EU sube alerta por política energética de México

Las políticas energéticas de México dañan a inversionistas estadounidenses, advirtió la Representación Comercial de Estados Unidos (USTR, por su sigla en inglés) con antelación a la votación de la reforma energética en México.

Desde 1999 a 2021, México captó 19,982 millones de dólares de flujos de Inversión Extranjera Directa (IED) en la rama productiva de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, de los cuales 2,441 millones correspondieron a inversionistas estadounidenses.

España es el principal origen de esos flujos, con 8,355 millones de dólares, mientras que otras fuentes destacadas son Italia (4,336 millones), Canadá (2,353 millones), Japón (1,185 millones) y Francia (793 millones).

Este viernes, la titular de la USTR, Katherine Tai, participó en una mesa redonda virtual con legisladores, ONG ambientalistas, asociaciones empresariales y empresas estadounidenses sobre los “preocupantes desarrollos” en el sector energético de México y las implicaciones para la economía mexicana en sus compromisos bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

“Tai agradeció al amplio grupo por unirse a la conversación. Señaló que las políticas energéticas de México dañan al medio ambiente, las empresas estadounidenses y los intereses de los inversionistas en múltiples sectores, y obstaculizan los esfuerzos conjuntos para mitigar el cambio climático”, refirió un comunicado de la USTR.

Tai concluyó que tomaría en cuenta el aporte compartido en el encuentro, mientras la USTR continúa analizando el cumplimiento de México con sus obligaciones bajo el T-MEC.

El presidente Andrés Manuel López Obrador envió una propuesta de reforma constitucional al Congreso en octubre de 2021 para proteger los intereses del sector público sobre las empresas privadas en el mercado eléctrico.

El objetivo es que CFE tenga una participación garantizada de 54% en la generación eléctrica. Actualmente, la ley da preferencia al despacho de la energía de menor costo a la red, que a menudo es producida por empresas privadas.

Un reciente análisis del Congreso estadounidense indicó que las decisiones del gobierno mexicano de detener nuevas subastas en el sector de petróleo y gas, así como en proyectos de energía eólica y solar, sorprendieron a los inversionistas y “pusieron en el limbo a cientos de proyectos existentes”.

López Obrador comentó el viernes que la reforma eléctrica se aprobaría sin modificaciones y pondría fin a “contratos leoninos”, además de que el gobierno de México no indemnizará a empresas afectadas. “Son leoninos porque no puede ser que estas empresas, por influyentismo (sic), tengan subsidio”, agregó.

Tai comenzó la discusión señalando las “serias preocupaciones” de la USTR con “el deterioro de la trayectoria de las políticas energéticas de México”, incluida una serie de acciones en curso que el gobierno mexicano ha tomado para aumentar el control estatal y limitar la competencia en el sector energético.

Según el comunicado de la USTR, Tai escuchó directamente de los participantes sobre estos temas, incluidos los “retrasos crónicos” en los permisos para las instalaciones de energía renovable y los cierres abruptos de numerosas terminales de combustible cerca de la frontera con Estados Unidos.

Los participantes señalaron que estos desarrollos están debilitando la confianza de los inversionistas en México, a expensas del medio ambiente.

España es el principal origen de la IED eléctrica, con 8,355 millones de dólares, mientras que otras fuentes destacadas son Italia (4,336 millones), EU (2,441 millones), Canadá (2,353 millones), Japón (1,185 millones) y Francia (793 millones).

Las propuestas de la iniciativa eléctrica:

1. Cierra a la inversión privada el mercado de suministro eléctrico, por lo que la CFE sería nuevamente el único comercializador al usuario final.
2. Cancela los contratos y permisos actuales de los generadores privados, quienes en adelante podrían vender su energía únicamente a la CFE.
3. Le garantiza a la CFE una cuota mínima de 54% de la generación eléctrica nacional y a los privados les impone un tope de 46 por ciento.
4. Centraliza las labores de regulación del mercado eléctrico en la Secretaría de Energía y la propia CFE, marcando así la desaparición de la CRE, en incluso de la CNH.
5. Devuelve a la CFE el control del sistema de despacho eléctrico, pues el Cenace sería nuevamente un órgano subordinado de la empresa.
6. Desaparece el despacho eléctrico de criterio económico, por lo que ahora la energía que suba primero al sistema será la de la CFE, independientemente de su costo.
7. Decreta la prohibición de otorgar nuevas concesiones de litio a privados, por lo que solo entes del Estado podrán aprovecharlo.
8. La CFE se vuelve la única encargada de conducir el proceso de transición energética hacia fuentes libres de CO2.

roberto.morales@eleconomista.mx