Cumple un año extinción de LFC

El lunes 11 de octubre se cumplirá un año de que el Ejecutivo federal decretó la extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), 'por no resultar ya conveniente su operación para la economía nacional ni para el interés público'.

Al menos 16,000 de los 44,000 trabajadores que estaban activos en esa empresa al momento de ser decretada la extinción se mantienen en resistencia, 28,000 aceptaron su liquidación y más de 22,000 jubilados cobran sus pensiones normalmente, mientras dos facciones se disputan la titularidad del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME).

El Servicio de Administración y Enajenación de Bienes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) fue el encargado de asumir la titularidad en el proceso de liquidación del organismo paraestatal, con la directriz de la Secretaría de Energía (Sener).

La Comisión Federal de Electricidad (CFE), en tanto, opera el servicio en la que fue área de competencia de LFC y que comprendía todo el Distrito Federal, 80 municipios del estado de México, dos municipios de Morelos, dos de Puebla y cinco de Hidalgo.

LOS MOTIVOS

Aproximadamente a las 23:00 horas del 10 de octubre de 2009 elementos de la Policía Federal Preventiva, sin incidentes de violencia, tomaron simultáneamente las oficinas centrales y subestaciones de LFC en la capital del país y en los estados donde había instalaciones de ese organismo.

En el decreto de extinción expedido por el Ejecutivo federal el 11 de octubre de 2009, publicado en la edición de ese mismo día del Diario Oficial de la Federación y explicado por el entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, se enumeran en tres incisos las razones para el cierre de la paraestatal.

Primero se señalaba que el porcentaje de pérdidas totales de energía de LFC era excesivo y superior casi tres veces al de la CFE, y que casi ninguna empresa del mundo reporta esas pérdidas. Hasta junio de 2009 la compañía de luz perdió 30.6% de energía, mientras que la Comisión Federal de Electricidad perdió 10.9.

Como segundo punto aseguraba que en 2008 LFC perdió 32.5% de la energía que compraba y generaba para vender. El valor estimado de esas pérdidas totales ascendió a casi 25,000 millones de pesos, lo que representaba 52% de ventas del organismo.

En tercer lugar añadía que en el mejor de los casos los costos unitarios de las obras que ejecutaba Luz y Fuerza del Centro eran 176% superiores respecto de los costos de la CFE.

En la exposición de motivos se asentó que desde su creación el organismo no había cesado de recibir transferencias presupuestarias cuantiosas que, lejos de disminuir, se habían incrementado en años recientes.

De 2001 a 2008 tales transferencias se incrementaron más de 200%, y para el ejercicio 2009 serían del orden de 41,945 millones.

De continuar el mismo comportamiento se calculaba que podrían alcanzar 300,000 millones de pesos durante la presente administración; se aseguraba que los costos de LFC casi duplican sus ingresos por ventas.

De 2003 a 2008 registró ventas por 235,738 millones de pesos, mientras sus costos fueron de 433,290 millones, incluyendo la energía comprada a la CFE.

El organismo registraba un pasivo laboral de 240,000 millones de pesos, de los cuales solamente 80,000 millones correspondían a trabajadores en activo y 160,000 millones a personal jubilado.

En ese contexto se recordó que el 28 de septiembre de 2009 la Sener propuso la desincorporación por extinción de LFC y que la Comisión Intersecretarial de Gasto Público, Financiamiento y Desincorporación emitió un dictamen favorable a dicha propuesta.

LAS LIQUIDACIONES

Las secretarías de Hacienda, de Energía y del Trabajo debían coordinarse a efecto de que las indemnizaciones a los empleados fueran pagadas en el menor tiempo posible, y las dos primeras se encargarían de que el liquidador recibiera los recursos necesarios.

Dadas esas circunstancias, para la liquidación de los trabajadores se abrieron tres etapas que incluyeron compensaciones adicionales a las que por ley corresponden en casos de ese tipo; es decir, que se les entregaría un pago extraordinario además de lo que prevén la Ley Federal del Trabajo y el Contrato Colectivo de Trabajo.

Se ciñeron a este programa voluntario aproximadamente 28,000 trabajadores; los 16,000 que se negaron a aceptarlo mantienen su resistencia en espera de recuperar su fuente de trabajo y en reclamo de que la CFE se asuma como patrón sustituto.

LA DIVISIÓN DEL SME

Este proceso de liquidación de LFC coincidió con un complicado escenario para el sindicato de electricistas, que había realizado a mitad de 2009 un proceso interno de elección para renovar a una parte de sus Comité Central, incluida la Secretaría General.

