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México admite queja de EU contra planta de Draxton, en Irapuato

A partir de la admisión de esta solicitud, la STPS cuenta con 36 días para conducir una investigación interna y determinar la existencia o no de una denegación de derechos sindicales.

Draxton de México, S.A. de C.V. entró en la lista de empresas que serán investigadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) para presentar una propuesta de remediación por las violaciones a los derechos laborales de los trabajadores de la planta de Irapuato, Guanajuato.

Lo anterior, como parte del proceso que se sigue al aplicarse el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida que forma parte del Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC).

El gobierno de México informó que, a través de la Secretaría de Economía, comunicó a la Oficina del Representante Comercial de los Estados Unidos la admisión de la solicitud de revisión recibida el 31 de mayo, respecto a una supuesta denegación de derechos de libertad de negociación colectiva en la instalación de Draxton México.

Destacó que la solicitud de revisión “presume el supuesto despido de un dirigente sindical; actos de injerencia patronal en las actividades sindicales tendientes a apoyar, controlar y demostrar favoritismo hacia el sindicato titular del contrato colectivo; actos de intimidación, hostigamiento, amenazas y vigilancia en contra de personas trabajadoras en razón de su preferencia sindical; así como la omisión por parte de la empresa de entregar a las personas trabajadoras un ejemplar del contrato colectivo de trabajo tras su revisión en marzo de 2022”.

A partir de la admisión de esta solicitud, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social cuenta con un plazo de 36 días para conducir una investigación interna y determinar la existencia o no de una denegación de derechos a la libertad de asociación y negociación colectiva en la empresa.

“El Gobierno de México reitera su compromiso para aplicar en forma efectiva la legislación laboral, así como las disposiciones en la materia establecidas en el T-MEC, garantizando con ello el cumplimiento y protección de los derechos colectivos de las personas trabajadoras del país”, dijeron las secretarías de Economía y del Trabajo en un comunicado.

El otro caso pendiente, es el de la empresa Goodyear, del cual, la secretaria de Trabajo, Luisa Maria Alcalde comentó que se está investigando, “como todas las otras quejas internacionales, como ustedes saben, hay un plazo donde, lo que hacemos es entrevistarnos tanto con las empresas, como con los propios trabajadores. Todo el material y documentación necesaria para poder después establecer si se considera o no que hubo una probable violación de los derechos laborales. Todavía no tenemos un resultado, lo daremos más adelante, pero lo estamos investigando”.

Es importante resaltar que en este caso esta solicitud de revisión identifica presuntas violaciones a derechos colectivos por la negativa de la empresa de aplicar los términos más beneficiosos del Contrato Ley existente en la industria del hule; la supuesta desinformación por parte de la empresa y el sindicato que anteriormente ostentaba el contrato colectivo de trabajo respecto a la existencia de un Contrato Ley.

También aborda la omisión de sancionar a los responsables de interferir u obstruir la consulta de legitimación del CCT realizada el pasado 23 de abril.

pilar.martinez@eleconomista.mx

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Pilar Martínez es reportera de Empresas y Negocios.

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