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Ley de la Industria Eléctrica será el cambio de mayor impacto negativo en el crecimiento económico en México: CEESP

De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el costo estimado de la Ley Eléctrica es significativo y refleja las prioridades del gobierno, donde se requiere un presupuesto superior al que poseen 21 de las 26 dependencias del sector público.

Foto: Archivo

La recién aprobada Ley de la Industria Eléctrica será el cambio de mayor impacto negativo en el crecimiento económico en México, cuyo PIB podría ser menor al 4% al cierre del 2021, ya que implicará un costo superior a los 60,000 millones de pesos, que afectará el bienestar de la población en el mediano y largo plazos, así como las perspectivas de inversión del país, afirmó el sector privado.

De acuerdo con estimaciones del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP), el costo estimado de la Ley Eléctrica es significativo y refleja las prioridades del gobierno, donde se requiere un presupuesto superior al que poseen 21 de las 26 dependencias del sector público.

“(Los 60,000 millones de pesos) son el 95% del gasto aprobado para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el 41% del gasto de la Secretaría de Salud, el 31% del de la Secretaría del Bienestar y el 18% del presupuesto de educación pública”, refirió.

Esta reforma, entre muchas otras acciones que actúan en contra de la inversión tomadas en los últimos dos años y medio por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador afectará severamente la confianza en el país y la credibilidad en el mismo, así como su productividad y competitividad, sostuvo.

Más allá de los mayores costos en los que el sistema eléctrico incurrirá, la aprobación de las reformas a la ley eléctrica presenta varias contingencias de orden jurídico en el ámbito internacional e internacional, recordó, puesto que México cuenta con alrededor de 40 tratados de protección de inversiones, 12 de los cuales se inscriben dentro de tratados de libre comercio multilaterales o bilaterales.

“Todos ellos contemplan protecciones bajo expropiación y su equivalente, trato justo y equitativo, trato nacional y nación más favorecida, entre otras. No hay duda de los riesgos que México enfrenta en este ámbito, incluyendo posibles arbitrajes internacionales de elevado costo”, acotó el organismo aglutinado en el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Lamentó que los cambios aprobados por los legisladores favorezcan el monopolio público de la generación eléctrica, coartando gravemente la competencia de otros generadores.

De modo que el despacho de electricidad a la red, que ahora se hace con base en los costos variables de cada fuente de generación, con las más baratas en la parte más baja de la demanda del día, y por lo tanto permanentemente, y utilizando fuentes más caras a medida que la demanda se eleva a horas pico, cambiará totalmente.

“Con la nueva ley, primero se usarán las plantas de la CFE, que son viejas, ineficientes y de alto costo, y se hará permanentemente, para dejar a otras energías más modernas y limpias, como las eólicas y solares, para los picos de la demanda. Sencillamente, eso no tiene sentido ni económico, ni ambiental, y se aparta de las buenas prácticas básicas reconocidas internacionalmente por más de medio siglo”, reprochó el CEESP.

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