Dos planillas compitieron por esas carteras: una encabezada por Martín Esparza Flores y otra por Alejandro Muñoz Reséndiz. El resultado inconformó al segundo, quien acudió a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) para impugnar el proceso debido a presuntas irregularidades.

La Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) resolvió que las anomalías eran tales que la obligaban a no entregar la Toma de Nota a la planilla que supuestamente había ganado el proceso, encabezada por Esparza Flores.

Este conflicto intersindical fue momentáneamente dejado a un lado por las dos facciones cuando sobrevino la extinción de LFC y tanto Esparza Flores como Muñoz Reséndiz convinieron unirse para luchar por preservar la fuente de trabajo.

Sin embargo, sólo unos días después el pacto se rompió debido a diferencias irreconciliables entre ambos líderes por las formas que cada uno propuso para emprender la lucha sindical y sus objetivos.

El grupo de Martín Esparza Flores optó por las manifestaciones y la lucha jurídica y política por revertir el decreto de extinción del organismo paraestatal, sin aceptar las liquidaciones ofrecidas por el gobierno federal.

Muñoz fue partidario de no afectar a la ciudadanía con marchas y plantones, aceptar que cada trabajador en lo individual decidiera si se liquidaba o no, explorar las alternativas para la recontratación en la CFE y crear empresas de ex trabajadores que prestarían servicios tanto a esa paraestatal como a otras entidades de gobierno.

El conflicto por la extinción de LFC y sus repercusiones llegó a instancias como el Congreso de la Unión y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), donde se analizó la pertinencia de las peticiones del grupo de Esparza Flores.

LA RESISTENCIA

Los legisladores formaron comisiones especiales para atender las demandas del SME y ante la Corte llegó una controversia contra el decreto de extinción promovida por algunos diputados; paralelamente, 150 integrantes de ese gremio se declararon en huelga de hambre.

El resultado fue que los magistrados declararon constitucional el citado decreto y por tanto el carácter irreversible de la extinción de Luz y Fuerza del Centro.

Esa decisión generó que los ex trabajadores en resistencia intensificaran sus protestas y se deteriorara la salud de cuando menos dos electricistas que mantuvieron su huelga de hambre por casi tres meses: Cayetano Cabrera Esteva y Miguel Angel Ibarra Jiménez.

En el terrero de las demandas laborales, las autoridades de la JFCA determinaron también la conclusión de las relaciones contractuales entre la compañía y los ex trabajadores, declararon la no vigencia del Contrato Colectivo de Trabajo y que la CFE no tiene facultades legales para ser patrón sustituto.

A pesar de ello, la madrugada del 23 de julio los integrantes del SME levantaron su huelga de hambre que cumpliría 90 días, luego de acuerdos logrados entre su dirigencia y las secretarías de Gobernación (Segob) y del Trabajo y Previsión Social (STPS).

Los funcionarios federales y el SME acordaron instalar una mesa de diálogo de alto nivel con el objetivo de revisar y concretar alternativas de solución al conflicto derivado de la extinción de LFC.

Ese acuerdo fue firmado por el nuevo titular de Gobernación, José Francisco Blake Mora; del secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón, y el líder del SME, Martín Esparza Flores.

Durante una asamblea general celebrada el jueves 7 de octubre, la facción del SME que dirige Esparza consideró que no ha habido avances en la negociación y que las autoridades han incumplido su compromiso de encontrar soluciones a las peticiones de este gremio.

Reclamó que no les han entregado la Toma de Nota tras las nuevas elecciones que realizaron y en las que, a su decir, resultaron electos 25 miembros del Comité Central, incluido a Martín Esparza como secretario general.

Además aseguraron que no les han dado respuesta a su exigencia de que CFE se asuma como patrón sustituto o crear una nueva empresa que explote la fibra óptica que, según afirman, es propiedad de LFC y que en la actualidad utiliza la Comisión Federal de Electricidad.

En este contexto, Alejandro Muñoz Reséndiz, líder de la disidencia del SME, descalificó las amenazas de Esparza Flores y les recordó a los funcionarios del gobierno que el chantaje de que son objeto por parte de su adversario lo han permitido ellos al no ponerle un alto.

Agregó que al ver perdidos prácticamente todos los juicios legales que ha emprendido, Martín Esparza 'y su gente' regresarán a las marchas que afectan a los ciudadanos, pues lo único que les interesa es apoderarse del patrimonio del sindicato que asciende a 25 mil millones de pesos.

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