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No partidizar CFC: Pérez Motta
La propuesta de Manlio Fabio Beltrones podría derivar en que los partidos se repartan los nombramientos de los comisionados.
Eduardo Pérez Motta, presidente de la Comisión Federal de Competencia (CFC), advirtió al Senado que con la iniciativa para reformar la Ley de Competencia que presentó el legislador Manlio Fabio Beltrones se corre el riesgo de que el organismo antimonopolio se convierta en un instrumento político de grupos de intereses.
Hay una propuesta en el Senado de la República que lo que busca es borrón y cuenta nueva, quitar a los comisionados (de la CFC) y volverlos a nombrar otra vez, eso puede dar lugar a la repartición política, que los cinco comisionados sean un reparto entre los partidos políticos y eso no es conveniente, la CFC es un órgano técnico, no político , sentenció el zar antimonopolios.
En el marco del Foro Competencia Económica: Reformas a la Ley Federal de Competencia Económica, comisionados del sector de Estados Unidos y México, economistas y abogados, coincidieron en que la minuta en la materia aprobada por los diputados va encaminada a alinearse con las mejores prácticas internacionales, por lo que sería regresivo si se atenta contra la competencia.
William Kovacic, comisionado de la Comisión Federal de Competencia de EU, dijo que el nombramiento de los comisionados cada 10 años, como actualmente sucede, genera que el organismo opere eficientemente y con independencia, por lo que es suficiente la propuesta de mayor transparencia y abrir los debates al público, sin necesidad de modificar el diseño institucional.
Víctor Frías, consultor de Casares Castelazo, dijo que una de las herramientas importantes en la propuesta de reforma a la ley de competencia del Ejecutivo son endurecer las sanciones económicas y penales; sin embargo, de nada servirá si la CFC no cuenta con un mayor presupuesto anual para realizar más investigaciones.
Por su parte, Alí Haddou, secretario ejecutivo de la CFC, abundó que de aprobarse la minuta sobre las reformas a la ley de competencia en el Senado, provocará que el monto por multas no cobradas descienda por el poder disuasivo, el cual oscila en los 1,000 millones de pesos y 64% de ese universo se encuentra en recurso de amparo o en la Corte.
lgonzalez@eleconomista.com.mx