Mediocre, propuesta de FCH en competencia

La iniciativa para reformar la Ley Federal de Competencia Económica aprobada por los diputados es mediocre , pues si bien constituye un paso en la dirección correcta, contiene elementos que debilitan a la Comisión Federal de Competencia (CFC) y vulneran la incertidumbre jurídica de los agentes económicos, determinó el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY).

Tras un proyecto evaluado por expertos en competencia económica, el CEEY dio una calificación de 5.4, de un total de 10, a la propuesta del Ejecutivo federal sobre la reforma a la Ley Federal de Competencia Económica, que fue aprobada por los diputados en la Legislatura pasada, puesto que contiene focos rojos que derivarían en problemas graves de litigiosidad.

Entre ellos: las sanciones (económicas y penales) carecen de reglas claras; otro aspecto es que se coincide en que se requiere una segunda instancia de apelación a las resoluciones, pero no que sea el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, como se propone en la iniciativa. También se carece de límites a las facultades que se le dotan a la CFC para sancionar las actividades reservadas al Estado, que se vinculan a los procesos productivos del monopolio por naturaleza, explicaron Víctor Pavón y Rafael Valdés.

Perfeccionarla, en manos del Senado

De modo que está en manos del Senado perfeccionar la minuta de ley, porque las sanciones penales son una buena práctica internacional, pero no debe estar sujeta a la discrecionalidad de las facultades de la CFC sobre cuándo sí o no debe investigar para querellar, insistió Valdés, abogado de profesión. El doctor Enrique Cárdenas, responsable del CEEY, sostuvo que se requerirán entre cinco y siete años para lograr la total operatividad de la actual reforma, eso sin tomar en cuenta que el Poder Judicial no considere la anticonstitucionalidad sobre algún punto del proyecto.

La especialista Lucía Ojeda dijo que la iniciativa planteada está lejos de una reforma integral a la política de competencia, puesto que se requiere que la CFC tenga una relación orgánica e incidencia sobre los demás órganos reguladores como Cofetel, CNBV y Cofemer, entre otros.

Respecto de la propuesta del senador Manlio Fabio Beltrones, los panelistas respondieron que con la autonomía propuesta para la CFC, se corre el riesgo de que se pierdan facultades para sancionar, pues se debilita la figura del Presidente al reducir a cuatro años su periodo; mientras que el que los comisionados sean ratificados por los senadores podría politizarse.

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