Coparmex pide a la STPS aplazar la entrada en vigor de reforma en materia de outsourcing a 2022

A unos días de que concluya el plazo para el Registro de Empresas Prestadoras de Servicios Especializadas y Obras Especializadas (REPSE), sólo 38,000 empresas de 90,000 han completado sus trámites para ser operadoras, y existe el riesgo de que dejen de dar sus servicios, desaparezcan del mercado y se pierdan fuentes de empleo formal, alertó el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), José Medina Mora.

El sector empresarial se pronunció porque la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) y los legisladores homologuen el plazo de entrada en vigor de la reforma en materia de subcontratación hasta el primero de enero del 2022, para que las empresas concluyan con el trámite de prestadoras de servicios.

De acuerdo con estimaciones de la Coparmex, “podrían ser más de 250,000 empresas las que requieran tramitar su registro ante el REPSE, por lo que a partir de septiembre dejarán de prestar servicios a sus clientes y de seguirlos prestando podrían tanto clientes como prestadores ser sujetos de sanciones”.

Medina Mora advirtió, con oportunidad, que la ampliación concedida al 1 de septiembre no era suficiente, ya que se requería de un plazo mayor; así que de acuerdo con estimaciones del sector patronal alrededor de 90,000 empresas han tramitado su registro ante el REPSE y la mayoría esperan respuesta positiva o negativa por parte de la STPS a escasos días de la fecha límite.

A escasos cuatro días hábiles, sitúa a las empresas en una condición de extrema vulnerabilidad, ya que podrían ser rechazadas y quedar sin la posibilidad de seguir operando.

“Sólo el 44% de las empresas que han iniciado los trámites para su registro han obtenido la autorización del REPSE, lo que quiere decir que al 56% de quienes lo solicitaron se les ha negado o están pendientes de que se les otorgue”, refirió el líder del sindicato patronal.

El presidente de la Coparmex conminó a la Secretaría del Trabajo que comparta la problemática actual con el Congreso para que se conceda una ampliación razonable del plazo para la entrada en vigor la reforma en materia de subcontratación y se homologue hasta enero del 2022 para el sector privado, tal y como fue establecido para el sector público.

“Es además de gran importancia que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Servicio de Administración Tributaria (SAT), expidan los criterios de interpretación de la reforma sobre la aplicación del registro, para que las empresas tengan claridad y certeza jurídica de cuándo se requiere el registro de personas que prestan servicios o ejecutan obras especializados y cuándo no es necesario dicho registro”, planteó José Medina.