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Cofece no descarta vía judicial contra política de Sener sobre gas natural
La judicialización del caso depende todavía de la decisión del pleno, aunque el órgano se encuentra debilitado pues tiene solo cuatro de siete comisionados; la simple opinión negativa de la Cofece servirá para que inconformes puedan ganar amparos, opina abogado.
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) tiene como prioridad los mercados energéticos, según su titular, Brenda Hernández; sin embargo, con sólo cuatro de siete comisionados no tiene quórum para emitir resoluciones vinculantes, pero con su opinión acerca del daño a la competencia si se implementa la estrategia de la Secretaría de Energía que busca condicionar el servicio de transporte de gas natural a que la compra del combustible se haga a Petróleos Mexicanos (Pemex) o a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), puede ser suficiente para que quienes se amparan contra este ordenamiento obtengan una sentencia a su favor.
La presidenta de la Cofece, explicó a El Economista que los mercados energéticos son prioritarios para este organismo por lo que, aunque todavía depende de la aprobación del Pleno, podrían continuar con el ejercicio de sus atribuciones y defender la libre competencia en el mercado de gas natural frente al poder judicial, luego de que este domingo emitieron una opinión afirmando que la estrategia de la Secretaría de Energía para que todos los distribuidores que utilizan el sistema nacional le compren a las empresas del Estado mexicano resultará en precios más elevados del hidrocarburo.
En entrevista, afirmó que la opinión del domingo se emitió con base en el Artículo 12 de la Ley Federal de Competencia Económica, por lo que el organismo advirtió que condicionar la compra del gas natural que se transporta en el Sistema Nacional de Transporte de Gas Natural (Sistrangas) a que se adquiera a Pemex o a la CFE desincentivará la llegada de nuevos competidores y elevará los precios finales del combustible.
Opinamos contra esa estrategia en el ejercicio de nuestras facultades, porque va en contra del marco regulatorio vigente en el que se establece que el acceso a los ductos de transporte de gas natural en el país, para que así pueda desarrollarse un mercado competitivo, debe ser libre y no discriminatorio", afirmó, "en nuestros planes está defender los mercados y el energético es transversal así que lo tenemos como prioritario".
Hernández, quien tomó el cargo en el último trimestre del año pasado -ya en la presente administración aunque lleva dos décadas de servicio en materia de competencia- dijo que el marco de acceso abierto, con un Centro Nacional de Control de Gas Natural (Cenagas) como gestor independiente del Sistrangas, fue diseñado para beneficiar a todos los usuarios, públicos y privados, así como a las empresas, comercios y familias al permitir que la oferta sea competida con costos a la baja que se transfieren al precio final.
Sin embargo, la instrucción al Cenagas de negar el acceso al Sistrangas a quienes renovarán su contrato este año, orden que según se ha notificado se hará efectiva en una decena de puntos de internación de la CFE para una docena de distribuidores, así como el exhorto a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para que modifique su marco legal en este sentido, va en contra del marco legal vigente y generará distorsiones nocivas a partir del 13 de agosto, cuando se debería comenzar su implementación, según la Secretaría de Energía.
"Debe haber un Sistrangas que administre en igualdad de condiciones a todos los participantes, públicos y privados, y lo que vemos es que se está dando un trato distinto a las empresas del Estado, por lo que es importante levantar la voz en contra ante las autoridades involucradas", aseveró.
Evidencia para amparos
Miguel Flores Bernés, abogado experto en competencia económica, explicó a El Economista que la orden al Cenagas y el exhorto a la CRE significan una flagrante violación a la Constitución mexicana en lo que respecta a la competencia económica, además de que se invade la esfera de atribuciones de la Cofece, por lo que claramente este organismo podría interponer una controversia ante la Suprema Corte. Pero dado el más reciente antecedente en que el máximo tribunal rechazó un recurso de este tipo para la Ley de la Industria Eléctrica, considera poco factible que la Cofece haga algo más que emitir su opinión.
"Pero la pura opinión no vinculante es algo muy importante, porque es enfática y la emite un organismo altamente especializado, por lo que servirá como evidencia para las sentencias de amparo que interpongan los afectados por esta disposición", aseguró.
También podría iniciar una investigación por prácticas anticompetitivas si se implementa esta estrategia, pero para el voto aprobatorio del Pleno de la Cofece requiere cinco votos y sólo hay cuatro comisionados nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado.
De cualquier manera, al finalizar esta investigación y si resultara que en efecto daña la economía nacional, emitiría otra opinión no vinculante.
Pero cabe resaltar que este lunes 10 empresas obtuvieron la suspensión provisional de la estrategia que todavía no se implementa, y aunque la Secretaría de Energía aseguró que impugnará esta orden del Juez Segundo de Distrito especializado en Competencia Económica, la opinión de la Cofece podrá usarse como evidencia.