CFE será monopolio; no habrá fracking ni reguladores, según las reformas de AMLO

En el paquete de 20 puntos que serán iniciativas de reformas a la Constitución que el presidente Andrés Manuel López Obrador difundió este lunes 5 de febrero y aseguró que enviaría de manera inmediata al Congreso a través de la Secretaría de Gobernación, hay tres puntos energéticos que requieren que se modifique la Carta Magna.

Se trata de la prohibición del fracking para extracción de hidrocarburos, la vuelta a convertir a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en una empresa pública estratégica, y la posible desaparición de los reguladores de la competencia en el sector.

En la reforma constitucional que proponemos y se entregará el día de hoy, se le devolverá a la Comisión Federal de Electricidad su carácter de empresa pública estratégica en beneficio de los consumidores domésticos y del interés nacional, criterio que le quitaron durante el periodo neoliberal con el propósito de favorecer la privatización de la industria eléctrica”, dijo López Obrador.

El comentario fue un añadido a lo relativo a otra propuesta del transporte en trenes de pasajeros, que se relaciona en los artículos a modificarse de la Constitución.

Para que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) deje de tener el carácter de empresa productiva del Estado, cuya misión es generar riqueza para el país, serán necesarios cambios a los tres artículos que en 2014 generaron la reforma actual y en 2021 un intento de contrarreforma: 25, 27 y 28 constitucionales.

En concreto, se pretende devolver a la CFE el monopolio de toda la cadena de valor en electricidad.

Para ello, el cuarto párrafo del Artículo 28 de la Constitución dice que “no constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: (…) generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente (...) la comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría”.

Para volver a un modelo sin competencia de la CFE, el país retrocedería legalmente hasta la década de los años 60 cUando la empresa, que entonces incluso tenía el soporte de otra estatal para la zona con mayor densidad que es el centro del país: Luz y Fuerza del Centro, generaba, transmitía en alto voltaje, transformaba y distribuía a menor potencia y llevaba a menos de 60% de la población, que era de 42 millones de habitantes, la energía eléctrica.

Hoy está electrificado más de 98% del país, donde la población ha crecido a más de 122 millones de habitantes.

Gracias a distintas discusiones legislativas que se han realizado desde 1964, se aprobó primero que las estatales construyeran infraestructura contratando a empresas especializadas difiriendo a largo plazo los pagos mediante el esquema de Proyecto de Inversión de Infraestructura Productiva con Registro Diferido en el Gasto Público (Pidiregas), hasta que en 1992 se aprobó el ingreso de capitales privados para vender energía generada a la CFE y a Luz y Fuerza regulados por un nuevo organismo: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) que revisaba las actividades permitidas a terceros: importación, exportación, autoabasto, producción independiente de energía y cogeneración mediante procesos industriales.

Luego, en 2014 se aprobaron cambios a la Constitución y se implementó la Ley de la Industria Eléctrica que obliga a que se despache primero la energía más barata, que por no sufrir de volatilidad en precios de combustibles y contar con incentivos para pagar menos en transmisión, es la que generan privados y vendieron en subastas el sexenio pasado. Esta Ley fue reformada en 2021 para beneficiar en la prelación del despacho la energía de la CFE, que ya suministra a todo el país (con la extinción de Luz y Fuerza en 2010) y que ya tiene competencia legal en generación y comercialización de la energía, pero conserva como actividades estratégicas para el Estado la transmisión y distribución de la electricidad.

Cabe recordar que para llevar a cabo los cambios que devolverían a la CFE a la situación previa a 2014 no hubo mayoría calificada en la misma composición partidaria que votará en esta ocasión por los cambios constitucionales en el Congreso.

Además, el primer mandatario dijo este lunes en su punto 7 que se prohibiría la extracción de hidrocarburos mediante el fracking.

La fractura hidráulica de formaciones de esquisto en que se obtienen los recursos mediante la ruptura de rocas ya se utiliza en el país, aunque no para estas formaciones sino para las convencionales y de hecho lo lleva a cabo Petróleos Mexicanos (Pemex), según admite la propia empresa en sus reportes al detallar actividades en regiones de difícil acceso o no convencionales como el norte de Veracruz y Chicontepec.

Sin embargo, para lo referente al shale o esquisto, son necesarias adjudicaciones de asignaciones a Pemex o contratos a empresas en estas geografías. Al no llevar a cabo rondas de licitación por mandato verbal del presidente, el actual gobierno impide de facto que se lleve a cabo la actividad del fracking.

Será necesario establecer que otras actividades económicas estarán por encima de la energética, para que por ley se mantenga este criterio de prohibición.

En el punto 20, López Obrador estableció que se buscará “eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, –sí, autónomos del pueblo, no de la oligarquía– creados durante el periodo neoliberal para proteger negocios particulares en contra del interés público”.

Lo anterior, incluiría a los constitucionalmente autónomos que rinden cuentas directamente al Congreso, como son el INAI, la Cofece y el IFT, pero dada la dinámica en torno a las empresas energéticas con que se ha conducido la presente administración, bien puede incluir a los reguladores del sector energético que rinden cuentas al Ejecutivo pero gozan de carácter de organismos de Estado, y tienen autonomía presupuestaria y de gestión, que son: la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

El primero de estos dos reguladores se encarga de supervisar al mercado eléctrico y todos sus participantes y actividades, además de todas las actividades de competencia en que no son exploración ni extracción de hidrocarburos o sus derivados. La CNH regula las actividades, competencia y recursos de la explotación de petróleo y gas en el país.