía otras condiciones políticas y macroeconómicas, y no estaba presente el Decreto 690, porque estando vigente este decreto va complicar los planes de las empresas, aunque el gobierno ya dijo que lo va a modificar y las empresas quieren libertad tarifaria. Hay mucho trabajo por delante: limpiar el espectro sucio, ordenarlo, licitarlo y conseguir la habilitación de la 3.5 GHz para servicios móviles. Eso para empezar”, dijo una fuente de alto nivel en la industria de telecomunicaciones de Argentina.

El secretario Sergio Massa y el regulador Enacom tendrían un semestre para lanzar al mercado la primera licitación de Argentina, previo a la sucesión presidencial de octubre de 2023. Para entonces, la autoridad habrá resuelto todos los detalles respecto al espectro de 3.5 GHz como objetivo primero de la licitación, entre ellos qué será de las bandas que la empresa Datco tiene allí y que ha avisado que usaría para 5G también.

“¿Que se puede llegar a la fecha? Sí, porque en la industria se conocía que mucho del trabajo técnico ya estaba hecho. Hay mucho trabajo por hacer en el tema de divergencias políticas y que se termine por firmar lo que se tenga que firmar y que Massa logre convencer a las tres corrientes políticas que integran el gobierno para que la subasta salga y el rédito político no se lo lleve otro gobierno (…) Massa debe arreglar eso y convencer a las empresas para activar la inversión, porque no se ven muy interesadas en la licitación y no han definido mucho los modelos de negocio que justifiquen las inversión”, dijo la fuente.

kg

Periodista de negocios para El Economista, con especialidad en telecomunicaciones e infraestructura. Es licenciado en comunicación y periodismo por la UNAM, con estudios posteriores en el ITESM Campus Ciudad de México, el ITAM y la Universidad Panamericana. Fue colaborador en Grupo Radio Centro, Televisa, El Financiero y Alto Nivel, entre otros. Ha sido moderador en los congresos internacionales de Futurecom y NexTV Latam; y también citado en el “Estudio sobre telecomunicaciones y radiodifusión en México, 2017” de la OCDE, y en distintos informes sobre espectro radioeléctrico de la GSMA y de la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet).

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