La 4T no dio el paso político para bajar los precios del espectro para telefonía e Internet en México

El Estado mexicano mantendrá para 2024 las mismas tarifas que aplicó entre 2022 y 2023 por el uso de espectro radioeléctrico en servicios masivos de Internet y telefonía. México se mantiene así como el país más caro del continente americano para comprar bandas radioeléctricas y no está claro si la primera subasta de espectro para servicios 5G que estaba diseñando el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), entre ahora en una fase de hibernación por el riesgo de que también naufrague como una licitación del 2021, por los altos precios de las frecuencias.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), en su Iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal del año 2024, sólo determinó no actualizar los precios de las bandas radioeléctricas conforme a la inflación y con ello descartó que los hogares de menores ingresos y también los mexicanos con menor renta —14 millones de viviendas y 47 millones de personas— enfrentarán alzas de precios por el consumo de esos servicios, fuesen estos móviles o inalámbricos fijos.

La decisión de la Secretaría de Hacienda significa que los operadores AT&T y Telcel deberán acreditar los mismos niveles de pagos anuales de derechos por usar sus frecuencias en servicios de 3G, 4G o 5G. Estos niveles de tributación fiscal difícilmente permitirán el ingreso de un nuevo operador de telecomunicaciones como sí consiguió Brasil con su licitación de 5G.

El impacto financiero de la carga impositiva que establece la Secretaría de Hacienda es tan profundo, que Telefónica ya retornó todas sus frecuencias al Estado y éste ha dejado de recaudar 13,471 millones de pesos (770 millones de dólares) desde el año 2020 por ese tipo de devoluciones; tanto dinero como para financiar el 36% de lo que costó la modernización la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México.

Mantener los mismos criterios también pega a Altán

La determinación de Hacienda —que se habría tomado en un contexto en el que se advierte que el 2024 sería el año con el mayor déficit público de México en tres décadas—, también complicará los planes del Altán Redes, el otro operador con espectro móvil en México, en su intención de comprar más bandas para crear productos de 5G que lo mantengan competitivo a ojos de sus clientes mayoristas que ya voltean a ver a Telcel y AT&T por sus redes en modernización. Altán Redes es una empresa privada, controlada actualmente por el gobierno federal y opera la Red Compartida de servicios mayoristas; y esa red también es público-privada y su tecnología sólo transmite en 4G.

Respecto a la media internacional, México cobra 96% más caro las frecuencias de 2.5 GHz, de las mejores para Internet móvil 4G. También tasa más cara la banda de 3.5 GHz, de las más idóneas para construir redes 5G por el mundo; y las frecuencias de 1.7/2.1 GHz y de 1.9 GHz, las más utilizadas para 3G, también las vende en 88% más cara. Y también hay disponibles frecuencias en las bandas de los 600 MHz y de 1.5 GHz (Banda L), ideales para redes 5G, pero que también podrían quedarse en el cajón por su alto costo.

“Con la finalidad de salvaguardar el derecho constitucional de la población al acceso a las telecomunicaciones, se propone dar continuidad a la disposición transitoria incluida en el ejercicio fiscal anterior, para que las cuotas de los derechos previstos en los artículos 244, 244-A, 244-B, 244-E, 244-E-1, 244-G, 244-H, 244-I y 244-J de la Ley Federal de Derechos no se actualicen por inflación y se mantengan en sus valores vigentes en 2022 y 2023, lo que prolongaría el apoyo otorgado para disminuir el pago de servicios de telecomunicación móvil que realizan los hogares mexicanos con menores ingresos”, propuso la Secretaría de Hacienda a los diputados de San Lázaro, quienes ahora son la última esperanza los industriales de las telecomunicaciones para reducir el peso fiscal que cargan por explotar bandas en México.

Pero la decisión de la Secretaría de Hacienda impacta precisamente a los hogares con menor renta en México —de 587 dólares por mes—, porque al dirigir recursos al cumplimiento de la carga fiscal, los operadores pueden pretextar un lento avance de las coberturas celulares hacia las regiones de marginación y alta marginación social, que se traducen como 27 millones de mexicanos viviendo allí.

