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EU destina 10 millones de dólares para fortalecer la inspección laboral
El objetivo general es mejorar el cumplimiento de las leyes laborales en México, en la convocatoria destaca que el proyecto está centrado en fortalecer los sistemas de administración laboral para el cumplimiento e inspección.
Foto: Archivo
La inspección laboral será un eje fundamental en el cumplimiento de la reforma laboral, una vez que entraron en funciones —en 8 estados— la justicia laboral, la legitimación de contratos colectivos de trabajo y la eliminación de la subcontratación. Ante ello, el gobierno de Estados Unidos, a través del la Oficina de Asuntos Laborales Internacionales (ILAB), Departamento de Trabajo, anunció la disponibilidad de 10 millones de dólares para asistencia técnica en inspección.
En ese sentido, destaca que el objetivo general es mejorar el cumplimiento de las leyes laborales en México, en la convocatoria destaca que el proyecto está centrado en fortalecer los sistemas de administración laboral para el cumplimiento e inspección, y mejorará el compromiso con los actores de la cadena de suministro dentro de los sectores prioritarios del Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) para reducir el incumplimiento de las leyes laborales mexicanas en Nuevo León, Sonora y Baja California.
Por lo que este proyecto tiene un enfoque en alinear las prácticas laborales con la reforma constitucional de México de 2017 sobre justicia laboral y la reforma de la legislación laboral de 2019.
Los resultados a nivel de proyecto son: Mejora del cumplimiento de las leyes laborales por parte de los inspectores del trabajo en los estados objetivo en los sectores prioritarios del T-MEC.
Mejor administración de las inspecciones laborales en los sectores prioritarios del T-MEC. Y por último, mayor compromiso de los inspectores de trabajo con los actores de la cadena de suministro con respecto a los requisitos legales laborales en los estados objetivo y los sectores prioritarios del T-MEC.
La duración del proyecto será de un máximo de 4.5 años (54 meses) a partir de la fecha de vigencia de la adjudicación.