En México ya existen disponibles innovaciones tecnológicas que pueden acelerar el crecimiento de la cobertura celular y la penetración de Internet, pero para hacerlas realidad los operadores primero deben conseguir un cierto grado de rentabilidad de sus redes que cubren áreas urbanas y monetizar también antes nuevos servicios de valor agregado. La penetración de Internet en México batalla para superar la marca del 80%; eso significa que unos 32 millones de mexicanos todavía carecen de una conexión digna a Internet.

La 4T valoró dar el “paso político” y no pudo

En mayo pasado, ante el consenso de la industria de telecomunicaciones —ésta participa anualmente con 35,520 millones de dólares en el PIB de México y mantiene 309,000 empleos directos en todo el país—, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) esperanzó en el foro GSMA Mobile 360 Latin America / CLTD 2023, que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador sería sensible en una reescritura de los precios del espectro.

“Ya hay mucho análisis técnico y conclusiones… La conclusión es que falta dar el paso político que definirá qué vamos a hacer. Nos falta llegar a una decisión y esa decisión está en el poder político (…) Antes, el argumento era una cuestión recaudatoria… Las condiciones que prevalecían entonces pudieron haber estado justificadas, pero ahora hay nuevas condiciones y hay que tener un nuevo posicionamiento”, animó la SICT a los operadores de telecomunicaciones.

Pero la SICT también advirtió: “No hay una posición homogénea en el gobierno; hay varias voces y a todas hay que oírlas (…) Esta es una decisión política que se tomará al más alto nivel”.

Esa posición terminó por imponerse en la Secretaría de Hacienda, de lo contrario México hubiera seguido los pasos de Brasil y Chile, y más recientemente de Colombia, que ajustaron sus políticas públicas en cuanto la colocación de espectro entre los operadores, privilegiando los despliegues de cobertura 4G y 5G entres sus empresas y ciudadanos, para que al consumir más servicios y desarrollando nuevas aplicaciones para procesos productivos a partir de las telecomunicaciones, se crearían generarían nuevos ingresos a favor del fisco.

Ni Morena, ni el PRI y tampoco el PAN pudo bajar el espectro

El gobierno de la Cuarta Transformación también deja escapar la oportunidad de reescribir a la baja los precios del espectro como tampoco pudieron y quisieron los gobiernos del PRI y del PAN. El primero de ellos tuvo la oportunidad el sexenio pasado, en el contexto de la construcción de la reforma sectorial de telecomunicaciones. El segundo tuvo dos oportunidades, entre los años 2000 y 2012, con su política de cobertura, convergencia y competencia.

En su Paquete Económico para el ejercicio 2024, la Secretaría de Hacienda en el gobierno del Morena tampoco marcó un hito al ajustar los precios del espectro en México por primera vez en 25 años, desde que en 1998 se licitaron las primeras bandas radioeléctricas para servicios 2G en las frecuencias de 1.9 GHz (PCS), de las mismas que Movistar retornó al Estado en 2020 por su alto costo. 

Esto es “muy lamentable para el desarrollo del sector”, dijo una fuente del Instituto Federal de Telecomunicaciones, el mismo cuyas propuestas no fueron atendidas por Hacienda. Este es el sexto año que el gobierno federal ignora las recomendaciones del IFT en la materia.

Todavía hace tres semanas, el IFT planteó a la Secretaría de Hacienda estudiar dos mecanismos para vender barato el espectro y compensar la tributación faltante a través de otros rubros.

Uno de los esquemas proponía reducir los precios de todas las bandas para todos los operadores. El otro esquema planteaba reducir las frecuencias para todas las compañías, salvo para Telcel por su capacidad financiera de poder comprar todo el espectro disponible, si fuera esa su intención.

La Hacienda de un gobierno del PRI y ahora una conducida por Morena, ya ignoraron seis veces al IFT. Eso significa que para el año 2024, la empresa Telcel seguirá abonando impuestos por sus bandas, equivalentes al 5.7% de sus ingresos. AT&T lo hará en un equivalente del 17.3% de sus entradas anuales de dinero, un factor que la obligaría a devolver más espectro.